Pena de cárcel por hasta 12 años para quien incurra en espionaje telefónico. Así lo propuso la bancada del PRI en el Senado a través de la presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz, quien llevará a la Tribuna de la Cámara Alta una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para modificar los artículos 30, 42, 48 y 64 de dicha ley.
Los cambios, establece la iniciativa publicada hoy en la Gaceta del Senado, hacen punible la intervención ilegal de comunicaciones privadas cometidas por servidores públicos, así como la revelación, difusión o el uso indebido de las comunicaciones legalmente intervenidas.
Estas acciones “podrán sancionarse con una pena de entre seis y 12 años de prisión y de 500 a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta”.
Lee aquí la propuesta íntegra de la bancada del PRI publicada en la Gaceta del Senado