Al menos durante los últimos ocho años, el Gobierno federal ha gastado más presupuesto del que le fue autorizado por la Cámara de Diputados. La cifra no es menor: un promedio de 310 mil millones anuales en el periodo 2005-2012, sin que se rindan cuentas de cuál fue su destino, señalaron Edna Jaime y Mariana Campos, directora e investigadora de la organización México Evalúa.
Al presentar el estudio “La caja negra”, el cual busca analizar cómo se usa el presupuesto federal, las investigadoras explicaron que México es un caso especial entre países de la OCDE, pues el Ejecutivo puede cambiar el presupuesto sin autorización del Congreso.
[contextly_sidebar id=”28176ff9999139a8a3447758db8e2ade”]Ante el inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, Campos y Jaime hicieron un llamado a la Cámara y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se incorporen medidas de transparencia y rendición de cuentas que contrarresten la flexibilidad con que el Ejecutivo puede modifica el gasto autorizado por el Legislativo.
“Faltan muchas reglas de control. El Gobierno no sólo ha gastado de más sino que no está claro el origen y destino de esos recursos, además que ha tenido también ingresos excedentes que no son sujetos a control. Falta un mayor contrapeso por parte del Legislativo porque una vez autorizado el presupuesto, el Ejecutivo corta y agrega a su gusto”, explicó Campos.
El gasto rebasado entre 2005 y 2012 representa un total de 2.5 billones de pesos. “A este ritmo, en una década se estará gastando de más el equivalente a un presupuesto anual”, agregó la especialista.
La mayoría del gasto modificado, agregó Campos, se destina a Ramos Generales sin que se especifique cuál será su uso.
El estudio muestra que, en promedio, los presupuesto se ampliaron hasta en 60 ciento y se recortaron en 16 por ciento, pero esto no se explica en los reportes trimestrales de Hacienda.
A la par, el análisis de México Evalúa muestra que cada año el Gobierno federal obtuvo ingresos adicionales por 249 mil millones de pesos, que equivale a 2 billones de pesos en el mismo periodo analizado. La mayoría de estos recursos no tienen origen petrolero ni tributario sino que son, por ejemplo, por pago derechos como concesiones o pago de pasaportes ante la Cancillería, entre otros.
“Necesitamos mayores controles en el presupuesto. Algunos países, por ejemplo, lo someten a un cuerpo colegiado externo. Además la Auditoría Superior de la Federación actúa con mocha posteridad, pues tarda 14 meses en analizar la cuenta pública, cuando en otros países es de seis meses”, explicó Campos.
Jaime y Campos señalaron que ya han hecho llegar estas observaciones a Hacienda. Entre algunas de las recomendaciones hechas figuran que en los reportes trimestrales se expliquen las modificaciones al presupuesto aprobado, se detalle cuáles han sido los excedentes y se detalle su origen y uso a través de fórmulas metodológicas, y que se transparenten los procesos de gasto o proyectos de inversión.