Especial Migrantes: Sin lugar para padecimientos (cuarta parte)

Los números en el pizarrón se vuelven manchones blancos para Andrea Bañuelos. Nació con cataratas. Apenas distingue lo que escriben sus maestros de primero de secundaria si no está sentada al frente. El padecimiento de esta chica se solucionaría con una operación relativamente sencilla, pero entre la salud y el quirófano hay un obstáculo: su nacionalidad estadounidense.

Andrea es hija de emigrantes zacatecanos retornados a México. Por años, su condición no dio problemas, pero la nitidez visual comenzó a remitir con la adolescencia. De tener Seguro Popular, la operación de Andrea sería un trámite sencillo, pero su origen le ha cerrado el acceso a los servicios públicos de salud en más de una ocasión, sin importar que sus sean padres mexicanos.

Ningún otro estado de la República expulsa tanta población como Zacatecas. El estado tiene el primer lugar en el índice de Intensidad Migratoria 2010 elaborado por el Consejo Nacional de Población. Así, no es de extrañar que los abuelos paternos de Andrea también vivieran en Denver.

Desde entonces y hasta 2012, la familia Bañuelos García estuvo separada. Las mujeres en Denver y el padre en Zacatecas. Víctor, mecánico de oficio, sólo consiguió trabajos ocasionales y mal pagados en esos cinco años. Ahorrar para un ‘coyote’ fue imposible.

Años después, la inseguridad se sumó a la ecuación. De boca en boca comenzaron a circular historias de terror sobre la suerte que aguardaba a los migrantes en el camino a la frontera. Secuestros, asaltos, torturas. Los García Bañuelos optaron por rehacer su vida en Zacatecas. Ahí, 5.6% de los hogares tiene migrantes retornados y el suyo es una muestra de lo que ocurre a los paisanos que regresan a reclamar sus derechos.

Cerca de las vías del tren, los padres de Andrea construyeron una casa con las remesas enviadas por una década. Es una finca modesta pintada de azul y amarillo donde a cada paso hay fotografías de tiempos más holgados. Salidas a cenar, vacaciones en la playa, diversiones con los abuelos. Ahí habla Gabriela.

—Andrea necesita una operación y he batallado horrores. La primera vez que pregunté por el Seguro Popular me dijeron que sólo era para mexicanos.

El trámite por ambas niñas cuesta unos cinco mil pesos. Justo el sueldo mensual de Víctor como chofer de una casa hogar.

Si bien el sueldo es magro, Víctor fue afiliado hace unos meses al Seguro Social. Cuando por fin la familia creyó que sus hijas tendrían acceso a la salud pública, la respuesta en el IMSS fue la misma. Las niñas deben tener acta de nacimiento mexicana. La conclusión de Gabriela es contundente.

—O pagamos, o comemos.

Aunque son mexicanos por derechos, los hijos de emigrantes son prácticamente indocumentados en su propio país.

La operación de cataratas es sólo el botón que muestra todo lo que ha enfrentado esta familia. Con tres pequeñas inquietas, las enfermedades y los accidentes no han faltado. Recién llegadas de Estados Unidos, Dafne se cayó de un caballo y se rompió el brazo, Victoria, la más pequeña, pasó el invierno con catarros incesantes. En cada visita a los centros de salud, la instrucción es siempre la misma. “Si no son mexicanas, paguen primero y las atendemos después”. Si van a pagar, la Gabriela prefiere atender a las pequeñas en un hospital privado.

Cada negativa o dilación que reciben las niñas es una violación a las leyes. Primero, al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que mandata a los estados a asegurar asistencia médica y servicios sociales. Segundo, a la Convención de Derechos del Niño, firmada por México en septiembre de 1990. En su artículo 24, la Convención obliga a los estados parte a asegurar que ningún menor será privado de su derecho a disfrutar de servicios sanitarios.

Las autoridades violan también los artículos primero y cuarto constitucionales, que mandatan la no discriminación y la protección de la salud.

Aún cuando los servicios públicos de salud argumenten que, por ser extranjeras, las niñas carecen de esos derechos, la violación persiste. El artículo 27 de la Ley de Migración obliga a la Secretaría de Salud a prestar servicios a todas las personas, sin importar su situación migratoria.

En dos ocasiones, Andrea ha estado a punto de ser operada, pero en ambos casos ha sido por la buena voluntad de terceros.

