¿Quiénes serán los nuevos ministros de la Suprema Corte?

Hoy serán elegidos los dos nuevos ministros que ocuparán un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustituir a los ministros Salvador Aguirre Anguiano  y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Manuel Baráibar

Una de las sugerencias del aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Baráibar Constantino, para “un juez que inicia su carrera judicial” es tener siempre en cuenta que “ser juez perfecto es imposible, pues “el único que ha existido fue crucificado hace 20 siglos en medio de dos ladrones”.

La inclusión de Baráibar en la terna enviada el 10 de octubre al Senado de la República para sustituir al ministro Guillermo Ortiz Mayagoita a partir del 1 de diciembre, según varios trascendidos, fue producto de una negociación entre el presidente Felipe Calderón con el mandatario electo Enrique Peña Nieto, pactada durante la cuarta reunión entre ambos políticos el pasado lunes 8 de octubre en Los Pinos.

Fue después de ese día cuando el nombre del magistrado Julio César Vázquez Mellado García, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fue borrado de la terna para incluir a Baráibar Constantino como uno de los posibles ministros del máximo tribunal de justicia en México.

De San Cristóbal a la antesala de la Suprema Corte de Justicia

Manuel Baráibar Constantino nació el 21 de noviembre de 1951 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En ese “pueblo mágico” de casonas coloniales, callejones empedrados e iglesias barrocas, Baráibar cursó sus estudios básicos y la licenciatura en la Escuela de Derecho de Chiapas, la cual concluyó en octubre de 1973.

Para 1974, Baráibar continuó su carrera como servidor público, ésta vez como jefe de servicios federales del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (hoy Secretaría de Reforma Agraria); sólo duraría en ese encargo seis meses, pues en junio de ese año, Baráibar migró de su ciudad natal para trabajar en el Distrito Federal como actuario judicial y, meses después, como secretario judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, donde colaboró hasta mayo de 1978.

Tras su salida del juzgado, Baráibar fue nombrado agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y permaneció en ese puesto durante tres años, de 1978 a 1981. Al dejar su puesto en la PGJDF, trabajó por seis años como gerente de asuntos jurídicos de la empresa paraestatal  Mexicana de Cobre S.A. de C.V., privatizada durante el sexenio de Carlos Salinas; de 1987 a 1988, se desempeñó como subdirector jurídico corporativo de otra paraestatal: Diesel Nacional S.A.

En marzo de 1988, Baráibar se reincorporó al Poder Judicial de la Federación, ésta vez como secretario proyectista del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Al tiempo que Carlos Salinas de Gortari tomaba protesta como Presidente de la República en medio de protestas sociales provocadas por una elección cuestionada, Baráibar comenzó su ascenso en la esfera judicial: en diciembre de 1988, fue designado Secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esos mismos Ministros para quien Baráibar trabajó a partir de 1988, lo nombraron juez de distrito el 1 de julio de 1990. Fue adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco.

Su labor como juez en Jalisco se extendió por cuatro años hasta que la SCJN lo designó magistrado de circuito, adscrito al Tribunal Unitario de Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco.

Por decisión del Consejo de la Judicatura Federal, Baráibar cambió de Tribunal en seis ocasiones: de 1996 a 1997, se integró al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Toluca; después, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del mismo Segundo Circuito, entre 1997 y 2001; de abril a diciembre de 2001, fue parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En diciembre de 2001, fue designado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, donde se mantuvo hasta mayo de 2004; una vez más, Baráibar fue enviado al Estado de México, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de 2004 a 2006; finalmente, en mayo de 2006, se reintegró Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el cual se mantiene hasta la fecha, en espera de obtener el respaldo del voto de las dos terceras partes del pleno del Senado de la República para convertirse en Ministro de la SCJN.

Tres sentencias destacadas.

Como parte de la documentación requerida por la Comisión de Justicia del Senado a los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, Baráibar remitió a dicho órgano legislativo tres sentencias destacadas en las cuales participó como ponente.

La primera, dictada en el juicio de amparo directo 396/2009, promovido ante el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la que se reclamaba la inconstitucionalidad del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, relativa al valor que ministerios públicos, jueces y tribunales podrán otorgar a las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena.

Tras examinar los argumentos del proyecto de Baráibar, el Tribunal Colegiado estimó que la norma impugnada no violaba la garantía de exacta aplicación de la ley penal, ya que “si bien la norma examinada confiere al juzgador atribuciones para que haga una valoración discrecional del material probatorio, también le impone el deber de exponer los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba, es decir, el juez tiene que justificar que se encuentran probados los hechos de los cuales se derivan las presunciones y que existe un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca”.

Para Baráibar, la trascendencia de esta sentencia radica en determinar que “la facultad discrecional que confiere la norma que establece la prueba presuncional o indiciaria mencionada, no implica que el juez pueda determinar arbitrariamente los hechos del caso a partir de presunciones”.

La segunda sentencia destacada por Baráibar fue la dictada en el amparo directo 79/2012, en la cual se revisaron principios relacionados a la protección de derechos humanos contenidos en tratados internacionales y a la interpretación de la Ley respectiva en un caso de delitos financieros y lavado de dinero.

