La “pandemia” que está matando a la mujer latinoamericana

En las notas publicadas a continuación encontrarán historias que no suelen aparecer en los medios.

Son crónicas de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer.

Pero a pesar de ser un problema tan grave, no tiene ni nombre ni hay cifras oficiales.

Se le llama “feminicidio” o “femicidio”, según el país, pero cuando se busca en la Real Academia de la Lengua, la respuesta es que esas palabras “no están registradas en el Diccionario”.

Tanto que un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publicado en 2012 indica que en algunos casos alcanza “niveles cercanos a los de pandemia”.

La avenida Emiliano Zapata queda en un barrio de clase media baja de la colonia Cerro Prieto, en Ciudad de México. Paralelo a ella corre un camellón un poco abandonado: pasto seco, un sendero de gravilla roja, algunos juegos para niños sin niños y basura acumulada en los rincones.

Allí terminó la corta y dolorosa historia de Tiffany, una niña de ocho años cuyo cuerpecito maltrecho fue arrojado, envuelto en una cobija, en el lado sur del parque la madrugada del 28 de julio de 2011.

Al contrario de otras ocasiones, la policía no tardó mucho en desenmarañar el nudo de la muerte de la pequeña al observar el nerviosismo y las contradicciones en las versiones que contaban su madre y su padrastro sobre la supuesta “desaparición” de la niña.

Según se pudo establecer, la noche del 26 de julio, la pequeña estaba llorando porque tenía hambre. Su padrastro perdió la paciencia y la emprendió a patadas contra ella. La niña murió horas después. Tras denunciar que había desaparecido, la madre y el padrastro arrojaron su cuerpo en el lugar.

Ese mismo día había entrado en vigor una reforma al código penal de Ciudad de México que tipificaba el delito de feminicidio. Por eso, el de Tiffany se convirtió en el primer caso oficial de feminicidio en la historia del Distrito Federal.

Estadísticas que estremecen

En diciembre de 2011, Naciones Unidas, la Cámara de Diputados de México y el oficial Instituto Nacional de Mujeres publicaron el informe Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, un documento de 104 páginas que, según expertos como Graciela Atenco, editora de feminicidio.net, es el más completo que se ha hecho en México sobre el tema.

Sus páginas, a pesar de que están llenas de cifras y cuadros, se leen como un relato de horror. Como una prueba más del silencioso holocausto que parece estarse llevando a cabo en contra de las mujeres en algunas partes de América Latina.

Allí se consigna que entre 1985 y 2009 hubo en México 34.176 feminicidios. También se indica que -a diferencia de los casos masculinos, donde prevalece el arma de fuego- en los asesinatos de mujeres se utilizan métodos más brutales:

Sin embargo, María de la Luz Estrada, del Observatorio de Feminicidio, advierte que, debido a que el informe se basó para su recuento en las actas de defunción, es posible que se hayan incluido abortos -el cual es considerado delito- en las cifras de muerte de menores.

“Los casos que conozco de niñas asesinadas son de violencia familiar. Sobre todo los padrastros”, dice María de la Luz.

“Nos llamaba la atención que hay estados muy conservadores, como Jalisco, donde más de un 10% de los asesinatos eran de niñas de 8 a 10 años edad. Falta más análisis, pero son estados que tienen una concepción muy fuerte de la familia, como Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua, pero donde las niñas viven mucha violencia”.

Gabriela Atenco no se sorprende con las cifras sobre abuso infantil proporcionadas en el informe. “México, como otros países latinoamericanos, tiene un problema con el abuso sexual infantil en el marco de la familia”.

“Nosotros ahora tenemos un caso pequeño, en la zona maya, que es el de la explotación sexual y la pornografía infantil. Son redes que trabajan reclutado o comprando niñas”.

Según datos de la organización Infancia Común proporcionados por Atenco, “el 74% de las víctimas de explotación sexual tienen menos de 14 años de edad, el 81% son niñas”.

