Capturan y juzgan en EU a proveedor de la Sedena
El empresario mexicano José Susumo Azano fue acusado formalmente ayer, 20 de febrero, de canalizar de manera ilegal más de 500 mil dólares en apoyo a políticos de San Diego, parte de un creciente escándalo de financiamiento de campañas.
Azano, de 48 años, se declaró inocente en un tribunal federal de San Diego, California, de ser un extranjero que proporcionó contribuciones de campaña.
Los fiscales afirman que Azano y varias personas más hicieron donativos ilegales a comisiones independientes que respaldaban a cuatro candidatos para alcaldías y el Congreso en 2012 y 2013.
[contextly_sidebar id=”dc7bf40b522c1e3cccef198ce89d32f0″]Azano, quien fue detenido el miércoles 19 de febrero, dirige el Grupo Azano SA, un conglomerado de compañías de construcción y seguridad afincado en la ciudad de Guadalajara, en México. Vende equipo de vigilancia a gobiernos en diversas partes del mundo.
En México, se le identifica como el principal contratista del Ejército en el sexenio pasado y se le investiga por haber lavado 33 millones de pesos.
El mes pasado, el FBI allanó dos viviendas vinculadas a Azano en el suburbio exclusivo de Coronado después que se revelaron los primeros cargos penales en la pesquisa.
La esposa y los hijos de Azano son ciudadanos estadounidenses. Él estaba en el país con una visa de corto plazo que el Departamento de Estado revocará, quizá en cuestión de días, dijo el vicefiscal federal Timothy Perry.
La fianza de Azano se fijó en cinco millones de dólares y se le ordenó confinarse en una casa de la zona metropolitana de San Diego, usar un dispositivo de localización y entregar sus documentos de viaje.
Los cargos interpuestos el mes pasado no describen un motivo para las supuestas donaciones, pero Perry dijo en una audiencia de fianza de uno de los acusados que el empresario quería construir en San Diego y convertir su zona del centro ubicada frente al mar en la “Miami del oeste”.
Las denuncias presentadas el mes pasado describen una donación de 100 mil dólares para apoyar a un candidato a la alcaldía, una de 190 mil dólares para otro candidato a alcalde y 30 mil dólares para un candidato a un cargo federal.
Las denuncias también mencionan a un “donador testaferro” no identificado que presuntamente tomó un cheque del empresario por 380 mil dólares para canalizar las donaciones.
En el proceso estaban previamente inculpados Ernesto Encinas, quien se encargaba de la seguridad de Azano; Ravneet Singh y su empresa de servicios para campañas ElectionMall Inc. (con sede en Washington), y Marco Polo Cortés, un cabildero de San Diego.
San Diego, la octava ciudad más grande de Estados Unidos, es hogar de muchos mexicanos adinerados que cruzan diariamente la frontera por Tijuana. Otros, como Azano, tienen inmuebles en las costas de Coronado o La Jolla.
*AP