En el proyecto de dicho amparo, Baráibar argumentó que no tuvo lugar la violación de los derechos de presunción de inocencia, el non bis in ídem, y la aplicación retroactiva de la ley reclamados por el quejoso. “El Tribunal consideró que no existió violación alguna de los citados principios y derechos, en concordancia con los diversos de convencionalidad, pro homine y progresividad”.

En lo concerniente a los delitos financieros y lavado de dinero, “se interpretó el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en la parte relativa al supuesto de quien transfiera o de cualquier otra forma disponga de recursos o valores de clientes o instituciones de crédito, y se examinaron los servicios de banca y crédito, a saber: operaciones pasivas y activas, servicios de intermediación financiera, naturaleza irregular del contrato de depósito”.

“Estos temas, desde mi perspectiva –asegura Baráibar- tienen especial importancia y trascendencia en tanto que fijan criterios sustantivos y competenciales para las autoridades, tanto jurisdiccionales como las encargadas de combate a la delincuencia organizada, cuando conocen de conductas que utilizan a las instituciones que componen el sistema financiero del país, para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La última sentencia remitida por Baráibar al Senado, es la dictada en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el juicio de amparo en revisión 42/2001 que reclamaba la aprobación, promulgación y ejecución del Decreto número 13, que reformaba el Código Financiero del Estado de México, particularmente en el artículo 59 sobre Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal y sus excepciones.

Al elaborar el proyecto, Baráibar consideró constitucional la norma que contempla para el Estado, Municipios y órganos desconcentrados “la exención del pago  de impuestos a determinadas personas morales, es decir, que las exime de la obligación de pagarlos no obstante que realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del Estado de México”.

“La trascendencia y relevancia del asunto –según lo expuesto por Baráibar- radica en que se determinó el alcance de los principios constitucionales de igualdad y equidad tributarias, al reconocerse la constitucionalidad de una norma tributaria que exime a determinados sujetos del pago de un impuesto con la finalidad de promocionar un objetivo colectivo de naturaleza social y económica”.

Raúl Salinas y Onésimo Cepeda: dos amparos polémicos.

Durante su readscripción, en junio de 2004, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, Baráibar se enfrentó a una de las decisiones más polémicas de su carrera judicial, al otorgar un amparo a Raúl Salinas, preso por acusaciones de homicidio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Al respecto, Baráibar –quien actualmente cursa una maestría en derecho en amparo en la Universidad Tepantlato y ha participado como coautor de las publicaciones Ley de Amparo Comentada y Análisis de la Nueva Ley de Amparo, editadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.- asegura no haber sido sujeto a presiones de ningún tipo en el juicio que a la postre serviría para la liberación del hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas.

“Cuando resuelvo no veo nombres ni me  importan las investiduras con las que me enfrento al  resolverlo; nunca resuelvo conforme a consignas”, dijo Baráibar en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el pasado lunes 29 de octubre de 2012, a pregunta expresa de la senadora del PRD, Dolores Padierna.

Por el contrario, Baráibar sostuvo que antes de emitir un juicio de valor en “este asunto, desde luego polémico, por el nombre y apellido”, primero debe estudiarse el expediente completo y las consideraciones que sustentaron la sentencia.

“Sin pretender ser grosero, ni mucho menos, sí le respondo con todo respeto y comedimiento que esa resolución tal y como se dictó la volvería a dictar porque efectivamente lo casos que fueron juzgados no existieron las pruebas suficientes. Y una cosa más, diría tajantemente, la investigación que realizó el Ministerio Público en todos los casos fue deficiente, de manera que nuestra resolución no podía  sustentarse en ninguna otra  consideración”.

Al ser reasignado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Baráibar estuvo involucrado de nueva cuenta en un caso polémico al revisar una solicitud de amparo contra una orden de ejercicio de acción penal dictada por un juez federal, a principios de 2011, en contra del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, acusado por la Arthinia Internacional, S.A. por fraude procesal al supuestamente falsificar e intentar cobrar ante un juzgado mercantil un pagaré por 130 millones de dólares.

En esa ocasión, la presentación y discusión del proyecto por parte del magistrado proyectista Carlos Rueda Dávila fue suspendida en siete ocasiones a petición de Baráibar, quien alegaba la necesidad de estudiar el “caso con mayor profundidad”.

En el curso de ese retraso en la resolución del amparo, entre abril y junio de 2011, el sentido del proyecto cambió a favor del prelado; dicha situación generó suspicacias entre los abogados de Arthinia, quienes presentaron una denuncia de hechos contra Manuel Baráibar, Onésimo Cepeda y seis personas más ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 29 de junio de 2011, además de una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Tanto la demanda en PGR, como la queja interpuesta en la CJF fueron desechadas sin sancionar a nadie. En el expediente de Baráibar obran otras 20 quejas ante la Judicatura Federal. Todas ellas han sido declaradas improcedentes.