Mujeres jóvenes

A pesar de estas cifras, la mayoría de feminicidios se siguen cometiendo contra mujeres jóvenes, es decir, entre 11 y 30 años de edad. Y tras presentar un declive a principios de la década del 2000, estos crímenes han aumentado desde 2007.

“Hay una coincidencia total con la guerra del narco”, le explica Graciela Atenco a BBC Mundo. “Esta situación de impunidad generalizada y de aumento de las cifras, le quita el foco de atención a los crímenes que se investigaban hasta ese momento”.

“Y va en crescendo. Los asesinatos contra las mujeres nunca han disminuido”, añade.

También aumentaron los asesinatos de hombres pero, según las investigadoras, la impunidad generalizada sirvió de manto para las bandas del narcotráfico relacionadas con la trata de personas.

El informe de la ONU, la Cámara de Diputados de México y el Instituto Nacional de Mujeres sólo trae datos hasta el 2009. Pero en el Observatorio de Feminicidio ha recopilado información de al menos 3.000 mujeres desaparecidas entre 2010 y 2011. Y de enero de 2011 a junio del 2012 registran 529 homicidios de mujeres.

Muchas de estas desapariciones -asegura María de la Luz Estrada- se vienen presentando en Ciudad Juárez, quizás el caso más conocido a nivel internacional. Allí, dice, desaparece en promedio una mujer cada día.

Todo esto hace que no suene hueca la frase con la que Graciela Atenco concluye la entrevista con BBC Mundo.

“En algunas regiones de México, ser mujer es un riesgo de muerte”.

Una flor para Tiffany

De norte a sur, el parque de la avenida Emiliano Zapata se recorre a pie en unos diez minutos. En los juegos infantiles no hay niños, sólo un hombre con un suéter con capucha que hace ejercicio.

Algunos perros callejeros se pasean cerca de un mantel de plástico donde una mano caritativa les dejó algunas tortillas duras para que coman.

Casi al final del parque, cerca del lugar donde el cuerpecito de Tiffanty fue abandonando, otra mano bondadosa improvisó un pequeño santuario: un cuadro de la virgen de Guadalupe amarrado contra un árbol de eucalipto y unas pocas flores como ofrenda.

El cuadro está desvaído, las flores secas. Poco a poco, el recuerdo de Tiffany se va desvaneciendo.

El Salvador: El país donde ser mujer se paga con la muerte

“Cuando me casé, el cura dijo que estaríamos juntos hasta que la muerte nos separara”, dice Soledad, una joven proveniente de una zona rural del occidente de El Salvador.

“Y me di cuenta de que así sería, porque antes o después mi marido acabaría matándome a golpes”, cuenta.

Otras mujeres la escuchan, reunidas en un grupo de apoyo contra la violencia.

Ella se enfrentó a su esposo, denunció el maltrato y se volvió a casar (ahora con un hombre que prepara tortillas mientras ella cocina huevos rotos o fritos).

Pero no todas corren la misma suerte.

El Salvador es el país con más asesinatos de mujeres del mundo -o feminicidios, como se les conoce en varios países de la región-, según varias organizaciones internacionales.

Un estudio de Small Arms Survey, un grupo no gubernamental con sede en Suiza, coloca la tasa de muertes en 12 por cada 100.000 habitantes; otro informe del Instituto Sangari de Brasil lo ubica también en primer lugar con más de 10.

Son varios los factores que provocan que en El Salvador se haya creado la tormenta perfecta para la violencia contra la mujer.

“Estamos en un triángulo geográfico, con Honduras y Guatemala, donde hay crimen organizado, tráfico de personas y de drogas”, le dice a BBC Mundo Silvia Juárez, de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Además, está el factor histórico: durante los años de la Guerra Civil (1980-1992), las mujeres salvadoreñas fueron utilizadas casi como un arma contra el enemigo, violadas y torturadas.

