Milenio publica que 24 mil 102 personas: el equivalente a la mitad de un estadio de futbol o una ciudad de mediano tamaño. Ese es el número aproximado de cuerpos que se han ido a la fosa común al cierre del actual sexenio. Y es un cálculo altamente conservador. No incluye registros completos de los estados más violentos de México, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
A lo largo del sexenio que ya termina, miles de cuerpos han sido enterrados en el anonimato. Varios más se les suman todas las semanas: son migrantes, indigentes, personas sin familia, víctimas de homicidio y criminales -además de osamentas y restos corporales sin dueño aparente-, que se hallan enterrados y en muchas ocasiones apilados en cementerios por todo el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Son cadáveres sin identidad catalogados en los registros oficiales únicamente como NN. Ningún Nombre.
Entre los datos que se desprenden de la investigación están dos hechos paralelos: 1) algunas procuradurías de justicia no quieren revelar las cifras de muertos sin identificar bajo su poder. Y 2) el número de cuerpos remitidos a fosa común ha escalado año con año desde el inicio del sexenio, a la par del número de ejecutados, criminales abatidos y víctimas en general de la violencia. En promedio, 10 cuerpos sin nombre o sin reclamar han sido inhumados diariamente.
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