“Baráibar tiene amigos muy poderosos, entre ellos el actual ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls, el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos, quien fue su cuñado –explicó en entrevista el abogado penalista Xavier Olea- y ellos, que tienen injerencia en la judicatura, le ayudan para que salga limpio de todas las quejas”.

Cuestionado sobre ese caso por el senador perredista Manuel Camacho Solís, Baráibar acusó al abogado Olea de realizar un trabajo poco profesional y reiteró que en su trayectoria de más de dos décadas como juzgador jamás pone atención en los nombres y apellidos de las partes.

“Si resolvimos en ese sentido porque los conceptos de violación, por ineficacia o porque el comportamiento del abogado que llevaba ese asunto fue deficiente, esa situación, desde luego yo creo que no le puede aprovechar a ninguna de las partes”.

Con el rostro enrojecido, Baráibar pidió al senador Camacho lo mismo que a Padierna: antes de opinar, hay que realizar un examen a fondo del expediente y las constancias del caso, “no a través de discusiones mediáticas como es la que se ha dado”.

El aspirante a la Suprema Corte se quejó de igual forma, de lo que consideró un trato inquisitorio durante su comparecencia ante los senadores.

“Si este Honorable Senado tiene en consideración juzgar a un juez por sus propias decisiones, me parece que, primero que nada, tendríamos que partir del examen acucioso de ese expediente. Reitero, si no conocemos el expediente, poco podríamos hacer”.

“Ser un juez perfecto es imposible”, escribió Baráibar en su carta para los jueces que inician una carrera en el poder judicial. Su propia trayectoria, así lo demuestra.

Rosa María Temblador Vidrio

Para Rosa María Temblador Vidrio, el sustento de su nominación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la carrera que ha labrado durante 33 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

La Magistrada asegura que no tiene nexos políticos ni preferencias por algún partido o institución, por lo que sólo por su trayectoria se explica que el Presidente Felipe Calderón la tomara en cuenta para incluirla en la terna de candidatos a reemplazar al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Como prueba de su dicho, la juzgadora asentada desde hace 18 años en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en Puebla, afirma que el 10 de octubre se enteró de su nominación a través de la prensa.

“Estoy sorprendida de que yo esté aquí, la verdad”, manifestó a los senadores de la Comisión de Justicia ante los que compareció el 29 de octubre.

Oriunda de El Grullo, uno de los tres municipios más pequeños en extensión de Jalisco, Temblador Vidrio inició su carrera judicial como proyectista en 1979, cuando tenía 22 años de edad y cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La candidata a Ministra de la SCJN sólo interrumpió su trayectoria en 1980, año en el que laboró como abogada postulante para el despacho González Peña, Domínguez Chávez y Asociados, en Guadalajara.

En sus primeros ocho años de carrera, fue proyectista y secretaria en dos juzgados y dos tribunales en Jalisco, en uno de los cuales era Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien posteriormente formó parte de la primera generación de magistrados del Tribunal Electoral del PJF y fue una de las encargadas de calificar la elección presidencial que ganó Calderón.

Temblador Vidrio dio un salto en su vida profesional en 1987, cuando se trasladó a la Ciudad de México para convertirse en secretaria de Estudio y Cuenta del pleno de la SCJN, trabajando en ponencias de los Ministros Raúl Cuevas Mantecón y Felipe López Contreras. Un año después recibió el nombramiento de Juez y fue asignada al Juzgado Quinto de Distrito en Puebla, entonces de reciente creación.

El PJF la nombró Magistrada a propuesta avalada por unanimidad en 1993 y la designó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en el puerto de Veracruz. Al año siguiente regresó a Puebla tras ser adscrita al Tribunal Colegiado en el cual permanece hasta la fecha.

Una de las resoluciones que presume empujó al Congreso de Puebla a reformar el Código de Procedimientos Civiles estatal en 2007 para quitar el requisito del abogado patrono en los procesos, luego de que amparó a una mujer a la que se le había desechado su demanda por carecer de defensa.

Ese caso lo presentó ante senadores como muestra de su trabajo, al igual que las sentencias que emitió en dos juicios de amparo directo derivados de un divorcio de matrimonio y un concurso mercantil por la quiebra de una empresa.

Dentro del litigio por el concurso mercantil produjo seis tesis que han sido utilizadas por otros tribunales en sus resoluciones.

En total, durante sus 19 años como Magistrada, Temblador Vidrio ha producido 40 jurisprudencias y 95 tesis aisladas en proyectos de juicios de amparo, reclamaciones y quejas sobre casos civiles, penales y mercantiles, principalmente.

Según registros de la SCJN, 26 criterios emitidos por la Magistrada fueron analizados en contradicción de tesis y seis de ellos fueron superados.

Tal vez el caso que ha llevado que tuvo mayor eco mediático en el estado fue un juicio en el que el Tribunal Colegiado concedió un amparo al Ayuntamiento de Puebla en 2008, cuando la Alcalde era Blanca Alcalá Ruiz, actualmente senadora por el PRI.

La Alcaldía buscó la protección de la justicia federal debido a que la empresa Desarrollo Iberoamericano exigía el pagó de más de 40 millones de pesos, tras acusar que se le adeudaba la construcción de un tramo de un distribuidor vial levantado años atrás.