Víctimas de las pandillas

Pero sobre todo, alertan los defensores de Derechos Humanos, están las bandas callejeras.

“El aumento en la muerte violenta de mujeres en los últimos años coincide con el ingreso de estas a las pandillas”, le dice a BBC Mundo David Munguía, ministro de Justicia y Seguridad Pública.

“La mayor parte de las muertes de mujeres tiene relación con esos grupos, donde la infidelidad se paga con la muerte”, asegura.

Ello explica, según el gobierno salvadoreño, que la tregua acordada en marzo entre las dos principales bandas del país (Mara Salvatrucha y Barrio 18) haya dado lugar a un descenso notable en el número de asesinatos de mujeres.

231 muertas en los primeros siete meses de 2012, según la Policía Nacional Civil, 118 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Pero, ¿qué diferencia el asesinato de una mujer del resto de crímenes mortales que cada día se cometen en el segundo país -después de Honduras (ONU)- con la mayor tasa de homicidios del mundo (69 por cada 100.000 habitantes)?

“Un hombre le quita la vida al otro en una situación entre pares, uno le pega un tiro al otro y lo asesina”, dice Silvia Juárez, quien coordina un programa de atención a la violencia contra las mujeres.

“En el caso de ellas hay toda una antesala al crimen. Hay violencia sexual, degradación y vejación del cuerpo”, apunta.

“Los criminales que matan mujeres no se molestan en esconder su crimen, dejan los cuerpos en la calle para que todo el mundo vea lo que les ocurrió”, asegura.

Son un mensaje de advertencia; un ejemplo de la impunidad con la que a menudo se cometen estos crímenes.

La Libertad

Sin embargo, no se trata sólo de una cuestión de pandillas.

En el país existe desde hace siglos una tradición y cultura de marginación y maltrato a las mujeres, reconocen autoridades y activistas.

“Cuando vemos los perfiles de los agresores denunciados nos damos cuenta de que muchos también son profesionales con trabajo y nivel de estudios. La raíz es mucho más profunda”, explica Juárez.

Si bien las cifras oficiales apuntan a que han disminuido los feminicidios, todavía casi 25.000 mujeres en El Salvador reportan cada año maltrato y violencia sexual, según el Observatorio de la Violencia de Género, un plan de control puesto en marcha por Ormusa.

El Puerto de La Libertad, en la costa, es uno de los puntos negros para las mujeres del país.

Su clima suave y sus hoteles con vistas al mar lo convierten en un importante destino turístico, pero es también el lugar que encendió las alarmas de los grupos de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador.

Unas 80 mujeres mueren cada año en La Libertad, que hasta hace poco era además un importante enclave para la trata de personas.

Por eso el gobierno decidió instalar aquí a finales de 2011 su primera unidad policial especializada en atender a las mujeres.

Y es en este mismo departamento, en la ciudad de Colón, donde se construyó la primera Ciudad Mujer, un centro de formación, atención médica y asesoramiento que ha despertado el interés de organizaciones internacionales como Naciones Unidas.

El dueño de la mujer

El objetivo es extender estas ciudades y unidades policiales por todo el país.

Pero el gran desafío, como reconocen las propias autoridades, será erradicar el machismo que todavía existe dentro de las instituciones.

“Lo que muchos compañeros discuten es que si es la esposa, entonces tienen derecho a maltratarla, porque en la cultura machista el hombre es dueño de la mujer”, le dice a BBC Mundo Noemí Cerritos, una de las agentes de la Policía Nacional Civil que trabaja en la comisaría especializada del Puerto de La Libertad.

“Si llama una mujer y dice ‘mi esposo me está maltratando’ y hay un compañero que se ha quedado atrás en la mentalidad, y sigue siendo un machista, dice que no hay personal, no hay medios, no hay transporte…”.

