Familias de desaparecidos levantan plantón de Segob
[contextly_sidebar id=”b70fcd1ce84b750e259fe2e78d9a0f88″]Durante la tarde del viernes 16 de agosto, las dos familias de jóvenes desaparecidos que mantenían tomada la avenida Bucareli, a la altura de la Secretaría de Gobernación, dieron por concluida su protesta y liberaron la vialidad –cerrada por 17 días–, luego de pactar con las autoridades federales el establecimiento de un esquema operativo para investigar el paradero de sus hijos, mismo que “puede convertirse en un modelo de búsqueda verdadera, para todos los casos de víctimas de desaparición forzada”, señaló Julia Alonso, una de las manifestantes.
El acuerdo firmado por PGR y Segob con las familias de Julio Alberto López Alonso y Héctor Rangel Ortiz –el primero desaparecido en Nuevo León, en 2008, y el segundo en Coahuila, en 2009–, establece la creación de un equipo de investigadores para cada caso, integrado por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Mientras los investigadores de la SEIDO, señala el acuerdo, se encargarán de investigar el delito de desaparición, así como de la identificación de los “perpetradores”, los de la Unidad Especial de Búsqueda se enfocarán en la localización de las víctimas, “y ninguna podrá aducir falta de recursos” como pretexto para no cumplir con las diligencias periciales requeridas.
Además, la Secretaría de Gobernación asumió el compromiso de gestionar un encuentro con los gobernadores y procuradores de Justicia de Nuevo León (para el caso de Julio), así como de Coahuila y Querétaro (para el caso de Héctor), en las que deberán rendir a las familias de ambos jóvenes un informe pormenorizado de las investigaciones realizadas a nivel estatal durante los últimos años, con el objetivo de identificar las irregularidades cometidos por autoridades locales y fincar responsabilidades.
Cabe recordar que, al menos en el caso de Héctor Rangel, se tiene identificados a distintos policías (municipales y estatales) implicados en la desaparición.
En ambos casos, además, la PGR emitió recompensas de 1.5 millones de pesos para quien proporcione información que permita dar con el paradero de Julio y Héctor –para lo cual debió sesionar, por primera vez en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el comité integrado con ese fin–, y cuya publicación se realizará a nivel nacional a través de medios impresos, y a nivel estatal por medio de anuncios espectaculares.
Asimismo, se acordó hacer llegar a todas las procuradurías estatales del país el perfil genético de ambos jóvenes, con el objetivo de que puedan contrastarlos con sus bases de datos de cuerpos no reconocidos.
Por último, destacó Brenda Rangel, hermana de Héctor, y quien representó a su familia en el plantón de Bucareli, está también la promesa, ésta expresada de forma verbal, “de ahora sí tener absoluto cuidado en los procedimientos que van a realizarse”, luego de que, por fallas en la integración de la averiguación previa elaborada a nivel estatal, la única persona detenida por la desaparición de su hermano fue liberada en Querétaro hace dos semanas, mediante el pago de una fianza de 10 mil pesos.
El próximo jueves, ambas familias fueron citadas en las oficinas centrales de la PGR, para que otorguen evalúen a los equipos especiales que, de obtener su aval, tomarán en sus manos la conducción de ambas investigaciones.
