Defensa de Edgar Tamayo demanda a gobernador texano
A una semana de concretarse su pena, el equipo de abogados del mexicano condenado a muerte en Texas, Edgar Tamayo, interpuso una demanda ante cortes federales en contra del gobernador texano Rick Perry y la Junta de Perdones del estado, por violar el debido proceso.
Sandra Babcock, litigante del equipo y profesora en la Escuela de Derecho de “Northwestern University” dijo que la Junta de Perdones ha violado sus propias reglas al negarse repetidamente a proporcionar a la defensa del mexicano los argumentos y evidencias presentadas por el fiscal que se opone a otorgar clemencia a su cliente.
[contextly_sidebar id=”c64b69bd86fd490cf96e4049f93bbdf6″]Añadió que la defensa entregó una petición de clemencia a la Junta de Perdones el pasado 11 de diciembre, con el propósito de detener la ejecución de Tamayo, programada por inyección letal para el próximo miércoles 22 de enero. La petición parte de la promesa incumplida del gobernador y procurador texano, que en 2008 se comprometieron a revisar los casos de condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue ignorado. Hasta ahora la Junta no ha emitido un voto al respecto.
Asimismo, argumenta el retraso mental de su cliente, que de acuerdo a una ley emitida por la Suprema Corte de Justicia de aquel país en 2002, lo haría no elegible para ejecución.
De 46 años, Edgar ha pasado en prisión los últimos veinte tras haberse declarado culpable de asesinar el 31 de enero de 1994 al policía Guy P. Guddis. En ese tiempo, tanto el gobierno de México como organizaciones en defensa de los derechos humanos y organismos multilaterales, han argumentado que las violaciones al debido proceso en el caso merecen una revisión judicial que podría implicar una sentencia diferente a recibir la inyección letal.
Exigen revisar el caso
El 22 de diciembre pasado el canciller, José Antonio Meade, envió cartas al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de ese estado para solicitar el aplazamiento de la ejecución de Edgar o la conmutación de la sentencia.
El gobierno mexicano ha insistido en que está pendiente que se aplique el recurso de revisión que emitió la Corte Internacional de Justicia en 2004 por el caso Avena para evaluar si la violación a los derechos de notificación y acceso consular fue clave para que Edgar fuese sentenciado a la pena capital.
El gobernador de Morelos —de donde es originario Edgar—, Graco Ramírez, también ha escrito al gobierno de Texas. En un comunicado emitido el 7 de enero pasado, informó que recibió respuesta a su misiva, que decía que “no importa de dónde vienes —si usted comete un crimen despreciable de este tipo en Texas—, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima”.
Otros organismos se han sumado a la exigencia de las autoridades mexicanas de revisar el caso de Edgar Tamayo. Amnistía Internacional emitió en diciembre pasado una “acción urgente”, pero también lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misma Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo o la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Las autoridades federales de Estados Unidos también han intervenido. En septiembre pasado, el secretario de estado, John Kerry, envió una carta al gobernador texano para pedirle que no se estableciera una fecha de ejecución sin haber concretado la revisión del caso.
Según Kerry, el fallo de la Corte Internacional de Justicia es vinculante para Estados Unidos y el hecho de no acatarlo “podría impactar la forma en la que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.
El padre de Edgar, Héctor Tamayo Pedroza dijo que no hablaría con la prensa sobre el caso “por seguridad al proceso” de su hijo.
El hombre de 70 años y su esposa de 66 viajaron el pasado domingo 12 de enero a Texas junto con sus hijos Omar y Héctor para visitar a Edgar previo a la ejecución de la pena de muerte que se prevé realizar el próximo miércoles 22 de enero.
La familia viajó con el apoyó económico del gobierno de Morelos, que confirmó que será hasta el próximo 29 de enero cuando los Tamayo Arias regresen a México y en caso de que no haya cambios en la sentencia contra Edgar, puedan volver con sus restos.
Con información de Milenio.