De forma paralela a sus labores, Temblador Vidrio obtuvo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana de Puebla en 2004 con la tesis “Facultad Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, además de que ha sido ponente en cinco seminarios, congresos y programas, y ha participado en otros 11 eventos.

En junio de este año fue designada como Delegada del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la SCJN en el Sexto Circuito, compuesto por 12 juzgados y 11 tribunales.

Merecedora de un premio por parte del Colegio de Abogados de Puebla y un reconocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma del estado, Temblador Vidrio es considerada como una Magistrada del sector que pudiera calificarse como conservador dentro del PJF, indicó un funcionario consultado que habló bajo condición de anonimato.

Un caso resuelto por el pleno de la SCJN del que Temblador Vidrio se ha manifestado públicamente es la validación de la unión entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten hijos en el Distrito Federal.

Aunque considera que el asunto es relevante porque se aprobó la transformación del concepto tradicional de familia, la Magistrada expuso en una ponencia que antes de reformar el Código Civil del Distrito Federal, los asambleístas debieron acreditar que la convivencia de menores en un seno familiar conformado por parejas del mismo sexo no es susceptible de causarles daño emocional.

En su análisis del caso, señaló que coincidía con la argumentación expuesta durante el debate del pleno por el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, considerado como el miembro de la SCJN más conservador.

Temblador Vidrio también opina que la vida comienza desde la concepción, aunque no se manifiesta a favor o en contra de la despenalización del aborto.

En su trayectoria como Magistrada acumula 26 quejas administrativas, la cifra más alta entre los seis candidatos a la SCJN, aunque ninguna fue declarada fundada y por lo tanto no tiene sanciones en su historial.

Bajo la oferta de que ha actuado con honestidad, firmeza, imparcialidad y entrega absoluta, la Magistrada de 55 años de edad apuesta a que el Senado valore su trayectoria para elegirla Ministra de la SCJN.

Alberto Pérez Dayán

El 10 de febrero de 2011, el magistrado Alberto Pérez Dayán sólo convenció a cuatro de 114 senadores presentes en la sesión plenaria, de contar con el perfil idóneo para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quedó vacante tras el fallecimiento de José de Jesús Gudiño Pelayo.

“Pérez Dayán tuvo muy buen desempeño en la comparecencia del año pasado –recuerda sobre aquél proceso el ex senador y hoy diputado del partido Verde, Tomás Torres Mercado-, el problema es que el perfil de Jorge Pardo Rebolledo (actual ministro de la SCJN) era por mucho mejor. Me parece justo que Pérez Dayán haya sido propuesto nuevamente para la Suprema Corte. Es un reconocimiento a su trayectoria en el Poder Judicial”.

El reconocimiento a la trayectoria referido por el diputado Tomás Torres, es considerado por otras como una señal del abierto respaldo de la familia Calderón Zavala a esta candidatura, ya que, aseguran, Pérez Dayán mantiene una relación profesional y de amistad con el ex magistrado Diego Zavala Pérez -suegro del presidente Felipe Calderón- quien fuera secretario académico en La Salle durante la época estudiantil del hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ésta cercanía con la familia política del presidente Calderón y una trayectoria pulcra y sin resoluciones polémicas en su trajín de casi dos décadas al interior del Poder Judicial de la Federación, parecen ser la apuesta principal de Pérez Dayán en su segunda nominación a la Suprema Corte, dentro de la terna para sustituir al ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Preparación académica y carrera judicial.

Alberto Gelacio Pérez Dayán nació en la colonia Roma Norte, del Distrito Federal, el 13 de diciembre de 1960. El hijo de Gelasio Pérez y Victoria Dayán ingresó a la facultad de derecho de la Universidad La Salle en verano de 1978.

Durante su paso por esa institución, Pérez Dayán destacó por su promedio de excelencia y se tituló con mención honorífica, en 1984, por la presentación de su tesis “El Control Administrativo de las Entidades de la Administración Pública Federal”. Terminados sus estudios de licenciatura, continuó su preparación académica al cursar la Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estadios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM de 1985 a 1986, y el Doctorado en Derecho, también en la máxima casa de estudios de México, entre 1986 y 1988.

Pérez Dayán combinó sus estudios de doctorado, con dos especialidades en amparo: una en la Universidad Panamericana –en 1986- y la otra, en 1987, en el Instituto Mexicano del Amparo, A.C.

En el ámbito laboral, Pérez Dayán inició su carrera en el Poder Judicial de la Federación a partir de 1987, como secretario del Tercer Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito, y posteriormente como Secretario de Estudio y Cuenta del Pleno y de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En octubre de 1992, el pleno de la Corte designó a Pérez Dayán como juez de distrito, adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán; en 1994, fue cambiado al Juzgado Quinto de Distrito en Material Penal, con sede en el Distrito Federal, donde se mantuvo hasta 1998. En ese periodo, también fungió como profesor y tutor académico de la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la UNAM, y cursó un diplomado en Derecho Angloamericano en la Universidad de Texas, campus Austin.

