¿Qué <i>diablos</i> hace un cabildero? Acá te lo decimos
[contextly_sidebar id=”83fe85ccf458d640440e9653a141cf27″]Cada fin de año, durante la negociación del Paquete Económico y especialmente de la Miscelánea Fiscal en la que se definen los impuestos, derechos y tarifas que se aplicarán en el siguiente ejercicio, las instalaciones de la Cámara de Diputados son invadidas por un ejército de personas ajenas al Congreso. “Llegamos a ser hasta tres mil”, calcula una de ellas.
Se trata de hombres vestidos de traje y mujeres perfectamente arregladas, generalmente jóvenes en ambos casos, con iPad y teléfono inteligente en mano.
Llevan consigo documentos impresos y gráficas, van de una oficina a otra, dialogan con los legisladores, les entregan información, actualizan los datos, no dejan de hablar por teléfono. Argumentan, discuten, tratan de convencer.
Se trata de los cabilderos. Fernando Dworak, estudioso del proceso legislativo, se refiere a ellos como “los diversos grupos de interés que buscan influir en la toma de decisiones” y que no necesariamente pertenecen a la iniciativa privada pues también los hay en los tres niveles de gobierno, sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales.
Esta actividad siempre ha sido objeto de sospecha, asociándola a formas de corrupción o influencias indebidas por parte de grupos particulares de interés con poder económico, político u organizativo.
Nora Cariño, quien desde hace 15 años se dedica a esta actividad y es fundadora de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo A.C. (PROCAB), subraya que quienes los satanizan, lo hacen por desconocimiento.
La representante de los intereses del Grupo Salinas agrega que los cabilderos “acumulan información útil y la canalizan de forma adecuada a senadores y diputados que son los que votan las iniciativas y toman las decisiones”.
Los orígenes del cabildeo en México
Las primeras manifestaciones de esta actividad en México se dieron al final de la presidencia de Luis Echeverría con la creación del Consejo Coordinador Empresarial en 1976 y se reforzaron en “la era de los pactos” que inició Miguel de la Madrid en 1988.
Sin embargo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue el que más se apoyó en ella para promover la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Despachos cabildearon la iniciativa en el Capitolio y en la Casa Blanca, así como en territorio nacional para desactivar las resistencias de grupos económicos que se decían afectados.
Sin embargo, no fue sino hasta 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el momento en el que la actividad tuvo un gran repunte. Ex legisladores de ese partido vieron una oportunidad de negocio y conformaron despachos con abogados, economistas y politólogos.
Uno de ellos es Gustavo Almaraz Montaño, ex senador por Baja California, quien en 1996 fundó el Grupo Estrategia Política S.C. Otro caso es el de Marco Antonio Michel, quien fue diputado federal en la LVI Legislatura, y creó la consultoría Políticas Públicas y Asesoría Legislativa S.C.
La PROCAB, fundada en mayo del año 2000, reúne actualmente a 23 organizaciones, agencias y empresas registradas; además de que existen otros 40 despachos que trabajan fuera de la organización.
Estos despachos ofrecen distintos tipos de servicios de información y análisis. Los más simples corresponden al monitoreo y seguimiento de un cliente específico en la prensa.
Lo siguiente es el diseño de una estrategia para posicionar un determinado tema en la opinión pública y, finalmente, la instrumentación de una campaña.
El costo mínimo es de unos 150 mil pesos al mes hasta un millón de pesos por proyecto, lo que incluye la operación para impulsar la aprobación o frenar alguna ley en el Congreso, con un equipo de trabajo de hasta 20 personas
El cabildeo en el ojo del huracán
El 26 de octubre de 2005, el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Toscano, denunció que un grupo de legisladores federales viajaron a Brasil, Hungría, Madrid y Barcelona, con todos los gastos pagados y a invitación de la British American Tobacco y de Philip Morris, para disfrutar de carreras de la Fórmula 1.
Esto para que en la Miscelánea Fiscal del 2006 no se aprobara un impuesto a los cigarros. La acusación destapó la cloaca y se hizo público que en junio de 2004, representantes de British American Tobacco y de Philip Morris firmaron un convenio con el gobierno mexicano.
En él se comprometían a entregar un peso de sus ganancias por cada cajetilla vendida, recursos que se destinarían al Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. A cambio, el gobierno de Vicente Fox publicó un decreto que hacía deducibles esas aportaciones en el pago del IVA y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pero no todos los cabildeos implican alianzas cuestionables. Nora Cariño recuerda un caso: entre 2009 y 2010, la sociedad civil organizada, las cámaras empresariales, la Profeco, la Condusef o la Cofetel y las propias agencias de cabildeo, se unieron para impulsar reformas al artículo 17 constitucional.
El objetivo: permitir que los consumidores pudieran agruparse y presentar demandas colectivas ante los abusos o acciones injustas de monopolios, bancos o instituciones financieras, fraudes de empresas o leyes que los afectaran.
La regulación del cabildeo
Los primeros esfuerzos para transparentar esta actividad datan de 2002. A partir de entonces y hasta septiembre de 2010, se presentaron otras 12 iniciativas en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado de la República.
Paralelamente, ambas cámaras hicieron sus propios esfuerzos para darle un marco legal a esta práctica. El 15 de septiembre de 2010 entró en vigor el Reglamento del Senado de la República que la regula en sus artículos 298 y 299.
En enero de 2011, la Cámara Baja ordenó la creación de un registro público controlado por la Mesa Directiva al inicio de cada Legislatura. El más reciente incluye a 564 cabilderos de 81 empresas y agrupaciones de diversos tipos, y a 112 personas físicas.
A raíz del actual escándalo que involucra a la consultora PriceWaterhouseCoopers, que ofreció sus servicios para modificar la propuesta de reforma fiscal (aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados), en San Lázaro se modificó apenas el pasado martes el Reglamento Interno para regular la labor de los cabilderos y prohibir que los legisladores reciban “dádivas” en especie o efectivo.
Ante los señalamientos de que tales reglamentos son insuficientes y de que se requiere una ley de carácter general, Nora Cariño asegura que los actos de deshonestidad en los que puedan incurrir los cabilderos ya están sancionados por el Código Penal.
“La compra de voluntades no es cabildeo. Es un delito y está tipificado como cohecho, extorsión o soborno”, tras subrayar que a pesar de los escándalos en torno a esta actividad, como el desatado por Miguel Ángel Toscano, “no hay una sola denuncia presentada ante la autoridad que demuestre conducta ilícita alguna”.
Cabe destacar que en nuestro continente, seis países tienen leyes que regulan el cabildeo: Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Mientras que en la Unión Europea, sólo cuatro cuentan con normas para esa actividad: Alemania, Dinamarca, Francia y el Reino Unido.
