En 2013, van 94 quejas por protestas: CDHDF
Entre enero y octubre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 94 quejas relacionadas con las distintas manifestaciones políticas realizadas en la capital del país, 70 de ellas por presuntas violaciones a los derechos de reunión y libertad de expresión, y otras 24 por afectaciones al derecho a la circulación y a la residencia, razón por la cual, la nueva presidenta del organismo, Perla Gómez, anunció que han emprendido un estudio técnico orientado a abonar en la discusión pública sobre la regulación de las protestas en la capital del país, cuyos resultados se presentarán “dentro de cuatro semanas”, y que, prometió, buscará brindar pautas para asegurar “la mayor protección y la menor restricción” de su ejercicio.
Sin ser una recomendación tradicional, dirigida contra alguna autoridad, la titular de la CDHDF informó que esta “opinión técnica” sobre el derecho a la manifestación representará una nueva forma en la que el organismo a su cargo incidirá en el debate público, “en temas que así lo requieran”, con el objetivo de “aportar elementos de análisis” no sólo en asuntos polémicos, sino también en aquellos que, en el contexto de los derechos humanos en la Ciudad de México, han quedado “invisibilizados”.
La opinión técnica que se elabora, tomando como base en estándares aplicados en otros países, tomará en cuenta la opinión de todos los actores que “han emitido una postura al respecto, aunque, aclaró, esto no implica que los grupos civiles involucrados en el debate sobre la libre manifestación vayan a ser directamente consultados.
[contextly_sidebar id=”c570ab60f5ff4a049737a8b5cf2703a5”]El “reto de esta Comisión”, señaló la doctora Gómez, será determinar si las leyes internacionales en materia de derechos humanos permiten regular el derecho de reunión y el de manifestación pública y, en caso de que así sea, definir “cuáles son los ámbitos en que esto es posible”, es decir, si es posible regular lo que toca a la actuación de los sujetos que se manifiestan, el de las autoridades, o el uso del espacio público.
La ombudsman capitalina subrayó que “la CDHDF está en contra de cualquier acto de autoridad que criminalice la protesta social”, y que el estudio técnico que se anunció buscará únicamente aportar elementos de análisis, con el objetivo último de “armonizar” el derecho de manifestación, con el de circulación y residencia.
En la Ciudad de México, se destacó, sólo entre 2010 y 2012, cerca de 7 millones de personas participaron en concentraciones públicas, lo mismo políticas que religiosas, culturales o de protesta, por lo que, “el ejercicio del derecho a la movilidad, a la circulación o, incluso, el derecho al trabajo pueden verse limitados de facto por la realización de movilizaciones, de cualquier tipo”, según el protocolo de investigación que aplicará la CDHDF en su estudio técnico.
Cabe destacar que, según las estadísticas presentadas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, de las 11 mil 346 concentraciones públicas realizadas entre 2010 y 2012, el 64% no se vinculaban con problemáticas locales, sino con cuestiones del ámbito federal.
Defensa de la designación
Al cumplir ocho días en el cargo, la nueva ombdusman aprovechó también para defender su designación y, ante las críticas e incluso impugnaciones legales, destacó que su nombramiento al frente de este organismo autónomo se dio en un proceso “complejo” pero público y apegado a la legalidad.
Además, a los distintos grupos civiles que emitieron opiniones en favor o en contra de su candidatura, les prometió dar continuidad a las agendas que venían trabajando con la CDHDF, y subrayó que procederá de forma “institucional, ya que esto no se trata de afinidades o desencuentros”.
De hecho, la nueva ombudsman capitalina informó que el martes de esta semana se reunió con organizaciones de la sociedad civil, sin especificar con cuáles, salvo en el caso del “grupo promotor” de su designación, para conocer su opinión en torno al proceso de nombramiento, y para discutir “las agendas de trabajo de la sociedad civil”.
Gómez informó por último que se ha acercado ya con el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF, para transparentar la información relacionada con la operación de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. No obstante, al preguntarle si respaldaba la propuesta de hacer públicas las calificaciones que obtuvieron cada uno de los candidatos al cargo, descartó suscribir dicho planteamiento.
