Acusados por caso Estela de Luz dicen ser “chivos expiatorios”
Ocho ex trabajadores a los que la PGR fincó cargos se pusieron a disposición de un juez federal con sede en el Reclusorio Sur para enfrentar la acusación de uso indebido de atribuciones y facultades, un delito que no es grave.
Los ex funcionarios de la empresa III Servicios implicados en las irregularidades de la Estela de Luz son “chivos expiatorios” de la Procuraduría General de la República (PGR) porque no fueron los responsables ni del sobreprecio ni del retraso de la obra, advirtió Gabriel Regino, abogado de ocho de los 12 ex trabajadores acusados.
Tras obtener una suspensión por parte de un Tribunal Unitario en el Estado de México para congelar la orden de aprehensión que pesaba en su contra desde marzo, los ex funcionarios acudieron a rendir su declaración preparatoria ante el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, en la cual negaron cometer algún ilícito.
Erick Treviño Lartundo, ex subgerente de Evaluación de III Servicios, explicó que la imputación contra del grupo de ex empleados se basa en que, como integrantes del Comité de Obra Pública, dictaminaron el 5 de enero de 2010 emitir una invitación a cuando menos 3 personas en la convocatoria para el contrato de construcción en lugar de que fuera licitación pública.
El proceso, obtenido por la constructora Gutsa, se sustentó en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas, y se determinó que no fuera licitación porque podía retrasarse la edificación, entonces contemplada para enmarcar las fiestas del Bicentenario en septiembre de ese año.
“Nuestra aprobación del dictamen en la sesión del 5 de enero de 2010 no constituye delito alguno. Los retrasos en la construcción de la Estela de Luz y posteriores modificaciones en los precios de la obra no son ni materia de este proceso ni responsabilidad de los presentes”, aseguró Treviño Lartundo tras finalizar la diligencia judicial.
Treviño Lartundo confirmó que fue detenido el pasado miércoles 15 de mayo por policías federales ministeriales y trasladado a la Delegación de la PGR en el DF, donde permaneció por espacio de 3 horas, porque aparentemente se desconocía que el 13 de mayo el Tercer Tribunal Unitario Penal en el Estado de México les concedió una suspensión a la orden que pesa en contra del grupo, luego de que otro Tribunal en el DF canceló la que les había otorgado en abril.
Regino aseguró que quedará demostrado ante el Juez que los ex trabajadores sólo intervinieron en el proceso para dictaminar la convocatoria y no en las situaciones que se registraron posteriormente.
“Lo que la opinión pública ha tenido conocimiento, de la costosa construcción de este monumento, son otros hechos que no son materia de este proceso… compartiría esa visión, de que sí pueden llegar a ser victimizados, criminalizados como chivos expiatorios de algo que no tienen ninguna responsabilidad, además de que se quedaron sin trabajo”, manifestó el defensor.
El abogado recordó que desde que la PGR consignó la averiguación previa, en dos ocasiones el Poder Judicial le negó girar órdenes de aprehensión en contra de los ex trabajadores por considerar que no estaba sustentada la acusación. No obstante, en marzo el Sexto Tribunal Unitario Penal del DF concedió al Ministerio Público el mandamiento judicial.
Además de Trviño Lartundo, se presentaron ante el Juez Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente Jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de Construcción; Bernardo Garza Garza, ex gerente Comercial; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de Concursos; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de Contabilidad, y Sergio Salas Arellano, ex coordinador de Mantenimiento Zona Centro.
El Juez tiene hasta el 22 de mayo para resolver si los sujeta a proceso penal o no, aunque, en caso de que así fuera, podrán llevarlo en libertad porque no es ilícito grave.
Además de los ocho ex empleados que se presentaron, también son implicados por la PGR el ex gerente Administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario, Mario Rodríguez González, y los ex subgerentes Jurídicos Aarón Vázquez Figueroa y Rubén Enrique Arenal Alonso, además de Ernesto Villaseñor García, ex titular del Órgano Interno de Control de III Servicios, que es una subsidiaria de Pemex, quien dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
