El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular de la nueva Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y que establece un nuevo piso en materia de justicia en México.
Durante la sesión ordinaria y luego de un proceso de más de dos años en ambas cámaras, se aprobó por 101 votos a favor la nueva ley que entre los temas relevantes incluye la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de la autoridad y de particulares en caso de violación a los derechos consagrados tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales suscritos por México.
El nuevo marco legal amplía la protección del amparo, establece que cualquier ciudadano podrá interponer un recurso tan solo con acreditar un interés legítimo y no exclusivamente un interés jurídico, como lo establece el texto actual.
Asimismo, la nueva ley que fue turnada al Ejecutivo federal para su decreto y publicación se incluye que los juicios de amparo procederán en materias como los derechos sociales, ambientales y agrarios, mas no así en el caso de las controversias de carácter electoral.
El dictamen establece igualmente la figura de declaratorias de inconstitucionalidad de carácter general, en beneficio de la colectividad afectada por algún acto violatorio de los derechos constitucionales.
El 13 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Amparo con la que se prevé garantizar el acceso de toda la población a este derecho.
El Amparo es una figura jurídica que en México surgió en 1847. Fue concebido como instrumento de protección de la Constitución en beneficio de los particulares, pero con el paso de los años fue ampliándose hasta convertirse en un medio de control de las sentencias que dictan los tribunales mexicanos.