Saltillo, a diez años de la primera privatización de operadores de agua en México
En 2001, la primera experiencia de la primera privatización de un servicio de administración de aguas en México cobró forma, cuando el órgano municipal de Saltillo pasó a manos privadas. En aquel entonces, muchos funcionarios de la empresa municipal de aguas y los usuarios de la empresa ahora privada formaron la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS), la cual ha registrado este proceso y han generado sus cuestionamientos en un documento que hicieron llegar a Animal Político (y que puedes consultar al final). Además, pudimos platicar con una participante en la AUAS, Gloria de Garza, quien relató brevemente el las implicaciones de la “semi-privatización” del agua que inició en Saltillo en 2001.
“Todo empezó en 2000, en época de elecciones municipales en Saltillo, cuando el alcalde ganador, aún en campaña, prometía que iba a resolver definitivamente el problema del agua en el municipio, donde antes había problemas de escasez de agua, básicamente”, relató la integrante de AUAS. “Saltillo es una ciudad situada en una zona semidesértica y siempre ha habido problemas de abasto de agua y el candidato a alcalde, [Óscar Pimentel González], prometió acabar con esto, pero no dijo cómo.”
Pimentel entró a la presidencia municipal de Saltillo en enero de 200
¡Qué implica la privatización del agua?
En el pasado foro internacional del agua, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Mexicanas en Defensa del Agua (COMDA), Animal Político platicó con especialistas sobre el tema y un tema recurrente con ellos fue su opinión sobre la privatización del agua, aquí sus opiniones:
Claudia Camperos, miembro activo de la COMDA, afirmó que “la privatización del agua es un problema bastante grave por donde lo veas, porque lo que se hace es evitar la transparencia, la rendición de cuentas, aumentar los costos de manera sustantiva, y subsidiar con dinero público a ganancias privadas.” Camperos agregó que “hay diferentes formas de privatización y cada una conlleva diferentes problemáticas, la privatización más evidente, es el agua embotellada, y causa problemas serios por la sobre extracción de las embotelladoras, quienes generalmente monopolizan los pozos o las fuentes de agua de mejor calidad en detrimento de la población local, que se queda con fuentes de menor calidad para su uso doméstico.”
La participante en la COMDA añadió, finalmente, que hay otros tipos de privatización, “de los sistemas de manejo, con diferentes formatos de mayor o menor participación privada, pero siempre que entra la participación privada significa que está un ánimo de lucro y desde un principio un ánimo de lucro en algo que da origen a la vida y que es indispensable para toda persona, para todo ser vivo, es problemático y desde un punto de vista práctico también, pues se ha mostrado que los privados son no invierten, que suben las tarifas, que hace trampas, que entre más los vigiles inventa nuevas formas de hacer trampas, incumplen directamente los contratos y, además muchas veces los municipios están en dificultad al enfrentarse contra una trasnacional, que tiene un alto presupuesto y mayores aliados políticos.”
Camperos agregó que la Conagua tiene una política explícita de asociaciones público privadas, donde se busca la participación privada abiertamente, lo cual es efectivamente legal en el marco legal vigente, reformado hacia el final del sexenio de Carlos Salinas, en 1994, con la intención de avanzar hacia la privatización de este recurso, sin embargo ante la posibilidad de que haya mayor participación en una eventual reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la activista afirmó que evitarlo “es el gran reto.”
Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó sobre una eventual privatización del agua que “si metemos a los privados en la gestión del agua, lo único que va a ocurrir es que las violaciones van a aumentar, porque meter a los privados significa meter la lógica del mercado dentro de la distribución de un bien que es fundamental para todos, para la vida. Entonces, quien no tenga dinero, no podrá acceder al recurso, lo cual en principio es una violación al derecho humano al agua -recién constitucionalizado en febrero pasado- pues “quien no tenga dinero para pagar la cuota mensual, le van a cortar el agua.”
“La lógica del derecho humano al agua, está vinculado con la dignidad humana. La lógica de la privatización del agua está vinculada a la ganancia con el agua”, afirmó Gutiérrez y añadió que “hay quien considera que si metemos el mercado al agua, como si tuviera una mano invisible va a organizar mejor el sector y va a permitir que todos tengan acceso, pero la demostración en Argentina, en Bolivia, y otros en América Latina, es desastrosa.”
Argentina terminó en una situación tremenda, teniendo que pagar millones de dólares en páneles internacionales a las empresas trasnacionales del agua, como Aguas de Barcelona, Suez y otras. Al privatizar existen varias estrategias, añadió el investigador, como convertir al agua en una mercancía directamente, a los tubos por los que circula el agua, se puede represar un río y otorgar la concesión de la presa a un particular, o concesiones para embotellar el agua.” En todas la lógica que está detrás, un porcentaje de lo que el usuario paga, se va al bolsillo del empresario, el cual es un gran negocio, de acuerdo con el constitucionalista.
Elena Burns, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana,