Bajo el nuevo modelo de designación de jueces y magistrados, Pérez Dayán participó en el segundo concurso interno de oposición y fue designado como magistrado de circuito en febrero de 1998. Y fue enviado nuevamente a Yucatán, el Primero Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. Ahí, nuevamente complementó su labor como juzgador con la docencia en la Universidad Marista, campus Mérida, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Para el año 2000, Pérez Dayán regresa a la capital del país para integrarse  Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En dicho tribunal, Pérez Dayán participó en el análisis de la resolución dictada por un juez de distrito respecto a la violación de la suspensión del juicio de garantías en el pleito entre Promotora Internacional Santa Fe y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por el caso conocido como “El Encino” y emitió un voto particular para argumentar a favor de la empresa y en contra de la actuación del GDF en la expropiación del predio.

“El interés de la colectividad estará siempre por encima del particular, pero la indemnización no implicará sólo valor comercial, sino daños y perjuicios procediendo la indemnización. Como ese donde se efectuó una ejecutoría de garantías, esperemos que este caso sea de los menores”, dijo Pérez Dayán en relación a esta caso.

De acuerdo a los registros del Consejo de la Judicatura Federal, las resoluciones de Pérez Dayán han generado 18 quejas, de las cuales ninguna ha sido declarada procedente. El mismo órgano afirma que en cuatro revisiones sobre el desempeño del magistrado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “no se advirtieron irregularidades que pudieran constituir alguna responsabilidad administrativa”.

Sentencias destacadas          

En cumplimiento con lo solicitado por la Comisión de Justicia del Senado, Pérez Dayán remitió a ese órgano legislativo las sentencias más relevantes que ha dictado en su carrera como juzgador, en la cual ha resuelto más de quince mil asuntos.

Como número uno, Pérez Dayán seleccionó la sentencia del amparo directo D.A. 717/2011, referente a un caso sobre propiedad intelectual, en el cual se alegaba la violación de los artículos se estimaron violados los artículos 1, 14 y 16 constitucionales.

Para esta caso, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito votó a favor el proyecto de Pérez Dayán y otorgó el amparo a la parte quejosa, en contra de una resolución del la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Aquí puedes ver la sentencia completa.

Como segunda sentencia destacada, el aspirante a ministro remitió una referente a otro amparo directo (D.A. 445/2012) promovido por la representación legal de un hotel donde, según una decisión del Consejo para Prevenir la Discriminación, se negaron los servicios a un grupo de personas por su condición de raza.

Pérez Dayán explicó, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, que lo relevante del caso es la interpretación respecto de la carga probatoria en un tema de discriminación recae sobre la parte acusada, y no sobre la parte que acusa.

“En este caso, a quien se atribuye este acto discriminatorio, introduce  alguna excepción o alguna justificación para demostrar que esto no sucedió, es precisamente quien debe acreditar que esta circunstancia no se dio; en términos concretos, se revierte la carga de la prueba, no tanto para quien afirma, sino para quien niega haber causado una determinación de esta naturaleza, cuando aceptando los hechos introduce causas, que a su entender le justificaban el  resultado obtenido. Eso es lo valioso del criterio”.

Un ferviente defensor de la vida.

Alberto Pérez Dayán está a favor de la vida y así lo manifestó al ser cuestionado en su comparecencia en el Senado de la República sobre su postura respecto a la legalización de la interrupción del embarazo que se ha aprobado en varias legislaturas estatales.

“Soy un ferviente defensor de la vida, como creo que lo debe ser todo demócrata; sin embargo, no dejo de reconocer circunstancias que la sociedad enfrenta en cuanto a este tipo de fenómenos, que llevan a cada una de las personas a tomar  decisiones diferentes o contrarias a estos lineamientos de  vida”, dijo Pérez Dayán, y agregó ser muy respetuoso del trabajo de los legisladores locales en ese asunto.

“El  legislador consciente de la responsabilidad que supone encontrar las causas y  responder a ellas a través de la legislación, en ejercicio, precisamente de la soberanía que le da la Constitución a cada una de las entidades federativas, ha legislado para despenalizar este tipo de circunstancias”.

Al reconocer la existencia en éste un problema que polariza a sectores opuestos de la sociedad, Pérez Dayán dijo considerar necesario fortalecer otras opciones preventivas y recurrir al aborto como la última alternativa para una mujer embarazada.

“Si esto es hoy necesario, tratemos de crecer al último reducto al que tenga que llegar alguien que se vea en una circunstancia de esta naturaleza, y lo digo porque,  seguramente la propia sociedad construirá, tendrá a su alcance medios que permitan, no sólo pensar en esa  alternativa, sino en cualquier otra que favorezca a la vida”.

Con estos antecedentes, es previsible que en caso de alcanzar las dos terceras partes de la votación del Senado para ser ministro en la Suprema Corte, Pérez Dayán se alinearía con los ministros del ala conservadora.

Andrea Zambrana Castañeda

La Magistrada Andrea Zambrana Castañeda afirma que el puesto de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el privilegio más grande al que aspira como juzgadora.