En los últimos dos años han entrado en vigor dos leyes por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, destinadas también a cambiar la mentalidad de las estructuras del Estado.

Cada vez es más frecuente además escuchar al presidente, Mauricio Funes, hablar en sus programas radiales a la nación sobre las agresiones a mujeres.

Y la primera dama, Vanda Pignato, ha hecho del tema una de sus prioridades al frente de la Secretaria de Inclusión Social.

“Luchar por mí”

También se empieza a romper en El Salvador el tabú del maltrato a la mujer en los círculos de poder y clases altas.

Recientemente un diputado fue acusado por su pareja y detenido por agresiones, antes de que pudiera salir del país alegando razones médicas.

El Congreso le retiró el fuero y su caso, todavía en los tribunales, escandalizó a la sociedad salvadoreña al salir a la luz en plena discusión parlamentaria sobre la violencia a las mujeres.

El testimonio de la demandante en los principales medios del país animó a otras a denunciar los golpes.

Una de ellas habló con BBC Mundo en un parque de San Salvador. Relató las agresiones de su esposo, proveniente de una reconocida familia de la capital, cuando el consumo de drogas y la violencia se convirtieron en rutina.

“Yo tenía miedo de que en una de esas entrase y atentase contra mi vida. Tuve que salirme de mi casa, me quitó todo, me ha echado de mi casa y me ha dejado sin nada”, lamenta.

“Ahora me siento libre, siento que tengo un valor y una hija por la que tengo que luchar”, asegura: “Tengo que luchar por mí… por mí”.

Su historia es como la de otras miles de mujeres que durante décadas vivieron bajo la sombra amenazadora de su pareja.

Pero también, como la de muchas salvadoreñas que ya empiezan a plantar cara a su agresor.

“Desperté con un tiro”: Un drama que cambió Brasil

Si todo hubiera salido como planificó su agresor, la brasileña Maria da Penha debía estar muerta hace un buen tiempo. Nadie siquiera habría sospechado que el suyo era un caso más en la larga lista de feminicidios de su país.

Pero Penha sobrevivió a dos intentos de asesinato y luchó para que fuera condenado por ellos su marido, un economista colombiano.

Hoy, con 67 años y parapléjica, Penha parece saber que tiene reservado un lugar especial en la historia de su país, donde una ley que lleva su nombre ayuda a salvar miles de vidas femeninas.

“Me gustaría ser recordada como una mujer que, perseverando 19 años y seis meses en busca de justicia, consiguió cambiar la ley de un país”, dice Penha durante una entrevista con BBC Mundo en su casa de Fortaleza.

“Mientras dormía”

Bioquímica farmacéutica, Penha recuerda el instante de mayo de 1983 cuando un tiro la condenó a pasar en silla de ruedas el resto de su vida. Tenía 38 años.

“Mi marido disparó en mi espalda mientras dormía”, dice. “Desperté con un tiro y no sabía quién me lo había dado. Pensé que había sido él, pero no lo había visto”.

Sus sospechas se debían a la actitud cada vez más violenta que Marco Antonio Heredia tenía con ella y las tres hijas de ambos en la intimidad del hogar. Ella le sugería a menudo la idea de separación, pero él la rechazaba.

Heredia denunció lo ocurrido aquella noche como un intento violento de asalto.

Después de pasar cuatro meses y medio hospitalizada, Penha regresó a vivir con él y con sus tres hijas.

“Seguí con él porque no sabía que había sido el autor de la primera vez”. No obstante, albergaba sospechas.

“Cuando volví sufrí una segunda tentativa más disimulada, a través de una ducha eléctrica damnificada a propósito” para electrocutar, cuenta. “Si hubiese entrado en esa ducha… Percibí antes que estaba pasando corriente”.

Casi un año después del disparo, convencida de que su marido quería matarla, Penha efectuó una deposición ante las autoridades y comenzó su largo trajín para que Heredia fuese condenado.

