El Programa Nacional de Prevención del Delito excluyó a los municipios de Michoacán donde han surgido los grupos de autodefensas contra el cártel de Los Caballeros Templarios. Con excepción de Morelia y Uruapan, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no consideró a esta zona para ser beneficiada por una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos de inversión en proyectos rescate social.
[contextly_sidebar id=”8f2e163014f959308fec87006fb64ea7″]Ayer, 30 de enero, la organización México Evalúa presentó su estudio “Prevención del delito en México: ¿dónde quedó la evidencia?”, en el cual se advierten las inconsistencias en el diseño del programa federal. A la presentación acudió el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa.
El académico Carlos Vilalta, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), destacó que en la selección de ciudades y municipios prioritarios para invertir los recursos del programa, nunca se incluyó a los municipios de la zona de “Tierra Caliente”, Michoacán, donde las autodefensas han tomado el control para combatir al grupo del crimen organizado.
Campa admitió que los poblados de la zona en conflicto no están dentro del Programa, pero anunció que se pondrá en marcha un programa en particular para atender a 29 municipios, con un fondo de 250 millones. Este programa se sumará a la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que invertirá 3 mil millones de pesos en programas educativos, sociales y de salud.
“Hemos venido trabajando con diversas Secretarías para que tengamos un programa integral, en donde el trabajo reconozca las condiciones de las distintas regiones y problemáticas que tenemos en Michoacán, y que sea un programa que pueda cambiar las condiciones en esa zona”, explicó Campa.
“Cuando uno revisa factores de riesgo en Michoacán, se encuentran rezagos muy importantes en términos de deserción escolar -el porcentaje de jóvenes y niños es muy alto-, y el porcentaje de hogares encabezados por la figura femenina también es alto, vinculado éste al fenómeno migratorio, y también el embarazo adolescente está por encima de la media nacional”.
Campa justificó la exclusión de los municipios de Michoacán del Programa, debido a que el fenómeno de las autodefensas rebasó lo que se cataloga como factores de riesgo.
Durante la presentación del estudio de México Evalúa, la activista María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, señaló que es necesario tener claro si son efectivos los programas de inversión en los 57 municipios y ciudades seleccionados por el Programa de prevención del delito, de lo contrario no tendría sentido seguir financiándolos.
La directora de México Evalúa, Edna Jaime, enlistó las deficiencias del programa: en la mayoría de los casos no hay diagnósticos, no se justifica la selección de las poblaciones, los objetivos no son claros, no hay indicadores para medir resultados y las metas son difusas.
“La distribución de los recursos se realizó con base en dos factores que nada tienen que ver con el objetivo citado: la proporción de población y la proporción de homicidios. El otorgamiento de los fondos no está vinculado a un diagnóstico previo sobre los factores de riesgo, ni a las características que debe atender un programa de prevención. Tampoco se toman en cuenta las diversas formas de violencia y delitos. Por el contrario, la distribución de recursos sólo parece atender a un tipo muy particular, el homicidio”, plantea el análisis.