En los últimos dos años, la actual integrante del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región ha sido nominada dos veces por el Presidente Felipe Calderón a la SCJN, a pesar de que tiene menos de un lustro como Magistrada.

Nacida en la Colonia Roma, en el Distrito Federal, Zambrana Castañeda tiene 49 años de edad, de los cuales los últimos 17 los ha destinado a forjar una carrera dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF). Es, de los seis candidatos propuestos a la SCJN, la más joven y la que menor trayectoria tiene en la justicia federal.

No obstante, acumula una experiencia de más de 8 años dentro de la SCJN, tiempo en el que fue secretaria de Estado y Cuenta de la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien ahora aspira a relevar.

Según registros públicos, sus padres desarrollaron carreras dentro de la ciencia y la justicia. Originario de Bolivia, Wilfredo Zambrana Peñaloza, su padre, se especializó en agronomía, y Eva Castañeda de Zambrana, su madre, fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Con ese bagaje familiar, Zambrana Castañeda cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulándose en 1991 con mención honorífica. Durante su etapa como estudiante, fue becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país.

En su tesis “Autotutela: algunas formas que subsisten” agradeció a dos catedráticos su interés en el desarrollo del trabajo de 94 páginas. Uno fue el finado jurista Cipriano Gómez Lara y el otro el ex Ministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, quien entonces era Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Precisamente en el Tribunal Colegiado en el que Góngora Pimentel despachó por más de una década, Zambrana Castañeda inició en 1995 su trayectoria formal dentro de la PJF como secretaria.

Antes, entre 1991 y 1994, había ocupado cargos de subdirección y dirección en áreas de la Lotería Nacional y la Comisión Federal de Competencia de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -actualmente Secretaría de Economía-, además de tener un breve paso en la Oficialía de Partes Común de Tribunales Colegiados en el Distrito Federal.

Zambrana Castañeda elaboró proyectos para el Magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor durante su paso por el Tribunal Colegiado, en el cual entonces también era Magistrada la actual Ministra de la SCJN, Margarita Luna Ramos.

En 1999, Zambrana Castañeda emigró a la SCJN, donde, según una fuente consultada, se convirtió en una de las funcionarias de mayor confianza del Ministro Aguirre Anguiano, quien durante los 17 años en el cargo ha sostenido posiciones que pueden calificarse de conservadoras.

Entre los numerosos proyectos que elaboró con el Ministro, destaca el derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores en 2006 en contra de las reformas a las leyes Federal de Telecomunicaciones y Federal de Radio y Televisión, conocidas popularmente como “Ley Televisa”.

El proyecto llevó a que en 2007 el pleno de la SCJN declarara inconstitucionales artículos que, entre otros aspectos, vulneraban garantías de igualdad y libre expresión, y propiciaban prácticas monopólicas y fenómenos de concentración en beneficio de los concesionarios de radio y televisión abierta, además de afectar la rectoría del Estado en la materia.

Sobre ese caso emitió su opinión siendo ya Magistrada a través de un ensayo que publicó en 2011, en el cual expuso que los criterios emitidos por la SCJN se ajustan a los estándares internacionales y reflejan una aspiración por lograr una sociedad informada y libre.

El nombramiento de Magistrada lo obtuvo en 2008, durante el Tercer Concurso de Oposición Libre. De los 10 ganadores, sólo ella y dos funcionarios más obtuvieron la designación sin antes haber sido jueces, factor que generó críticas entre el personal del PJF por considerar que no tenían el mérito suficiente para ser magistrados.

Fue asignada como Magistrada al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan, Estado de México, donde produjo sus primeras tres jurisprudencias y cinco tesis aisladas en proyectos para resolver juicios de amparo y revisiones fiscales.

Al Tribunal Auxiliar donde despacha en la actualidad llegó en 2009, justo cuando inició funciones tras ser creado por el PJF con la finalidad de descargar el trabajo de los tribunales colegiados emitiendo las sentencias de sus expedientes.

Durante sus labores en el Tribunal Auxiliar ha producido 19 tesis aisladas en las materias administrativa y constitucional, dentro de juicios de amparo que han abarcado conflictos de publicidad en la vía pública, transporte escolar y predial, entre otros.

El Presidente Calderón la propuso en diciembre de 2010 dentro de la terna que completaban la magistrada Elvia Díaz de León y Lilia Mónica López Benítez para ocupar el cargo que el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo había dejado vacante al fallecer tres meses antes. El 14 de diciembre, Zambrana Castañeda compareció ante el pleno del Senado, sin embargo no obtuvo ningún voto y en febrero fue elegido Jorge Mario Pardo Rebolledo.

De carácter fuerte, es vista como una Magistrada con posiciones coincidentes con el Ministro Aguirre Anguiano y con una cercanía al Presidente Calderón, expuso la fuente del PJF consultada, la cual habló bajo condición de anonimato.

Dedicada en su cargo a atender un promedio de 30 litigios mensuales de tipo administrativo y recientemente laboral, Zambrana Castañeda asegura que los juzgadores deben impartir justicia material y no sólo atenerse a la formal.

