En este año, en el Congreso se legislaron cambios constitucionales en temas de energía, política, educación, telecomunicaciones y justicia. Sin embargo, la mayoría de las modificaciones no logró completar el proceso para ser una realidad.
[contextly_sidebar id=”0e858f4ce51bf510e9d55b6c35db0a91″]Ya sea por estar pendiente de aprobación en alguna de las cámaras, en los estados, o la falta de leyes reglamentarias; la mayor parte de lo legislado deberá esperar a 2014 para andar.
Éstas son las principales reformas discutidas en el Congreso durante el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto, en donde la mayoría de las iniciativas legisladas tuvo el sello del Pacto por México —firmado entre el PRI, PAN y PRD para dar prioridad a las coincidencias y avanzar en una agenda común— que se rompió en noviembre con la discusión de la reforma energética.
Reforma Energética
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados y de Senadores, la reforma presentada en agosto pasado por el presidente Enrique Peña Nieto pasó el jueves 12 de diciembre con algunas modificaciones a los congresos locales tras un día de discusión en cada cámara. En menos de 72 horas, logró la aprobación de 16 congresos locales, los necesarios para su promulgación. Están pendientes las leyes secundarias que la harán operativa.
Modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para dar paso a contratos con particulares en la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, con lo que se pone fin al monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Reforma Política
El viernes 13 de diciembre la reforma político-electoral quedó aprobada por las dos cámaras tras largas discusiones tanto entre diputados como senadores. Ahora espera el aval de al menos 16 congresos locales para ser constitucional.
Esta reforma avala la reelección de senadores, diputados y alcaldes, también suple al Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional Electoral (INE) —que coordinará junto con los órganos electorales locales los comicios estatales—, convierte a la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General y le otorga autonomía constitucional a partir de 2018 y marca —también dese ese año— el 1 de octubre como el día para la toma de protesta del presidente.
Reforma Educativa
De todo lo legislado, esta reforma a los artículos 3 y 73 es la que más avanzó. Además de su aprobación en el Congreso durante diciembre de 2012, la reforma fue avalada por la mayoría de los estados y pese a las protestas en contra encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se legisló y votó para dar paso a las leyes reglamentarias que otorgan autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), da pie a un censo de escuelas, alumnos y profesores y marca las evaluaciones de docentes como la condición para el ingreso, permanencia y ascenso en el sistema educativo.
Reforma de telecomunicaciones
El 9 de diciembre pasado venció el plazo de 180 días para que, una vez promulgada la reforma en telecomunicaciones, el poder legislativo discutiera y aprobara las leyes reglamentarias.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no cuenta con marco legal para actuar, pues son necesarias modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley de Vías generales de comunicación o a la Ley Federal de Derecho de Autor.
Peña Nieto promulgó la ley en junio pasado augurando que con ésta los servicios en México se darían en condiciones de competencia y con la más alta calidad.
Reforma financiera
Esta reforma modifica 34 leyes y tras ser aprobada en septiembre en la Cámara de Diputados, el Senado la aprobó el 26 de noviembre pasado. Ahora está en manos del Ejecutivo su promulgación.
El objetivo de la legislación es que la banca privada aumente la entrega de créditos y préstamos a los mexicanos, aunque para ello, la reforma crea un catálogo de medidas para evitar la evasión y la morosidad.
También será necesario expedir la ley para Regular las Agrupaciones Financieras y modificar la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieron (Condusef).
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá apoyar a la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda y al Ministerio Público en la indagatoria sobre posible lavado de dinero.
Reforma al IFAI
En noviembre pasado, senadores y diputados aprobaron la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que establece que la información de cualquier autoridad federal, estatal y municipal, entidad, órgano, fideicomiso, fondo público de gobierno y sindicato que ejerce recursos públicos debe ser pública.
Esta fue una de las primeras iniciativas que el grupo parlamentario del PRI y del PVEM impulsaron en el Congreso tras la elección de Peña Nieto como presidente de México, pero el tema de los sindicatos fue una razón que frenó la discusión.
La información que podrá ser reservada temporalmente es la que concierne a intereses de seguridad nacional. La reforma también prevé la renovación del total de los integrantes del IFAI.
Hace falta que sea votada y aprobada en la mayoría de los congresos locales.
Reforma hacendaria
Un día antes de la fecha límite para avalar la Ley de Ingresos, los senadores aprobaron la reforma hacendaria que días antes había sido discutida y avalada por los diputados.
Del documento que entregó el Ejecutivo, los legisladores aprobaron imponer el IVA al transporte foráneo, a la compra de mascotas, al alimento para éstas e igualar ese impuesto en las zonas fronterizas, para pasar del 11 al 16%.
También se aprobó incrementar un impuesto a la llamada comida chatarra y bebidas azucaradas y se eliminará el IETU y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).
Reforma anticorrupción
Horas antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la creación de un nuevo órgano de combate a la corrupción, una iniciativa que llevaba más de un año de discusión entre los legisladores.
Pese a que el Senado sacó esta iniciativa de último momento, para que la Comisión Anticorrupción sea una realidad deberá pasar por la cámara de Diputados, que podrá discutir hasta febrero próximo que éste órgano tenga autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar sólo por la vía administrativa a los servidores públicos y ciudadanos que cometan actos de corrupción.
Reforma política del Distrito Federal
La Cámara de Diputados dio por terminado el periodo ordinario de sesiones sin haber discutido la reforma política del Distrito Federal, lo que provocó reclamos de los senadores del PAN y del PRD que dijeron que había un acuerdo para sacar adelante esta iniciativa.
Sin embargo, en el senado también se dio por terminado el periodo ordinario sin la discusión de esta iniciativa que busca que el Distrito Federal se convierta en el estado 32 del país.
La discusión podrá retomarse hasta febrero próximo.
Ley de consulta ciudadana
Ante la exigencia del PRD —que condicionó la discusión de la reforma energética al avance de la Ley de consulta ciudadana—, el 10 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados se dio paso a esta iniciativa que establece que se podrán realizar consultas ciudadanas vinculatorias siempre y cuando se cuente con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal de electores.
Sin embargo, en el Senado, diferencias entre legisladores provocaron que la ley no fuera discutida, por lo que también quedó pendiente para el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero.
Ley de derecho de réplica
Los diputados alcanzaron a aprobar la legislación sobre el derecho de réplica porque la condicionaron a la votación de la consulta ciudadana, que el PRD puso como requisito para que avanzara la reforma energética.
Todo ocurrió en la última semana del periodo ordinario de sesiones, pero quedó pendiente en el Senado de la República.
Esta ley reglamentaria del artículo 6 constitucional, obliga a medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes, a publicar la réplica de personas que se sientan agraviadas por información publicada o que consideren que son datos falsos. Este derecho no aplica en caso de que la información vertida sea a través de un funcionario del gobierno federal.
Código de Procedimientos Penales
El Senado aprobó en diciembre el Código de Procedimientos Penales que entre otras cosas, prohíbe que medios de comunicación exhiban a personas probables responsables de un delito y establece que el proceso sea acusatorio y oral.
Cinco días antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, los Diputados recibieron la minuta, pero no hubo discusión.