Riesgo de muerte

Heredia se declaró inocente pero, tras una serie de juicios y recursos que le permitieron seguir libre más de una década después de ser condenado por tentativa de homicidio, finalmente fue encarcelado en octubre de 2002.

Estuvo 16 meses tras las rejas, pasó a régimen semiabierto y en 2007 quedó en libertad condicional.

En medio de las batallas judiciales de casi dos décadas, el caso fue llevado por ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presionó para cambiar las cosas.

El Estado brasileño fue responsabilizado por la demora en el proceso e instado a tomar medidas para prevenir la violencia doméstica, un delito que hasta entonces difícilmente se pagaba con cárcel.

Eso llevó en 2006 a la aprobación de la ley Maria da Penha, que combate la violencia doméstica con castigos más duros para agresores, la posibilidad de prisión preventiva y el impedimento de penas alternativas.

Un informe de Naciones Unidas citó el año pasado esa ley como pionera a nivel mundial en defensa de los derechos femeninos.

En los primeros seis años de vigencia de la norma, las centrales creadas para recibir denuncias registraron 196.610 reportes de violencia física, según datos oficiales. Más de la mitad (52%) presentaban riesgo de muerte.

“Sola no cambia”

Pese a la ley, la cantidad de mujeres brasileñas a las que se les quita la vida continúa generando alarma.

Un estudio del instituto Sangari junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales indicó este año que entre 1980 y 2010 fueron asesinadas 91.000 mujeres en Brasil. Casi la mitad de ellas (43.500) murieron en la última década.

De acuerdo a ese “Mapa de violencia”, la tasa de asesinato de mujeres en Brasil cayó un año después de la ley, de 4,6 a 3,9 casos cada 100.000 mujeres. Pero en 2008 volvió a acercarse a los índices previos y desde entonces se mantiene en torno a 4,5.

Los especialistas creen que esto demuestra el desafío que tiene pendiente Brasil.

“La ley ayuda a cambiar el comportamiento, pero sola no cambia”, dice Eva Blay, una socióloga brasileña que fue una de las primeras en estudiar cuestiones de género en su país.

Maria Magnólia Barbosa, procuradora de justicia del estado de Ceará (nordeste), afirma que la ley también llevó a un aumento de las denuncias de mujeres maltratadas, dándole mayor visibilidad al problema.

“Antes no tenían con quién denunciar”, le explica a BBC Mundo.

“Cuestión cultural”

Ceará, donde reside Penha, es uno de los estados de Brasil con menores índices de violencia doméstica, pese a lo cual, según Barbosa, 157 mujeres murieron en los primeros siete meses de este año por ese problema.

“El feminicidio es una cuestión cultural antes que nada”, sostiene Penha en su hogar y apunta que la violencia doméstica está en todas las clases sociales: “Mi agresor era un profesor universitario”.

Símbolo de la lucha por las mujeres en su país, Penha les aconseja a las mujeres que se sientan amenazadas que busquen apoyo de instituciones y grupos especializados, que se protejan con sigilo y que eviten ser impetuosas.

“Muchas veces la mujer puede desesperarse por estar viviendo una situación así, pero es mejor tener un poco de cautela para que no la maten”, advierte. “Porque es en momentos así que muchas veces la mujer pierde la vida”.

Argentina: Las “víctimas colaterales” del femicidio 

Tenía 9 meses cuando su papá mató a su mamá. José Manuel Alejandro Zerda abandonó al pequeño bebé junto al cuerpo de su pareja, Adriana Marisel Zambrano, luego de haberla matado a golpes de puño y puntapiés en julio de 2008.

Un juez en la norteña provincia argentina de Jujuy, donde ocurrió el crimen, consideró que Zerda actuó sin intención previa y le dio cinco años de prisión. En julio próximo habrá cumplido su condena y reclama la tenencia de su hija.