Como muestra de su filosofía, expuso ante los senadores que estudian las ternas de candidatos a la SCJN, el 29 de octubre, un caso en el que amparó a una madre y a su hijo para que obtuvieran pensión del ISSSTE por viudez y orfandad, luego de que el instituto se las negó porque realizaron el trámite después de los 30 días que marca su ley.

Otra resolución que seleccionó para ejemplificar su labor pertenece a un juicio promovido por una empresa publicitaria, la cual acusó que es inequitativo que la licencia que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorga para la colocación de vallas con publicidad sea más costosa que para los tapiales.

La Magistrada rechazó conceder el amparo explicando que el costo no es inequitativo porque la vida de las vallas es mayor a la de los tapiales, los cuales sólo pueden instalarse en bardas de obras en construcción y son retirados cuando éstas culminan.

Con sólo un voto particular emitido durante su labor en el Tribunal Auxiliar y una queja administrativa en su contra que fue desechada, Zambrana Castañeda completa su historial con estudios de especialidad en Derecho Fiscal, Penal, Civil, y Amparo cursados en la Universidad Panamericana, en la cual también es candidata a doctora.

A la puerta del puesto más alto al que aspira, Zambrana Castañeda afirma que posee los conocimientos necesarios para seguir los pasos de la personalidad por la que siente una mayor admiración: María Cristina Salmorán de Tamayo, quien en 1961 se convirtió en la primera mujer Ministra del país.

Pablo Vicente Monroy Gómez

El magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez tiene más de 27 años de experiencia dentro del Poder Judicial Federal.

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1968-1972) y se tituló con la tesis “El derecho del trabajador a la vivienda”.

Su labor profesional comenzó en la docencia. Inició impartiendo clases en la Secundaria de la Universidad Motolinía antes de terminar la licenciatura.  Posteriormente fue titular de las materias de Derecho Social, Sociología del trabajo y Derecho Familiar en la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”. Laboró también como profesor en el Colegio Westminster, en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y en 1978 inició como profesor adscrito al Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

En la UAM en 1979 se convierte en Consejero Académico Titular del departamento de Derecho, y de 1980 a 1984 ocupa el lugar de asesor de la Comisión Dictaminadora de Humanidades en concursos de oposición, paralelamente de marzo de 1980 a junio de 1983, funge como Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del campus.

Su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación inicia en septiembre de 1985, cuando él tenía 36 años, comenzó como Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ponencia del Magistrado Rafael Pérez Miravete. En 1987 se convierte en Secretario del tribunal adscrito en la Coordinación Jurídica del Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis y en 1988 y 1989 funge como Secretario de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala de la SCJN, en la ponencia del señor ministro Juan Díaz Romero.

Entre los años 1990 y 1994 se convierte en Juez de Distrito con residencia en Veracruz y en el Distrito Federal. En esta época,  como Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del D.F. conoció el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y dictó sentencia condenatoria por un total de 12 años en prisión al narcotraficante (Fecha de la sentencia 3 de marzo de 1994).

En su comparecencia ante legisladores el 24 de octubre pasado, Monroy Gómez explicó que juzgó a Joaquín Guzmán Loera porque las pruebas fueron suficientes para culparlo de falsificación de documentos, pero aclaró, que ni en la acusación original ni a lo largo del proceso Joaquín “El Chapo” Guzmán fue acusado de delitos relacionados con el crimen organizado.

Después de su labor como Juez de Distrito en materia Penal es nombrado Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del primer Circuito en 1994 y se convierte en Magistrado fundador del Segundo tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida Yucatán, donde labora de 1994 a 1999. Ese mismo año se convierte en Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo cuarto circuito hasta 2001. Y del 9 de julio de 2001 a la fecha realiza la tarea de Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito.

De 2006 hasta ahora ha centrado sus estudios y publicaciones en los derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo “Las consecuencias jurídicas en el Derecho Penal Mexicano” forma parte de una Antología sobre Derechos indígenas en la Procuración de Justicia. En 2008 en el Instituto de Lenguas Indígenas y en la Universidad de Oriente, presenta el texto “Contenido e implicaciones de la Nueva Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas”. Un año después publica “¿Deben ser el trato igual y la no discriminación el fundamente de la imparcialidad judicial estipulada en el Código Iberoamericano de ética judicial?”. También tiene textos inéditos como “El acceso de las Mujeres indígenas a la justicia”.

En todas estas publicaciones plantea problemas y soluciones de la relación entre la impartición de justicia y los pueblos autóctonos, y resuelve que “los funcionarios del Poder Judicial están obligados a considerar la cosmovisión de los pueblos indígenas al tomar decisiones que involucren a sus integrantes” y señal que “En todos los procedimientos judiciales donde un individuo o un colectivo indígena tomen parte el juez está obligado a tener en cuenta las especificidades culturales para resolver en consecuencia”.

Al ser mencionado en la terna para ocupar un lugar como ministro en la SCJN, la organización Maya KUXA’ANO’ON A.C. emitió un comunicado firmado por Jaime Ermilo Novelo González Sub Coordinador Regional, señalando que :“En su lucha permanente por revitalizar y revindicar nuestra gran civilización Maya, los mayas lo proponemos para ocupar el cargo de primer ministro de la SCJN”.