En noviembre del año pasado, un diputado local, cuyo nombre omite la familia, prometió que la pequeña sería operada en Monterrey sin más costo que el traslado. Gabriela, Víctor y Andrea emprendieron el viaje con dinero prestado.

Horas antes de la operación, una enfermera solicitó varios documentos.

—¿Su seguro Popular?
—No tenemos.
—Entonces no podemos operar a la niña.

La familia se regresó a Zacatecas sin que Andrea entrara a la sala de operaciones.

Cinco meses después de la decepción, la pequeña se lamenta.

—Cada vez que me van a operar salen con que falta un papel. Cuando nos enfermamos de gripe nos llevan al centro de salud, pero ahí hay que pagar porque somos americanas. ¡Sí! ¡Nací allá, pero mis papás son de aquí, de Zacatecas! ¿Y mientras? ¿Qué siga viendo borroso? ¡Ay, no!

Andrea y sus hermanas se retiran con una bolsa de dulces que su madre guarda para entretenerlas.

Un estado incapaz

La violación al derecho a la salud no sólo afecta a los hijos de los retornados por su nacionalidad. Los mexicanos que han pedido a las autoridades su repatriación también son vulnerables.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) ha reconocido que hay paisanos que no tienen atención médica ni en Estados Unidos, ni en su país de origen. A finales del sexenio pasado, pasado, el director ejecutivo del IME, Javier Díaz de León, informó que entre los migrantes que tramitan su repatriación por motivos de salud, la mayoría padece insuficiencia renal. Aunque sean traídos al país, ningún programa gubernamental contempla la atención de ese padecimiento para los paisanos.

“Las enfermedades crónicas no están cubiertas por estos programas porque los gobiernos de los estados, que absorben a estos enfermos, constantemente han dicho que no cuentan con recursos para atenderlos”, declaró Díaz de León al periódico Reforma. Las organizaciones no gubernamentales y los académicos, coinciden en el diagnóstico, pero demandan al Estado la atención al problema.

“Si bien existen programas de apoyo a los migrantes retornados, no hay una instancia de desarrollo social que ayude a la reinserción y medie con instancias locales”, dice la directora del Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner.

“Llegando las comunidades de origen debería haber programas para que el migrante retornado se reinserte, registre la nacionalidad de sus hijos, recupere sus bienes, cuentas bancarias. Todos esos trámites se hacen cada vez más necesarios con el aumento de las deportaciones y el retorno”.

Zacatecas, al igual que 29 de las 32 entidades federativas, cuenta con una instancia para proteger y asesorar a los migrantes. En ese estado es el Instituto Estatal de Migración (IEM).

Creado en 1998, el IEM facilita trámites de visas, repatriaciones de cuerpos, cobro de pensiones y remesas y gestiona parte del Fondo de Apoyo al Migrante Retornado, que otorga recursos para que los paisanos pongan negocios. Pero sufre la falta de coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para articular una política integral que respalde al retornado.

“Su necesidad primordial es encontrar trabajo y darle a sus hijos salud y educación”, dice Rigoberto Castañeda, director del IEM. Con el constante regreso de paisanos a Zacatecas desde 2008, el funcionario ha visto cómo las solicitudes de ayuda para los trámites de apostilla y traducción de actas de nacimiento han aumentado ligeramente, pero sin cesar.

“Seis de cada 10 familias con migrantes de retorno que hemos entrevistado han visto reducidos sus márgenes de comodidad, de alimentación suficiente, de vestido adecuado y de atención médica. Es decir, se han vuelto pobres”, explica Gustavo López Castro, académico del Colegio de Michoacán, y uno de los primeros investigadores que se aproximaron a la migración de retorno en México.

“En las clínicas comunitarias, los retornados tienen acceso a atención menor. Pero aun si el Seguro Popular entra a esas comunidades, para las familias retornadas no hay opciones porque necesitan CURP. Los niños son relegados en su derecho a la salud y en su derecho a becas, ayuda para útiles escolares, uniformes o programas como Oportunidades. La demanda de servicios está a punto de generar un problema”.

En el Colegio de la Frontera Norte, el investigador del Centro de Estudios de Población, Rodolfo Cruz, apunta a la incapacidad del Instituto Nacional de Migración y de la Ley de Migración para solventar el camino lleno de obstáculos que le espera a los paisanos al volver.

“La ley de migración es solamente para regular a los extranjeros que entran al país, pero no para acompañar al emigrante. Mucho menos, al que retorna”.

Mañana, última entrega: Criminales de la migración. Mexicanos presos por haber violado la ley migratoria de EU.