Para Doris Zambrano, la abuela materna que durante los últimos cinco años crió a la niña, lo que está por ocurrir es una pesadilla.

“Tengo miedo. Le puede hacer lo mismo que le hizo a mi hija”, le confesó a BBC Mundo.

Sin embargo, no hay mucho que la mujer pueda hacer. Según la ley, un hombre que mata a su pareja no pierde la patria potestad sobre los hijos de ambos. Sólo cede temporalmente la custodia mientras cumple su condena.

Aunque son una familia humilde, Doris y sus hijos contrataron a un abogado para tratar de revertir esta situación, pero hasta ahora la Justicia no ha dado su veredicto: la causa está paralizada y el fallo podría darse después de que la niña haya sido entregada al padre.

Para Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios de Argentina, este caso es emblemático porque muestra la injusticia que padecen muchas de las víctimas de la violencia de género.

Es por este motivo que el Observatorio, creado en 2009 por la Asociación Civil La Casa del Encuentro -dedicada a ayudar a mujeres abusadas- fue nombrado en honor a Adriana Zambrano.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, todos los meses la organización da a conocer la cifra de femicidios en el país, basando sus cálculos en los reportes de prensa.

Según el Observatorio, en 2012 murieron 255 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, dejando atrás a 357 niños, 248 de ellos menores de edad. El año anterior fueron 282 las víctimas de femicidio, y quedaron sin madre 361 niños, de los cuales 212 eran menores.

“Los niños son las víctimas colaterales de los femicidios”, le señaló Rico a BBC Mundo.

Golpe doble

Los hijos de las víctimas de femicidio sufren un golpe doble: en un mismo momento pierden a su madre pero también a su padre.

Según Rico, las condenas por este tipo de crimen suelen promediar los 12 años.

Mientras el padre está preso los menores están generalmente bajo el cuidado de otros parientes, normalmente familiares de la madre.

Pero no todas las familias tienen los medios para mantenerlos y muchos hermanos son separados y puestos bajo la tutela de diferentes adultos.

Miriam Zambrano, hermana de Adriana, le contó a BBC Mundo que tanto ella como sus hermanos ayudan a su madre a mantener y criar a su sobrina, que acaba de cumplir cinco años.

La pequeña creció con su familia materna pero los fines de semana los parientes de Zerda la llevan a ver a su padre.

Según Miriam, las visitas a la cárcel traumatizaron a la menor.

“Quisimos poner rejas en la casa de mi madre, por seguridad, pero no pudimos porque mi sobrina las rechazaba, le recordaban a la prisión”, señaló.

Zerda anticipó que cuando cumpla su condena en julio piensa llevarse a su hija a vivir con él, su nueva pareja y el hijo de ambos.

Según Doris, esto angustia a la niña que no quiere dejar de vivir con ella, la persona que la crió.

“Este hombre me quitó a mi hija y ahora me quiere quitar a mi nieta”, expresó afligida.

Nueva ley

Para la diputada nacional Marcela Rodríguez, del bloque Democracia Igualitaria y Participativa, el hecho de que los padres puedan mantener la patria potestad sobre sus hijos a pesar de que mataron a la madre de los niños es una de las tantas injusticias que padecen las víctimas de abuso.

No obstante, la legisladora aseguró que, por ahora, no hay consenso para discutir la posibilidad de quitarles a estos hombres la custodia de sus hijos.

Rodríguez fue una de las impulsoras de la ley aprobada por el Congreso a mediados de noviembre que amplía las penas para los culpables de violencia de género.

Antes, un hombre condenado por matar a una mujer sólo recibía una pena agravada si estaba casado con su víctima. La nueva norma amplía el agravante a toda forma de pareja (novios, concubinos, amantes, etc.), incluso a ex parejas.

“Se estima que entre el 17 y el 30% de las víctimas fueron asesinadas por sus novios”, afirma Rodríguez.

