Ante la próxima aprobación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) – principal instrumento en política energética para México- organizaciones de la sociedad civil pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que este documento sea coherente con el desarrollo sustentable y de bajo carbono.
Organizaciones alertaron de que en caso de que la ENE continúe con el impulso de fuentes de energía como petróleo y gas no convencionales, ni energía nuclear, existe un gran riesgo de que sea un instrumento opuesto a la política sobre cambio climático presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el pasado 29 de enero.
En ese sentido, las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comunicación y Educación Ambiental; el Centro para el Transporte Sustentable-EMBARQ México; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; FUNDAR; Heinrich Böll Stiftung; Greenpeace México; el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; y Transparencia Mexicana presentaron los puntos que consideran debe contener la ENE para ser un instrumento que verdaderamente abone a mitigar los impactos del cambio climático:
– Armonizar metas y objetivos con la Ley General de Cambio Climático. Considerando que el 67.3 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) –responsables del calentamiento global-provienen del sector energético, la ENE requiere facilitar y promover la reducción del 30 por ciento de las emisiones de Bióxido de Carbono equivalente (CO2eq) al 2020. Esto significa reducir 150 millones de toneladas de CO2eq por año en la producción y consumo energético.
– Establecer metas concretas para el aprovechamiento de energías renovables y la mayor eficiencia energética. Los últimos estudios anuncian la capacidad económicamente competitiva de instalar 19 gigawatts (GW) con fuentes renovables al 2018, el 29 por ciento de la matriz de energía eléctrica. En materia de eficiencia energética, se requiere de metas concretas, considerando las crecientes necesidades energéticas de todos los sectores del país.
– No promover la explotación de petróleo y gas no convencionales, ni de energía nuclear. Los recursos que se asignan a este tipo de proyectos deben ser redirigidos a la promoción de fuentes de energía renovable. Los proyectos petroleros en aguas profundas conllevan riesgo ambiental, su desarrollo contradice el criterio de reducir progresivamente los impactos ambientales del sector energético. Después de Fukushima, no debe haber incremento en la participación de la energía nuclear por el riesgo que representa.
– Reducir el consumo de combustibles fósiles en el transporte. El transporte constituye el 22 por ciento de las emisiones totales de GEI, lo que equivale a 166 millones de toneladas de CO2e. La ENE debe promover combustibles limpios, particularmente con bajo contenido de azufre, que permitan la adopción de tecnologías de punta para el control de emisiones dentro del sector transporte, así como la eficiencia energética mediante la implementación de normas vehiculares.
– Metodología para contabilización de externalidades. La ENE debe garantizar que la producción de energía incorpore criterios que no son tomados en cuenta en los costos y que tienen impactos que pueden ser cuantificados económicamente. Es el caso de criterios ambientales como la emisión de CO2, residuos, afectación a la biodiversidad, entre otros; así como criterios sociales: mala calidad del aire, impactos a la salud, afectación del entorno y de los derechos humanos y de la situación de las mujeres, de los pueblos indígenas y tribales.