Documentan 25 casos de mujeres criminalizadas por intento de aborto
“Yo lo único que sé es que soy inocente”, dice Hilda López de la Cruz sonriente en la conferencia de prensa donde anuncia con orgullo que el Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí revocó la sentencia que la encontró culpable del delito de aborto.
Tras cuatro años de lucha en los que Hilda fue llevada a prisión en dos ocasiones, la joven de 22 años aguanta el llanto mientras cuenta que esa instancia de justicia la absolvió el 23 de agosto pasado porque no había pruebas en su contra que confirmaran que cometió el delito de aborto, sólo las acusaciones del personal médico que la atendió por una hemorragia en 2009 y la criminalización de la que fue víctima.
El caso de Hilda no es un hecho aislado. Su defensa, a cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo califica como una batalla ganada de muchas otras pendientes en las que las mujeres son acusadas del delito de aborto, criminalizadas y enviadas a prisión por solicitar atención médica cuando tienen un aborto espontáneo o complicaciones en su embarazo.
En el reporte Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México esta organización civil denuncia que ha estudiado otros 25 casos de criminalización por aborto que se dieron de junio de 2011 a enero de este año.
Según GIRE, los casos de las mujeres que son sujetas a proceso penal por estas circunstancias tienen características en común: la mayoría tiene muy pocos recursos (financieros y de información), el personal hospitalario -enfermeras, médicos o trabajadoras sociales- es quien da parte al Ministerio Público en violación de la confidencialidad médico-paciente, y que no se les informan los cargos en su contra.
Además, son presionadas por los médicos y la policía para hacer confesiones (en algunos casos como condición para recibir tratamiento médico, o mientras todavía se encuentran bajo los efectos de la anestesia) y son maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías.
Las entidades en las que actualmente hay mujeres sujetas a proceso penal por la acusación del personal médico son Baja California, Hidalgo, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
“No había pruebas en mi contra”. El caso de Hilda.
Ésta es la primera vez que Hilda habla en público sobre las dificultades que vivió por solicitar atención médica en un embarazo de seis semanas que se le complicó.
En 2009 Hilda se sintió mal. Tenía dolores en el vientre y un fuerte sangrado, por lo que fue al Hospital Básico de Tamuin.
“Resulta que cuando llego la doctora que me atiende me hace muchas preguntas y me dice que si no le contesto no me va a atender”, cuenta Hilda a los medios de comunicación.
Ya con la información, “la doctora me dice ´van a traer a la trabajadora social, tenemos que dar parte al MP porque esto es un delito´”.
Hilda dice que los medios de comunicación la tacharon de una mala madre, “decían que no quería a mi hijo. En 2012 nuevamente me detienen y los medios de comunicación dicen que porque soy una asesina. Pero entonces no tuve miedo, yo con firmeza le dije (a su abogada) ´¿sabe qué? Pues vamos adelante, vamos a echarle ganas. Ellos (el Tribunal) me absolvieron, no había pruebas en mi contra, mi confesión no bastaba para condenarme y aquí estoy”.
El Tribunal tomó en cuenta los argumentos de GIRE basados en que la única prueba para sentenciar a la joven era una confesión que se obtuvo bajo tortura e intimidación.
Se le dibuja una pequeña sonrisa. Dice que ahora que todo esto llegó a su fin le gustaría dedicarse a su familia, a su hija de dos años y quizá volver a estudiar.
María de la Luz, un caso en Hidalgo
María de la Luz llegó con un sangrado a la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tizayuca, Hidalgo, el 27 de febrero de 2012.
Fue dada de alta cuatro días después para ser trasladada al penal de esa región acusada de tentativa de homicidio.
“Fue un sangrado involuntario, quizá un intento de aborto pero involuntario y que la tachen a uno de asesina por eso es desgastante, es hacer sufrir a toda una familia. Yo quería a mi bebé y la muestra de ello es que aquí lo tengo junto a mí, y en ese momento tenía las pruebas de que había llevado todo el control prenatal, los cuidados, pero me tacharon de asesina”, dice en entrevista.
En abril pasado, María de la Luz fue absuelta del cargo por falta de pruebas, sin embargo, el ministerio público apeló la resolución.
El Distrito Federal, también con casos
En el informe Omisión e Indiferencia GIRE documenta el caso de Teresa -un nombre falso para cuidar su identidad-, quien a sus 19 años fue atendida por una hemorragia en su domicilio por paramédicos y después trasladada a un hospital del IMSS, donde permaneció custodiada por la policía ministerial porque el MP había iniciado una investigación en su contra por tentativa de aborto tras la semana 12 de embarazo. Aunque no fue acusada ante un juez, la investigación sigue abierta.
El caso de Teresa ocurrió en el Distrito Federal, la única entidad del país en la que existe la causal de aborto por voluntad de la mujer, pero sólo hasta la semana 12 de embarazo.
El aborto, un delito del fuero común
La interrupción del embarazo es un delito del fuero común, por lo que las causales para permitirla dependen de las legislaciones locales.
La violación sexual es la única causa legal de aborto que se repite en todas las entidades federativas, aunque su permisión varía según diversas circunstancias que dependen de las procuradurías estatales.
En 25 legislaciones locales se permite el aborto por peligro de muerte de la madre; en 14 por malformaciones del producto; en 13 por graves daños a la salud de la mujer; en 11 por inseminación artificial forzosa; y en una por causas económicas, cuando se tenga al menos tres hijos.