En entrevista en diciembre de 2011 con la revista “Justicia en Yucatán” habló de congruencia en la labor de impartir justicia “Los juzgadores estamos en una caja de cristal, a la vista de todos, por tanto nuestra vida personal debe ser congruente, pues no sería bien visto por la sociedad que juzgáramos a una persona por haber cometido un delito en estado de ebriedad y nosotros nos comportáramos de esa manera frente a la gente, tiene que haber congruencia entre la vida profesional y la vida personal, como decía el ministro en retiro Juan Díaz Romero, hay que ser honestos y parecerlo, las dos cosas al mismo tiempo”.

Actualmente trabaja en su tesis para la maestría en “Democracia y Derechos Humanos” por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

 Emma Meza Fonseca

Emma Meza Fonseca estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1977-1981) y se tituló con la tesis “Nueva Política Humanitaria del Ministerio Público”,  el 2 de julio de 2007 obtuvo la Maestría en Derecho Procesal Penal con la tesis “La conciliación como un medio de solución de conflictos a nivel averiguación previa”.

Es oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero toda su vida académica la realizó en el Distrito Federal, la primaria la cursó en el Belmont American School, la secundaria en la no. 95 “Victor Hugo”, posteriormente siguió sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria no. 6 “Antonio Caso” y la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Inmediatamente después de terminar su licenciatura inició su carrera en el Poder Judicial Federal con tan solo 23 años. El primer puesto que ocupó fue de Proyectista “H” adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, labor que ocupó de octubre de 1981 a enero de 1982, posteriormente realizó la tarea de Segundo Secretario, en el mismo juzgado durante los próximos tres años.

Siguió su carrera judicial como Secretario de Estudio Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, de enero de 1986 a noviembre de 1987. Posteriormente trabajó durante cuatro años en la SCJN como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrita a la ponencia del Ministro Santiago Rodríguez Roldán, de 1987 a 1991. En abril de 1991 fue nombrada Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida donde laboró hasta septiembre de 1992.

Después seguirían años determinantes en su labor en el Poder Judicial al ser nombrada Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal de septiembre de 1992 a enero de 1994, y posteriormente fungiendo como Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, de enero de 1994 a enero de 1997, en este periodo Emma Meza cuenta con el antecedente de haber concedido un amparo que permitió al ex líder del sindicato de trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quedar en libertad.

Otro momento determinante fue el Caso Ruiz Massieu, como juez federal, Emma Meza también conoció el expediente de los acusados por el asesinato del secretario del Partido Revolucionario Institucional , ocurrido a finales de 1994 y sentenció a 50 años de prisión a Daniel Aguilar Treviño y a otros siete involucrados en el homicidio.

En 1997 es nombrada Magistrada de Circuito, Adscrita al Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con Sede en Oaxadca donde sólo permanece algunos meses de febrero a julio. De ahí se traslada Puebla como Magistrada de Circuito Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde ejerce de agosto de 1997 a abril de 1998.

De 1998 a 2001 se convierte en Magistrada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 10 de diciembre de 2001 hasta abril de 2006 es nombrada Magistrada del Noveno Tribunal Coletiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En abril de 2006 llegaría otro momento importante en su carrera Judicial cuando es asignada como Coordinadora Especial de Investigación, Confianza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luego de que ésta atrajera el tema de las violaciones a la periodista Lydia Cacho. Entre sus conclusiones, los magistrados detectaron una serie de irregularidades en la aprehensión de la periodista, una celeridad inusitada para la captura y un traslado infrahumano. Sin embargo, la base de su investigación fue no punitiva toda vez que las famosas grabaciones que le dieron el mote de “gober precioso” a Mario Marín eran ilegales y no podían ser utilizadas como prueba plena contra el mandatario.

Después de esa investigación se reincorporó a su nombramiento anterior y hasta la fecha es Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito.

En sus publicaciones destacan “Aplicación de la Jurisprudencia en torno al cuerpo del delito” escrita en el año 2000,  “Ilícitos contra la Salud, Modalidades o Delitos” de 2001,  “La tortura en México” de 2002,  “Que el secuestro ya no sea negocio” escrito en 2005, “La relación del poder Judicial Federal con los medios de comunicación” publicado en 2006 y  “La equidad de género en los altos puestos del Poder Judicial de la Federación” editado en 2011.

La magistrada Emma Meza Fonseca, tiene un pensamiento de corte liberal, apoya al aborto, la adopción y matrimonio homosexual.

El periódico Reforma publicó hoy que las bancadas del PAN y PRI alcanzaron un primer acuerdo para elegir como Ministros de la Corte a los Magistrados Alberto Pérez y Manuel Baráibar.

Integrantes de ambos grupos parlamentarios confirmaron anoche que el pacto se concretó prácticamente por instrucciones del Presidente Felipe Calderón y el Presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Las fuentes explicaron que el acuerdo entre Calderón y Peña Nieto se gestó desde antes de que las ternas fueran enviadas al Senado.