El agravante por vínculo amplía la pena de un homicidio simple (8 a 25 años) a una cadena perpetua.

Otro avance de la nueva ley, según la diputada, es que también agrava las penas en casos de lesiones por violencia de género, lo que podría ayudar a prevenir algunas muertes.

La nueva legislación también prohíbe expresamente que los jueces puedan reducir las penas basados en “circunstancias extraordinarias” en casos donde hubo hechos de violencia previa.

Para Nicolás Laferriere, asesor jurídico del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina (UCA), el tema de revocarles la patria potestad a los padres que asesinan a la madre de sus hijos es demasiado controvertido como para ser impuesto por ley sin un profundo debate previo.

Laferrere le dijo a BBC Mundo que no debe ser abordado desde la perspectiva de la política criminal sino desde la política de familia.

En ese sentido, consideró que más que cambiar la ley se debe analizar cada caso individualmente y aseguró que la legislación actual permite a los jueces quitarle la patria potestad a un padre si considera que sus hijos corren peligro.

Justicia machista

Sin embargo para Rodríguez es muy difícil que los jueces acepten quitarle la patria potestad a un hombre.

Según la legisladora, la justicia argentina es machista, algo que asegura que comprobó a través de una investigación que realizó junto con un grupo de ONGs.

El trabajo indica que en la última década la mayoría de los cónyuges condenados por matar a sus esposas recibieron penas atenuadas por “circunstancias extraordinarias”. En tanto, la mayoría de las mujeres condenadas por matar a sus maridos debieron cumplir cadena perpetua.

Para la diputada, este sesgo machista, que también se extiende al ámbito legislativo, revela lo difícil que será abrir el debate sobre el retiro de la patria potestad a los hombres que matan a sus mujeres.

No obstante, la legisladora destacó los avances logrados con la nueva ley.

Por su parte, organizaciones como La Casa del Encuentro también lamentaron que la nueva norma no tipifique específicamente al femicidio como figura penal.

“No nos conforma, pero es mejor que nada”, resumió Rico.

A comienzos de noviembre, el gobierno argentino anunció que a partir de 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) pondrá en marcha el registro único de casos de violencia contra la mujer, lo que permitirá que por primera vez se centralicen las cifras sobre esta problemática.

Colombia: El crimen de ser bonita

“A mí me ha impresionado mucho que de lo único que se acuerda la gente de Lorena es que era muy bonita. Todo el mundo dice lo mismo: que era súper bonita”, dice Liliana Silva, quien lleva varios años investigando el asesinato de Lorena Nieto Criollo en un municipio rural del departamento de Meta, en Colombia.

“Y todos en el pueblo, hasta sus amigas, también no hacen más que decir: ‘es que como Lorena era tan jodida, es que como Lorena tenía novios'”, dice la abogada de la ONG Casa de la Mujer.

“Nadie ve la vulnerabilidad que la rodeaba. Porque con 14 años, con una madre desplazada, sola y bonita -la iban a postular a reina del pueblo- de esa niña se aprovecharon todos”, asegura.

En su oficina de Bogotá, rodeada de documentos y fotos de Lorena, Silva repasa los detalles del caso y se nota que todavía la indigna y le duele.

Y es que han pasado más de diez años y la familia aún sigue buscando el cuerpo de la pequeña, quien, según testigos, murió degollada en septiembre de 2002 a manos de integrantes de un bloque paramilitar al que pertenecía un supuesto novio suyo.

Han pasado más de diez años y es sólo ahora que el presunto asesino se apresta a comparecer ante la justicia.

Han pasado más de diez años y el caso continúa rodeado de silencios.

Los silencios con los que los habitantes de Vista Hermosa todavía responden a la mayoría de preguntas sobre el tema.

Sentenciada por los paramilitares

La identidad del presunto autor material del asesinato, Juan Esteban Sanmartín Rodríguez, también conocido como “Sergio”, es, sin duda alguna, parte del problema.

