El republicano Joe Arpaio, Sherrif de Maricopa Arizona, ganó las elecciones, y fue reelecto para su sexto mandato, venciendo a los candidatos Paul Penzone, demócrata, y Mike Stauffer, independiente, en la contienda por el cargo de alguacil del condado de Maricopa.
El combate al crimen y la inmigración sin autorización legal fueron antes temas populares entre los electores, pero este año esas posturas se volvieron contra el mismo Arpaio, quien ha sido por mucho tiempo el jefe policial de esa zona metropolitana de Phoenix.
Los dos oficiales retirados que disputaban el cargo a Arpaio lo acusan de concentrarse demasiado en investigaciones que le dan publicidad e ignorar muchas de las obligaciones policiales para las que fue contratado.
Arpaio, de 80 años, se ha visto inmerso en la polémica ante las revelaciones de que su oficina no ha investigado adecuadamente cientos de delitos sexuales —incluidos decenas de casos de pedofilia— y las denuncias de que sus agentes dirigen específicamente sus acciones contra los hispanos en los patrullajes para detener a inmigrantes sin permiso para estar en el país.
La oficina del sheriff Arpaio reabrió más de 400 casos relacionados con crímenes sexuales denunciados ante la misma pero que fueron investigados de manera inadecuada o no investigados en absoluto durante un periodo de tres años hasta 2007.
Una ciudad que contrató los servicios policiales en un acuerdo con la oficina de Arpaio concluyó que hubo muchos casos en los que los investigadores del alguacil no elaboraron informes de seguimiento, no recogieron evidencia forense adicional ni emprendieron acción alguna tras la denuncia inicial del crimen.
La ciudad concluyó que algunos de los casos ya no eran viables debido en parte a que las víctimas se habían mudado o dejado de lado el asunto.
La oficina de Arpaio dijo que procedió a dar salida a los casos investigados inadecuadamente y adoptó medidas para impedir la repetición de esta irregularidad.
Aunque Arpaio ha adquirido popularidad entre algunos electores por sus acciones contra la inmigración sin autorización legal, las mismas resultaron en dos demandas de personas que denunciaron haber sido víctimas de los patrullajes por su aspecto hispano.
Un juez federal atendió en el tercer trimestre una de las demandas y no ha emitido todavía su fallo. El caso fue emprendido por un grupo de hispanos y servirá de precedente para una demanda similar de derechos civiles que presentó el Departamento de Justicia federal contra Arpaio.