Más de 2 millones de expedientes, reservados este sexenio
El gobierno federal incrementó el número de expedientes reservados con relación al sexenio anterior, pues de 8 millones registrados hasta 2012, al día de hoy existen 10 millones 659 mil 399 documentos que no pueden ser conocidos por los ciudadanos.
En el Índice de Expedientes Reservados se puede conocer el detalle de cada expediente reservado por las 243 dependencias gubernamentales, siendo la Procuraduría General de la República (PGR) la que más información tiene clasificada, con 1 millón 538 mil 300 expedientes.
Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 1 millón 238 mil 686 expedientes reservados y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con 793 mil documentos.
El alto índice de reserva se debe a que en la mayoría de los documentos existe información considerada como dato personal, pues por lo regular se tratan de averiguaciones previas, como es el caso de la PGR o de expedientes clínicos, en el caso del IMSS o de quejas presentadas por los ciudadanos, en el caso de la PROFECO.
Las entidades que le siguen en este listado son: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (485 mil); la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (478 mil); la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (426 mil) y la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (332 mil).
Un caso que llama la atención es la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues aunque la dependencia reservó 219 mil expedientes en este último lapso (2012-2013), también fue la dependencia que más desclasificó documentos al “abrir” 374 mil 200 de ellos.
Y reservan información
Los ciudadanos presentaron solicitudes de información al gobierno federal a través de Infomex en todo momento, pero especialmente cuando ocurre alguna coyuntura ya sea política, social o del espectáculo.
Así ocurrió en los primeros días de la nueva administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, pues en Presidencia de la República pidieron conocer los documentos que recibió su equipo durante las primeras reuniones con Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México.
Un solicitante pidió conocer “el o los documentos que se entregó por parte de la dependencia al equipo de transición de Enrique Peña Nieto”. La información fue clasificada como reservada por la Presidencia por 12 años, considerada como de “seguridad nacional”, pues en la documentación entregada a Peña Nieto se encontraba un diagnóstico del país en un documento intitulado “Panorama Nacional”.
Otra información reservada por Presidencia es la del estado de salud en el que se encuentra el jefe del Ejecutivo.
“¿Cuántos check up o estudios de salud le han realizado al Presidente Enrique Peña Nieto del primero de diciembre de 2012 al 22 de febrero del 2013? ¿Cuáles fueron los resultados desagregados de cada estudio médico que se le realizó al Presidente Enrique Peña Nieto del primero de diciembre de 2012 al 22 de febrero del 2013?”, cuestionaron.
Sin embargo, la información fue tipificada como de “datos personales”.
Otras dependencias
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la dependencia consideró como información reservada todo lo relacionado a la investigación que se desarrolla con relación al accidente de la cantante Jenny Rivera.
La información relativa a las asignaciones de bandas de frecuencias de uso oficial también fue información reservada así como datos de factibilidad para conocer la ubicación del nuevo aeropuerto o la firma de un acuerdo sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internaciones o el Fideicomiso del Tren Suburbano.
En la Secretaría de Gobernación reservaron el diagnóstico contratado a la UNODC sobre la situación de trata de personas en México y que esta oficina le entregó a la Secretaría de Gobernación en diciembre de 2012.
También los documentos que contienen los acuerdos P/211112/660 y P/211112/661 en los que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) propuso iniciar procedimientos sancionatorios en contra de las empresas Telmex y Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V.
En la respuesta otorgada al folio 0912100003113, Cofetel respondió que “su difusión puede causar un serio perjuicio en las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes e impedir las acciones de inspección, supervisión y vigilancia tanto de esta Comisión como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
A la Función Pública le pidieron en la solicitud número 0002700013613 la entrega de los resultados de las auditorias realizadas entre 2008 y 2012 a la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el estado en el que se encuentra cada una de ellas. También fueron negadas.
Los más escandalosos
Al inicio de este sexenio, los documentos que se han querido reservar por considerar que es información de seguridad nacional o relacionada con investigaciones en curso son los relacionados con los disturbios del 1 de diciembre, la explosión en la Torre Pemex y las indagatorias a Elba Esther Gordillo, dirigente magisterial.
Esta información tiene su justificación para estar reservada, ya que son investigaciones que se encuentran en curso y no pueden ser conocidas.
Sin embargo, hay información que tiene muchos años de que inició el proceso y hasta ahora no ha sido abierta como los expedientes y las averiguaciones previas relacionadas con la muerte de Luis Donaldo Colosio.
La indagatoria abierta con relación al asesinato del ex candidato a la presidencia no será conocida hasta 2035.
También está cerrada la versión pública de la indagatoria que inició la PGR contra el ex presidente Vicente Fox Quesada con motivo de su evolución patrimonial, la cual se daría a conocer el año pasado y que nuevamente fue clasificada como información reservada.
Se reservó por 12 años (hasta 2020) las notas diplomáticas intercambiadas entre el gobierno de México y Estados Unidos por indagatorias sobre lavado de dinero en 2008.
Y el “Diagnóstico de organizaciones delictivas”, documento que contiene un análisis de los cárteles del narcotráfico de 2006 a 2011, su presencia por estado y desprendimientos, elaborado por la PGR, tampoco se podrá conocer sino hasta 2023.
