“Hemos descuidado toda nuestra vida, estamos atrincherados”: comuneros de Michoacán

“Estamos olvidados, todo ha cambiado, la vida ya no es la vida que antes era”, dice una mujer al referirse a la situación de su comunidad en el municipio de Los Reyes, Michoacán, en donde desde este año se formó un grupo de guardias que se definen como “cuidadores sin armas”.

“No sabemos a quién recurrir ni quién nos va a poder ayudar, estamos siendo olvidados en un lugar que también es México (…) necesitamos ser escuchados para que el gobierno atienda lo que le corresponde hacer, su trabajo. Antes era un orgullo decir que Michoacán era bonito, ahora es una vergüenza, es un miedo y no hay quien pueda atenderlo”, dice la mujer en una conferencia de prensa en la que junto con otros seis hombres de ese municipio exigen seguridad para regresar a su vida cotidiana.

Este grupo de comuneros cuenta que dejaron sus parcelas de maíz y aguacate —la mayor de apenas tres hectáreas— para formar un “grupo de cuidado” en el que no utilizan armas, sólo vigilan que nadie ajeno a las comunidades de Cherato, Cheratillo, Dieciocho de marzo y Oruscato se acerque al área.

En estas comunidades del municipio de Los Reyes con aproximadamente 5 mil pobladores en total, un grupo de 10 mujeres por cada comunidad se hace cargo de alimentar a su pueblo con los pocos recursos que logran acumular en diferentes jornadas de recolección.

Ya se levantó un área comunal donde las mujeres rodean un horno de piedra que utilizan para cocer habas, lentejas y utilizar algo del maíz que les queda de anteriores cosechas.

Los comuneros relatan que el año pasado, antes de que decidieran organizarse para “protegerse”, debían pagar al crimen organizado una cuota de 2 mil pesos por hectárea o parcela. Para evitar represalias, rechazan identificar al grupo criminal que los extorsionaba, “nosotros les llamamos los malos, no podríamos decir que es tal o cuál organización”.

El 22 de julio pasado, un grupo armado abrió fuego contra una protesta en la alcaldía de Los Reyes en la que los manifestantes se habían identificado como guardias comunitarios y se decían contra los Caballeros Templarios.

“(Del gobierno) no queremos un kilo de frijol, queremos seguridad, queremos justicia. Como ciudadanos estamos con la incertidumbre de si van a llegar por alguien por andar hablando, por andar levantando la voz. En esa situación estamos. En el estado de Michoacán ya es normal que amanezcan ejecutados (…) Y aún así las autoridades están indiferentes viendo como si no pasara nada. Tenemos derecho a exigir que tomen cartas en el asunto, que dejen a un lado los fines políticos, partidistas que tanto daño nos han hecho”, dice otro de los comuneros.

El grupo pidió a los medios de comunicación llevar hasta el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su exigencia de solucionar ya el clima de violencia y atender “la sed de justicia” de los michoacanos que no pueden trabajar porque se sienten inseguros y “están obligados a defender” a su gente.

Según este grupo de siete comuneros, la presencia de la policía federal en Michoacán no ha hecho la diferencia para que baje la violencia.

“Nosotros no creemos que la presencia masiva de los federales sea la solución. (Aún) con tanta presencia de la policía federal, a unas cuadras se mata (…) pero exigimos respuesta de la secretaría de Gobernación”.

El gobierno federal desplegó en mayo pasado un operativo en Michoacán, estado ubicado en el Pacífico mexicano, que cuenta con la participación de más 2 mil policías federales y militares. Al anunciarlo, Osorio Chong dijo que éste continuaría e incluso se fortalecería hasta que hubiera paz en la entidad.

Apenas el 1 de agosto pasado, el titular de Gobernación se reunió con el gobernador interino, Jesús Reyna, para negociar un “Acuerdo por Michoacán” en el que además de restablecer la seguridad, se acordaron políticas públicas para el desarrollo se la entidad.

Según Osorio Chong, el gobierno federal irá “municipio por municipio, comunidad por comunidad a devolver la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”.

