La Jornada publica que, de enero de 2006 a agosto de 2012 –periodo que abarcó la “guerra” del ex presidente Felipe Calderón al crimen organizado– se elaboraron perfiles genéticos de 15 mil 618 cadáveres jurídicamente no identificados; 97% de ellos fueron enviados a la fosa común.
Los perfiles correspondían a personas asesinadas que no portaban ninguna identificación, entre ellos migrantes y víctimas de enfrentamientos con policías, militares y delincuentes, o bien entre miembros de bandas rivales. En ese lapso, de esos miles sólo 425 fueron identificados, aunque se desconoce si se entregaron a familiares.
Una investigación realizada por ese diario detectó que, a pesar de los acuerdos para elaborar un protocolo de identificación de personas asesinadas, las procuradurías de Justicia del país carecen de reglas homologadas para el manejo y conservación de cuerpos o restos humanos.
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