Según la policía colombiana, al momento de su captura, en abril de 2012, era el jefe de sicarios de Los Rastrojos, una de las bandas criminales más importantes de Colombia.

Pero el silencio sobre todo se explica por lo que era al momento de la muerte de Lorena.

En ese entonces, Sanmartín era un miembro más del bloque “Héroes de los Llanos” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) – el principal grupo paramilitar del país – y acababa de iniciar una relación con la menor.

Y algunas versiones sugieren que, si degolló a Lorena, no lo hizo por razones personales, sino por encargo y en cumplimiento del papel de “regulación social” que se han autoasignado los grupos armados vinculados al conflicto armado colombiano.

“No participé directamente en la muerte de Lorena, pero a mí me corresponde decir la verdad porque lo hicieron personas que estaban bajo mi mando”, admitió por ejemplo Luis Arlex Arango, “Chatarro”, quien comandaba al grupo de paramilitares al que pertenecía “Sergio”.

Según “Chatarro”, sus hombres le dieron dos versiones del porqué de la ejecución de Lorena.

“En la primera, dijeron que un mayor del ejército quería evitar una demanda porque ella estaba embarazada de él”.

“En la segunda, que ella se había tomado una foto con un guerrillero”, se lee en documentos publicados por la fiscalía colombiana en el año 2011.

“Hacían lo que querían con ella”

Silva no está segura de que, en caso de que hubiera sido asesinada por sus supuestos vínculos con un guerrillero, la muerte de Lorena entre dentro de la categoría de feminicidio.

“En ese caso, el feminicidio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, no encajaría así directo, porque eso le habría pasado a cualquier persona que hubiera sido señalada de ser informante de los guerrilleros”, le dijo a BBC Mundo.

“Pero sí puede considerarse feminicidio por las circunstancias que llevaron a su muerte, por las relaciones de poder que se entretejieron a su alrededor y terminaron en su asesinato”, explicó.

A la abogada le parece además que la más creíble de las versiones es la que que sugiere que Lorena firmó su sentencia de muerte el día que quedó embarazada de un mayor del ejército, quien habría encontrado en la muerte de la menor una forma de salir del problema.

El militar, sin embargo, siempre ha negado haber tenido relaciones íntimas con Lorena.

Aunque, al hacerlo, el uniformado también ha dejado entrever que consideraba que la conducta “impropia” de la joven podía suponer un problema; una opinión aparentemente compartida por los paramilitares que controlaban el pueblo.

“El mayor fue llamado a declarar y dijo que él sí a veces le pagaba la comida, porque le daba pesar una niña tan sola, pero que él no tuvo ningún noviazgo con ella. Y también dijo que le había dicho a la mamá de Lorena que le pusieran cuidado a Lorena, porque le iba a pasar algo si seguía así; un poco como que era una ‘brincona’ (promiscua)”, le contó Silva a BBC Mundo.

“Y el mismo ‘Chatarro’ me dijo en la penitenciaria: ‘A esa niña la cogía cada quien, todos hacían lo que querían con ella, la llamaban cada vez que querían”, relató.

Sin salida

Para la abogada, sin embargo, lo más triste del caso es que la vida nunca pareció ofrecerle otras opciones a la pequeña.

“¿Cuál era el destino de Lorena, con una mamá desplazada, con un colegio que no reportaba nada, con una ausencia completa del Estado colombiano, en una zona llena de militares y paramilitares y antes de guerrilla?”.

“Todo el escenario cultural, geográfico, del conflicto casi que se le volvió una horqueta que se cerró sobre ella y no le dejó salida”, dijo Silva.

Lamentablemente, esa todavía es la realidad de muchas mujeres en Colombia, un país donde en promedio se producen más de tres muertes violentas de mujeres por día.

Un país donde, en el lugar equivocado, ser joven y bonita aún puede acarrear una sentencia de muerte.