Rechazan alerta por violencia de género y feminicidios en Hidalgo
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SNPASEVM) rechazó emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Hidalgo.
Organizaciones civiles de la entidad fueron quienes ingresaron la petición, con el objetivo de que se garantice un mecanismo de protección colectiva ante los 93 asesinatos de mujeres registrados de 2009 a 2011 en el estado, según datos proporcionados por la Procuraduría Estatal al Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio (ONCF).
Durante la votación llevada a cabo el 19 de abril, todas las instancias de la administración pública federal votaron en contra y sólo Baja California, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán se pronunciaron en favor de la Alerta en Hidalgo, pero no fue suficiente.
Para las organizaciones Servicios de Inclusión Integral (SEIINAC), Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), esta decisión demuestra la falta de compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto y el fracaso de los institutos estatales para proteger la vida e integridad de las mujeres en México.
A los organismos civiles solicitantes les resulta inconcebible la negativa del gobierno federal. Declararon haber presentado pruebas que demuestran una situación generalizada de violencia contra las mujeres en Hidalgo, además de cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se implemente dicho mecanismo en un estado.
Para Rodolfo Domínguez, abogado de CMDPDH, el argumento para rechazar las Alertas de Violencia de Género es contradictorio. Según Domínguez, las autoridades federales se niegan a otorgarla por entidad porque supuestamente ya se establece a nivel nacional, con lo que “se soslayan las necesidades particulares y exclusivas de cada región”.
Incluso, para el activista, en algunos casos las autoridades consideran innecesaria la Alerta de Violencia de Género porque ya han emprendido acciones contra los feminicidios en las entidades solicitantes.
Anteriormente, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León solicitaron al SNPASEVM la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, ante el número creciente de asesinatos y violencia contras las mujeres que se registran, sin embargo, también les fue negada.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Un día antes de que conocieran la resolución del gobierno federal, las agrupaciones civiles se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir al titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, su intervención para que se publique una Propuesta de Reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se eliminen obstáculos que impiden la implementación de la Alerta de Violencia de Género.
De aprobar dicha reforma al Reglamento, afirmaron las organizaciones, se perfeccionaría el marco regulatorio de la Ley General, lo que permitiría eficientar la implementación de este mecanismo de protección.
Además, frente a la Segob, las organizaciones también denunciaron que en los últimos seis meses ocho mujeres han sido asesinadas en Hidalgo, cuyos cuerpos presentaron características típicas del feminicidio por la transgresión y tipo de lesiones que incluyen fracturas, quemaduras, mutilaciones y violencia sexual.
La organización Servicios de Inclusión Integral AC, de Hidalgo, reveló que cuando fueron encontrados los cuerpos de estas mujeres, la policía municipal intentó señalar a un solo hombre como culpable, pretendiendo fabricar un asesino serial. Esto excluye de las investigaciones la violencia de género y la violencia estructural que se vive en el estado, según la organización.
Morelos
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., que también solicitará formalmente que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado, contabilizó 310 feminicidios en los últimos 11 años y afirmó que prevalece la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres.
Aquí, el detalle de los feminicidios en el estado desde 2005:
*32 mujeres asesinadas en 2011.
*40 mujeres asesinadas en 2010 hasta 28 de octubre de 2011.
*36 mujeres asesinadas en 2009.
*31 mujeres asesinadas en 2008.
*29 mujeres asesinadas en 2007.
*20 mujeres asesinadas en 2006.
*122 mujeres asesinadas del 2000 al 2005.
La organización civil señala que el mapa del feminicidio morelense en los municipios se ubica en Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlan, Emiliano Zapata, Ayala, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Mazatepec,Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapan.
Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, denuncia que las autoridades estatales están realizando un trabajo deficiente en las investigaciones cuando es detenido un presunto agresor, lo que ha permitido que los jueces no tengan los elementos suficientes para consignarlo y se vean en la necesidad de dejarlo en libertad.
Prueba de ello es el caso de de Celia Muñoz.
Desde octubre de 2002 se mantiene preso al acusado del feminicidio de Celia, en Jiutepec. A pesar de contar con pruebas fehacientes de su culpabilidad, como lo señala García Quintanilla, en la revisión del expediente podría sea liberado.
Por ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hace un llamado al juez Alejandro Hernández Arjona, del Juzgado Segundo, para que atienda todas y cada una de las pruebas presentadas y se declare la culpabilidad y sentencia correspondiente contra el agresor de Celia y no quede en la impunidad este feminicidio como tantos otros en Morelos.
La Comisión Independiente denuncia que estos hechos conllevan a la ruptura del Estado de Derecho y dan cuenta de la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la vida de las mujeres, por lo que el feminicidio en Morelos, señalan, también representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado.
Artículos señalados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