Más recursos para Michoacán, pero no más policías

Microempresarios y representantes de la sociedad civil organizada de la entidad también pidieron al gobierno federal enviar más recursos al estado pero para impulsar al sector productivo y no enfocados exclusivamente en seguridad.

En otra conferencia de prensa, los empresarios dijeron que la “necesidad de trabajo” en la entidad aumentó desde que llegaron los policías federales.

“No tenemos con qué solventar los gastos necesarios para nuestros hijos, no tenemos nada que hacer en el estado porque no tenemos ninguna obra. Mi llamado sería para que el presidente de la República nos voltee a ver, somos gente de trabajo, somos gente que sabemos hacer las cosas, no nos dejen en el abandono”, dice Samuel Fernández, empresario de la construcción en la entidad y exvicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMCI) del estado, horas antes de que los comuneros se reunieran con la prensa.

Según el empresario, los obreros de ese ramo están “totalmente desolados” porque muchos días no tienen qué comer y tanto esa situación como la de los patrones mismos que no pueden darles más trabajo provoca que no haya recursos “para sustentar la estabilidad del estado”.

Miguel Urbina, representante de los prestadores de servicios, cuenta que la tendencia a la baja en la ocupación hotelera y en la certidumbre de la inversión se recrudeció tras el anuncio del operativo a cargo de las fuerzas federales en mayo pasado, porque se “estigmatizó” a la entidad como una zona insegura.

Restauranteros, ganaderos, agricultores y dueños de otros negocios en la entidad coinciden en que para que Michoacán tenga un “desarrollo sano se ocupa la paz”, pues con la violencia será imposible que vuelva la inversión.

“Ya queremos un basta a tanta violencia en Michoacán. Quienes estamos siendo afectados es la población en general, no es una guerra de nosotros, es una guerra que queremos que ya se le ponga un alto porque queremos el desarrollo de las comunidades indígenas en Michoacán (…) los que estamos quedando en medio somos la gente civil”, dice por su parte Alfredo Ruiz Soto, presidente del comisariado de la comunidad indígena de San Juan Nuevo.

Tito Fernández, presidente del Movimiento Paz y Dignidad por Michoacán, que agrupa a más de 40 asociaciones civiles y empresariales, asegura que los pequeños y medianos empresarios del estado no han sido consideraros por el gobierno federal en el llamado Acuerdo por Michoacán que se negocia desde este mes “sólo entre políticos”.

“Vemos con desánimo que Michoacán es sólo un laboratorio de políticas públicas de seguridad (…) para no descalificar ese pacto necesitamos que se nos escuche y se nos incluya en la toma de decisiones”.

Un ejemplo de cómo han fallado las políticas de seguridad pública en la entidad, explica el agricultor de aguacate Nicolás Aguilar, es que el año pasado tuvo que pagar una cuota o una “aportación de seguridad” para evitar pérdidas millonarias por robo.

Aguilar define ese pago como algo que se da “sin ganas”, pero explica que están obligados para poder trabajar en su “amado” Michoacán.

El agricultor y el resto de los empresarios michoacanos niegan tener algún tipo de simpatía o nexo con algún grupo criminal, también rechazan decir a qué agrupación le pagan esa “aportación” que va desde los mil pesos por hectárea para que se les provea seguridad y no ser víctimas del robo de sus productos.

En los últimos meses, las autoridades han reconocido diversos enfrentamientos entre fuerzas federales e integrantes de Los Caballeros Templarios.

Miembros de esa agrupación, también fueron responsables del asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, el más alto funcionario de la Marina que ha fallecido a manos del crimen organizado cuando fue emboscado en un camino rural de la entidad el pasado 28 de julio.

El último hecho de violencia que ha sido del dominio público en la entidad es el atentado contra una familia que se refugió en el municipio michoacano de Tuxpan de la violencia en el colindante Estado de México.

En la agresión fallecieron siete personas, entre ellos dos menores de edad y hay otros nueve heridos.

La exigencia de los comuneros y de los microempresarios es por un Michoacán seguro en donde puedan volver a su cotidianeidad, los dos grupos piden atención del gobierno federal para acabar con lo que llaman una crisis de seguridad y productividad.