Aumentan las detenciones por protestar en las calles: Artículo 19
Entre mayo y junio de este año, 12 ciudadanos fueron sancionados por ejercer su derecho a manifestarse, según el informe trimestral de agresiones a la libertad de expresión, hecho por la organización Artículo 19.
De un trimestre a otro en 2013, las agresiones a la libertad de expresión prácticamente se duplicaron, al pasar de 51 a 100. Si bien la lista de ataques se compone sobre todo de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, la represión a la protesta comienza a manifestarse con mayor frecuencia.
[contextly_sidebar id=”f3b227fa343c9f80cfe225d65db28e36″]Las sanciones a los manifestantes, dice Artículo 19, son un fenómeno que despierta preocupación, pues no se había manifestado tuvo un reporte significativo en este periodo.
Los 12 casos documentados por la organización incluyen el encarcelamiento de tres jóvenes poblanos por planear, vía Facebook, una manifestación contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Néstor López, Eduardo Salazar e Iván Ismael Guizasola fueron detenidos ilegalmente por la Policía Ministerial del Estado de Puebla y procesados penalmente por convocar al acto que organizaban.
Tras el pago de fianzas tasadas entre los 19 mil y 28 mil pesos, obtuvieron su libertad, pero el proceso judicial en su contra sigue, basado en que se resistieron al arresto, aún cuando fue hecho de manera ilegal.
Al caso de Puebla se suma la sanción escolar a seis jóvenes de Guanajuato que fueron suspendidos temporalmente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, por protestar en un acto presidencial.
Además, Artículo 19 documentó la detención de tres integrantes del movimiento #YoSoy132 en la Ciudad de México, cuando intentaban colgar de un puente, una manta que hacía alusión al primer aniversario del colectivo.
“Pareciera que en la opinión pública se impone, desde el poder, una satanización a las protestas. Artículo 19 entiende que las protestas son una expresión válida y legal, además de ser síntoma de fortaleza de una democracia plural en donde todos los discursos tienen cabida”, vierte el informe.
“Quienes intentan acallar las protestas y generar falsos consensos hacia cualquier tema, impiden que las voces del disenso sean escuchadas”, agrega el documento.
Un periodista asesinado y 32 agresiones físicas
En cuanto a la violencia contra los medios de comunicación y los informadores, Artículo 19 reporta un asesinato y 32 agresiones físicas. El periodista asesinado fue el fotógrafo de sociales del periódico saltillense Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez.
El 24 de abril de 2013, los restos del comunicador, de 22 años de edad, aparecieron en una calle de la capital de Coahuila. A las pocas horas, y sin investigación de por medio, las autoridades locales vincularon al joven con el crimen organizado y, con ello, dice Artículo 19, vulneraron el derecho de acceso a la justicia y los deberes del Estado de indagar, esclarecer, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño.
“Quienes intentan acallar las protestas y generar falsos consensos hacia cualquier tema, impiden que las voces del disenso sean escuchadas”.
Las entidades más violentas para la libertad de expresión en el último trimestre fueron Tlaxcala, con 17 agresiones, Veracruz y Guerrero con 12, Chiapas con 10 y Coahuila con 8. La información recabada por Artículo 19 revela que los principales perpetradores de las agresiones fueron servidores públicos y policías de los tres niveles de gobierno. A ellos se les vincula con 32 de las 100 agresiones ocurridas en este trimestre.
Otros implicados en agresiones a la prensa son los colectivos vinculados a movimientos magisteriales, pues están vinculados con 20 ataques entre abril y junio. Casi tres veces más, comparados con los 6 registrados entre enero y marzo.
“Uno de los casos más emblemáticos (…) ocurrió el miércoles 1 de mayo en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, cuando un grupo de maestros presuntamente agredió física y verbalmente a 12 periodistas que cubrían una de sus manifestaciones. Al término del incidente los maestros alegaron que los periodistas iniciaron la agresión, aún cuando existen imágenes que muestran a los maestros arrojando gas lacrimógeno a los comunicadores”.
Con las agresiones documentadas, dice la organización defensora de la libertad de expresión, “el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de garantizar el libre derecho de la libertad de expresión y castigar a los agresores de este derecho fundamental, fomentando la impunidad y que las agresiones vayan en aumento”.
