Frenan aprobación de la Reforma Educativa
La velocidad que llevaba la reforma educativa rumbo a ser aprobada en la Cámara de Diputados se topó con un freno antes de llegar al pleno, por lo que el dictamen quedó fuera de la discusión en la sesión de este martes y en espera de que se discuta en la sesión extraordinaria que se celebrará mañana.
Pese a que la discusión era el primer punto en la Gaceta Parlamentaria de hoy, los legisladores la retuvieron por dos desacuerdos: el mecanismo para designar a la Junta de Gobierno del eventual Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y por la redacción de un inciso en el artículo quinto transitorio que, según diputados de izquierda, pondría en riesgo la gratuidad de la educación, pues deja abierta la posibilidad de que las familias deban participar con cuotas para el mantenimiento de los planteles y la compra de materiales educativos.
Manlio Fabio Beltrones, coordiandor parlamentario del PRI dijo esta mañana que hay una idea compartida “con la colegisladora” para discutir el mecanismo de designación, por lo que se espera que entre hoy y mañana, los diputados se reúnan con Senadores para analizar el punto.
Diputados de todas las fracciones comentaron esta tarde sobre el estado de la reforma salvo por Nueva Alianza. El Grupo Parlamentario del partido ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación declinó hacer comentarios sobre los puntos que detuvieron la discusión, según se informó a Animal Político por personal de Comunicación Social.
A continuación, presentamos las consideraciones de los diferentes grupos políticos sobre los aspectos que han frenado la aprobación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucional:
El mecanismo de elección de la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación
El Grupo Parlamentario del PAN, en voz de su coordinador Luis Alberto Villarreal, informó que tienen reservas en la forma en que se elegirán a los integrantes de esta junta.
La iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto estipula que los cinco miembros del órgano serán designados por el Ejecutivo y deberán ser aprobados en 30 días naturales por dos terceras partes de la Cámara de Senadores. De no haber acuerdo en la Cámara, la propuesta del titular del Ejecutivo se ratificaría.
En el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Puntos Constitucionales no hubo cambios a esa propuesta.
“Nosotros queremos un esquema parecido al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que el Presidente envíe una terna por cada uno de los cinco comisionados y que por mayoría calificada el Senado apruebe a dicho comisionado”, dijo Luis Alberto Villarreal.
“Tiene que haber una terna para tener candados democráticos y podamos garantizar que efectivamente esos comisionados son los hombres y las mujeres más capaces para el cargo”.
Más temprano, Beltrones indicó que para el PRI es inaceptable que el Ejecutivo no tenga intervención alguna en el nombramiento de los integrantes de la Junta porque se trata de una política de estado en la que el titular del Ejecutivo debe tener injerencia.
La participación de las familias en la gestión de los planteles y el “riesgo” de la gratuidad
El artículo quinto transitorio de la iniciativa de reforma propone que el Congreso prevea reformas al marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para “mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”.
Para ello, dice inciso A del párrafo tercero que se debe propiciar la participación para que alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en los retos de las escuelas.
Mientras que para el Grupo Parlamentario del PRI y el PAN este artículo no representa un problema para el avance de la iniciativa, la izquierda lo señala como un riesgo.
La diputada perredista Julisa Mejía Guajardo, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales (redactora del dictamen) apuntó que con la redacción como se encuentra ahora, hay peligro para que, de facto, se impulse la permisividad a las cuotas que pagan las familias pese a que se encuentran prohibidas.
“Está tan ambiguo (el inciso) que se presta para todo. Para que los directores sean gestores, para que los profesores sean gestores. Para que de hecho se quite la gratuidad porque que los padres van a tener que aportar recursos para que las escuelas mejores”, dijo la diputada, quien en la Comisión, tuvo uno de los tres votos en contra del dictamen.
