Anoche fueron puestas en libertad las 14 personas que se encontraban detenidas por los disturbios del pasado 1 de diciembre, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Los presuntos involucrados en los hechos obtuvieron su libertad provisional, pues recibieron garantías ante la juez 47 penal del Distrito Federal, Patricia Mora Brito.
Las personas que abandonaron el Reclusorio Norte son César Llaguno Romero, Sandino Jaramillo Rojas, Alejandro Lugo Moreno, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría y Roberto Adrián Duarte García.
Además Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Stylianos García Vackimes, Daniel García Vázquez, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Jorge Enrique Rosales Rojas y Bryan Reyes Rodríguez, quien fue el primero en salir de dicho centro penitenciario.
En tanto, Rita Emilia Neri Moctezuma, la única mujer detenida, abandonó el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de pagar la fianza que se le impuso.
A excepción de Bryan Reyes Rodríguez, a quien se le fijó una fianza de 67 mil pesos y se le ordenó resarcir el daño con un pago superior a los 44 mil, las demás personas pagaron una fianza de 40 mil pesos por el delito de ataques a la paz pública.
Los liberados ofrecieron una conferencia de prensa al obtener su libertad y coincidieron en señalar que continuarán en la lucha por los ideales que consideran son los correctos.
Diputados del PRD pagaron las fianzas
Luego que se abriera la posibilidad de que las 14 personas que permanecían presas tras los disturbios del pasado 1 de diciembre salieran bajo fianza, dos diputados federales del PRD pagaron el monto requerido para que los detenidos alcanzaran la libertad.
David Peña, uno de los abogados de los detenidos, dijo a Animal Político que los legisladores perredistas Roberto López Suárez y José Luis Muñoz aportaron alrededor de 6 mil pesos por cada uno de los 13 detenidos a los que se les fijo una multa de 40 mil pesos, cifra que equivale a la garantía que se tiene que cubrir para obtener la libertad, mientras el resto se tendrá que pagar por medio de una afianzadora.
Peña confirmó que pedirán el sobreseimiento del caso, debido a que la reforma al artículo 362, referente a los ataques a la paz pública, redujo la gravedad de ese delito y sus penas. Agregó que la juez fijó la fianza en 40 mil pesos de manera subjetiva debido a que no hay una tabla ni tabulación para fijar estos montos.
Con información de Notimex.