Piden no vender playas mexicanas a extranjeros
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara un dictamen que modifica el Artículo 27 de la Constitución para que los extranjeros puedan comprar inmuebles y terrenos en playas mexicanas, una organización lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir a los Senadores no aprueben dicha reforma.
La petición denominada “Senadores de la República Mexicana: Que las playas mexicanas no se vendan a extranjeros” pide a los interesados su forma para evitar que la iniciativa aprobada el martes pasado por la Cámara de Diputados no sea ratificada por el Senado, bajo la premisa que de ser aceptada derivaría en que México perdería el control de su playas y los mexicanos el acceso a ellas a manos de los extranjeros.
Hasta las 10:15 horas de este jueves 25 de abril, la petición contaba con un total de 6 mil 467 firmas. Aquí se puede firmar la petición.
La iniciativa de la Cámara de Diputados
El pasado martes 23 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Artículo 27 de la Constitución para que los extranjeros puedan adquirir tierras cuando éstas sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, en la llamada área restringida, es decir, una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.
Actualmente la Constitución establece que “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”
Los diputados aprobaron por 356 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones modificar dicho artículo constitucional para incluir la posibilidad de que los extranjeros puedan adquirir terrenos, con lo que la legislación, de ser ratificada por el Senado, quedaría de la siguiente manera: “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción”.
Los argumentos
Los diputados del PRI que presentaron el dictamen han argumentado que la prohibición es anacrónica y va contra los tiempos actuales y que debe actualizarse a la realidad social y económica.
Recuerdan que la prohibición fue establecida por el constituyente en 1917 como respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.
De acuerdo con el dictamen, una de las razones para promover y aprobar las modificaciones es terminar es eliminar a los intermediarios, debido a que en la práctica dicha prohibición se elude al constituirse fideicomisos, siendo las instituciones de crédito las fiduciarias que figuran como “propietarios” del terreno pero venden la construcción a extranjeros, neutralizando así la restricción de que no poder poseer tierras, puesto que legalmente en la actualidad, el extranjero sólo es propietario de la construcción, cuando en la práctica lo es también de la extensión de terreno.
De igual forma, argumentan que los extranjeros no perjudican de modo alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que tutela el Estado y que la estrategia permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda.
Hoy, uno de los promoventes de la iniciativa, el diputado Manlio Fabio Beltrones defendió, en entrevista con MVS Radio, las reformas y aseguró que México debe modernizarse y permitir que los extranjeros compren territorios en las playas, como sucede en diversas partes del mundo.
Tras su aprobación, la iniciativa se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Los candados
Aunque el dictamen promueve la compra de terrenos en la playa por parte de extranjeros, la adquisición de tierras en la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas se condicionará a los siguientes puntos:
1.-Que el uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente.
2.- Que no tenga un uso comercial o, en su caso, industrial o agrícola, o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive en un uso distinto a la vivienda o casa habitación.
3.- Que el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.
4.- En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.
Voces en contra
Durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, se escucharon muchas voces que repudiaron las modificaciones al Artículo 27 Constitucional, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) se manifestó en contra, toda vez que la reforma rompe con el principio histórico de la zona prohibida. “El país no está en subasta. Reconocemos que existe simulación, a través de fideicomisos. Hay que hacer una serie de reformas que de manera integral se enfoquen a este problema de simulación en materia de fideicomisos en las zonas costeras del país”, expresó.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila resaltó que ahora por la vía de una reforma constitucional “nuestras tierras le son devueltas al capital, pero al capital extranjero. La nación ya no lo es más, ahora México es para los que tienen dinero, no para los que se dicen mexicanos, no para quien trabaja y cuida la tierra, sino para aquel que tiene para comprarla”.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que el dictamen no está fundado ni motivado. “Las razones por las cuales rechazamos esta reforma son porque las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Se va a cerrar más aún el acceso a las playas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad”.
Al hablar en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) dijo que la defensa de los intereses nacionales no es un asunto de moda sino de convicciones, principios y valores. “Es un tema de soberanía, de seguridad nacional y de nacionalismo. No podemos reformar la Constitución como si fuera un contrato mercantil”, indicó.
El diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) cuestionó si no existe otra vía para evitar una simulación que proceda a raíz de la adquisición de tierras a través de fideicomisos y agregó que al no haber en el texto constitucional una consecuencia jurídica a la violación, se está generando el paso a una nueva simulación.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) puntualizó que el proyecto “es hacernos esclavos en nuestra propia tierra. Sin reformas a la Constitución, ya se han hecho. La redacción de la propuesta no es transparente”.
El diputado Roberto López González (PRD) dijo: “Hoy se están manifestando como simples vendedores del país y quienes no compartimos esa posición lo menos que podemos hacer es venir a expresarlo, para pedirles que votemos en contra de este dictamen”.
El diputado Alfredo Zamora García (PAN) anunció su voto en contra, porque “consideramos que esta reforma tal como está el precepto constitucional, no ha detenido el progreso, el avance de las zonas costeras de nuestro país y me parece que es inaceptable este cambio”.
Aquí la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados
Con información de la Cámara de Diputados
