La Cámara se echa para atrás: Ya no hay contrato de 115 mdp con Pulso Legislativo
La Cámara de Diputados decidió darle la espalda al contrato de 115 millones de pesos con la empresa Pulso Legislativo y, a través de un comunicado, informó que este documento no estaba firmado y que incluso había sido rechazado desde enero pasado.
Sin embargo, apenas tres días antes la misma Cámara había dado otra versión y peor aún, la empresa contratada, a través de uno de sus socios, declaró ayer que el contrato había sido firmado desde el 10 de enero pasado y que incluso ya habían entregado los primeros estudios.
“Nosotros podemos demostrar con el uso de nuestro sistema que sí se han utilizado nuestros servicios”, explicó Óscar Mendoza, socio de Pulso Legislativo.
En entrevista con Animal Político, Mendoza explicó que el contrato fue firmado con los integrantes del Comité de Administración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
“Quien nos contrata es el Comité de Administración de la Junta de Coordinación Política. Con ellos fue con quien firmamos un contrato con la Cámara de Diputados el 10 de enero de este año”, explicó Mendoza y añadió: “Nosotros no hemos sido notificados de ninguna cancelación y el contrato obliga a que cualquier cambio sea informado con 30 días de anticipación”.
En ese mismo sentido, Carlos Elizondo Mayer-Serra, académico del CIDE, colaborador de diversos medios y “socio estratégico” de Pulso Legislativo, se sumó a esta versión y confirmó que ya se habían entregado diversos servicios a los legisladores, entre ellos la aplicación para smarthphones que “ya utilizan varios legisladores”.
Mendoza también afirmó que hasta que los diputados no hagan oficial el término del contrato, ellos seguirán ofreciendo los servicios.
“Yo no tengo que demostrar nada. Tenemos un contrato válido y hasta que se nos notifique por la vía correcta, nosotros tendremos que proveer los servicios y tenemos que seguir adelante. La Cámara de Diputados tiene hasta 30 días para la notificación y no hay penalización por la conclusión antes de tiempo de los servicios ofrecidos”.
Sin embargo, la Cámara de Diputados ofreció otra versión e informó que no había tal contrato y que era sólo “un proyecto”.
El comunicado distribuido ayer señala:
La versión de hace 3 días
Apenas el 14 de marzo, la Cámara de Diputados había ofrecido una versión distinta sobre el mismo tema.
“El servicio ofrecido por lo proveedores a la Cámara no corresponde a una mera aplicación app. Es un servicio integral de información y análisis legislativo, que además de seguimiento genera productos específicos de prospectiva legislativa”..
La propia Cámara difundió oficialmente la versión de que el servicio se proporcionaba a los legisladores de los siete grupos parlamentarios, con servicios adicionales para asesores y funcionarios.
“Este servicio de asistencia legislativa también genera información en tiempo real, que es utilizada previo a las votaciones, así como en las reuniones de comisiones y en las discusiones del pleno y además ofrece una base de datos integral para un mejor desempeño de los legisladores”, según una carta enviada al periódico Reforma.
Diputados confirmaron el uso de servicios
Hace cuatro días, el 14 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra confirmó que se tenían los servicios otorgados por la empresa, aunque dijo que él personalmente no los empleaba.
“Personalmente no la uso (la aplicación), porque soy un poco torpe para usar ese tipo de cosas, tengo que aprender; pero personalmente, no la uso… El presidente de la Cámara no tiene las habilidades para usarla”, respondió el priista.
-¿Y es necesario ese tipo de servicios?, se le preguntó.
-No le sé decir. Lo que les puedo decir al respecto es que el señor presidente del Comité de Administración tendrá las explicaciones prudentes que darles a ustedes.
Sin embargo, hasta ahora no ha respondido a los cuestionamientos.
Tampoco respondieron a las críticas por la duplicidad de funciones, porque en la Cámara ya contaban con cuatro fuentes de generación de información, cinco centros de estudios y tres oficinas más para tareas de documentación, en los que trabajan más de 200 empleados, además de los propios asesores de los grupos parlamentarios y las comisiones legislativas.
La legalidad del contrato mismo estaba en disputa, una vez que expertos en transparencia dijeron que se violaban la Ley de Adquisiciones y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esto último, por cierto, fue rechazado por Carlos Elizondo, quien declaró a Animal Político que la legalidad del contrato había sido verificado por los abogados de Pulso Legislativo.
“No se duplicaban funciones”: Elizondo
Pulso Legislativo se conformó en diciembre de 2011 teniendo como socios a la empresa Pauta Política Consultores S.C., integrada a su vez por los académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Carlos Elizondo Mayer-Serra e Ignacio Marván, quienes la formaron a título personal.
Pulso Político, a su vez, está formado por Óscar Mendoza y Emiliano Morales Rosales. Este último aparece en su perfil de Linkedin como actual Director de Pulso Legislativo y, hasta diciembre de 2012, también como Investigador Asociado de Pauta Política Consultores.
En entrevista para Animal Político, Carlos Elizondo Mayer-Serra dijo que él e Ignacio Marván participan como “socios estratégicos” y a título personal, no del CIDE, en este contrato con la Cámara de Diputados.
“El contrato incluye una serie de servicios de información sobre lo que va a suceder en la Cámara, sobre lo que sucedió, análisis de los temas, análisis semanal de lo que se fue dando en comisiones y en el pleno, reportes especiales sobre iniciativas concretas y análisis de otras iniciativas, por ejemplo”, explicó Elizondo Mayer-Serra, minutos antes de que fuera cancelado el contrato.
El académico del CIDE aseguró que ni él ni Marván negociaron el contrato y que Pulso Legislativo fue quien los propuso la alianza.
Sólo en una ocasión acudió el investigador Ignacio Marván a la Cámara de Diputados para explicarle a Humberto Aguilar, Secretario de la Junta de Coordinación Política, el alcance de sus servicios, narró.
Según su versión, los servicios que prestaba Pulso Legislativo “no duplicaba” lo que ya hacen más de 200 trabajadores de los diferentes centros de estudios legislativos que ya tiene el Congreso.
“Supongo que nos contrataron porque necesitan de nuestros servicios”, detalló.
“Los centros que hoy tiene la Cámara están en otros tipos de responsabilidades. Están en cosas puntuales, como finanzas públicas… Nadie hace ni podría hacer lo que hacemos nosotros. Mandamos hasta reporteros para ver votación y quien hace la iniciativa”, dijo.
Sobre el contrato, Elizondo dijo: “Uno puede tener sospechas, pero ahí está el trabajo. Comparemos sistemas e información. Hay una sofisticación técnica en lo que hacemos que no tiene nadie más”.
