El Congreso de Tabasco oculta sus gastos de 2013
El Congreso de Tabasco decidió no informar a los ciudadanos cuánto y cómo gastaron recursos públicos en el primer trimestre de 2013, y no podrán saberlo sino hasta dentro de dos años, pues reservaron la información hasta 2015.
La ciudadana María Elena Abreu Montaño, pidió al congreso de su entidad conocer el desglose mensual de sus gastos del primer trimestre de 2013. Los legisladores se negaron a entregar la documentación a pesar de que están obligados no sólo a darla, sino a mantenerla en su sitio de internet.
Aunque leyes generales como la de Contabilidad Gubernamental y el artículo sexto de la Constitución obligan a los congresos locales a presentar en línea su información, los mismos legisladores contravienen dichos ordenamientos.
El argumento de los diputados tabasqueños para no entregar la información de su cuenta pública es que se podría causar un “daño jurídico”; es decir que, de conocerse la información solicitada, los servidores públicos actuarían “en contra de la ley”.
“Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos que se originarían con la difusión de la información, se estaría contraviniendo la Constitución Política de Tabasco, la cual establece dicha información es reservada hasta en tanto el Pleno del Congreso del Estado apruebe la Cuenta Pública”, explica el documento donde consta la reserva, fechado el pasado 10 de mayo.
Rafael Abner Balboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco y Daniela Lara López, titular de la Unidad de Acceso a la Información firmaron la respuesta que entregaron a María Elena Abreu Montaño, en la que rechazan la entrega de la documentación solicitada.
El artículo 6 de la Constitución, que estipula el derecho a la información, obliga al Congreso local a entregar los datos. Igualmente, el legislativo local está obligado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ambas indican que se debe privilegiar el principio de máxima publicidad de la información.
Esta no es la primera ocasión en que los diputados tabasqueños se niegan a entregar información de esa índole. En 2010, la misma Abreu Montaño solicitó documentación de las cuentas públicas al congreso local y éste se negó. Aunque el órgano de transparencia en Tabasco ordenó la entrega de la documentación, en aquella ocasión el poder legislativo se inconformó y a los comisionados incluso los ordenaron sancionar por pedirles a los legisladores entregaran documentación que podría provocar que violaran las leyes locales.
Obligados por ley
Desde noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual ordena a todos los entes públicos a publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril, su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.
En el artículo 79 de la misma ley se pide que los entes públicos den a conocer a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones sus resultados, e informar sobre las personas que las realizaron.
Además desde la reforma al artículo 6 de la Constitución en 2007 se obliga a todas las autoridades que informen de los recursos públicos que manejan y privilegiar la máxima publicidad de la información.
Añeja solicitud
Abreu Montaño se convirtió en asidua solicitante de información desde que le negaron por primera vez la misma información sobre la Cuenta Pública del congreso local en 2010. Un año después siguió un largo litigio para obtener la documentación y el mismo órgano garante del estado aprobó su entrega. Sin embargo, la documentación le fue negada a través de procesos legales que interpuso el congreso local.
De aprobarse las reformas constitucionales en materia de transparencia que actualmente se discuten en la Cámara de Diputados, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) podría atraer el caso pero actualmente no es competente para conocer de casos que se discuten en los estados.
