Familiares de desaparecidos en Nuevo León encuentran un poco de esperanza
Ha pasado poco más de un año desde que en plena madrugada de junio y apostados en la Explanada de los Héroes en Monterrey, un grupo de ciudadanos arropados por la Caravana por la Paz exigió una reunión con el Procurador de Nuevo León, para llevar a su escritorio nueve casos de desaparecidos en medio de la violencia del narcotráfico. Sólo una muestra de un drama que sigue creciendo y espera justicia, sin importar si el sexenio de Felipe Calderón se agota.
Hoy a mediodía se espera la décima reunión entre ciudadanos, defensores de derechos humanos y diversas instancias de justicia del estado encabezadas por el Procurador Adrián de la Garza. De aquel primer encuentro, en el que el ambiente podía cortarse con un cuchillo, según los asistentes, hay algunos avances en las investigaciones, sensibilización de autoridades y acompañamiento de los familiares, pero también, una pila de expedientes que cada vez se hace más grande.
La primera vez el Procurador tuvo frente a sí nueve casos, luego 13. Hoy tendrá 50.
No hay una cifra certera de cuántos desaparecidos hay en Nuevo León, pero la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), tiene más de 900 reportes. De acuerdo con estimaciones del grupo, sólo el 10% de los casos se denuncia ante el Ministerio Público, así que sólo se atiende una parte del problema.
Consuelo Morales, directora general de Cadhac, fue una de las defensoras que, junto a Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, acompañó a los ciudadanos a aquella primera reunión Si bien la mayor parte de las investigaciones aún no cumplen con el cometido de encontrar a quienes un día desaparecieron, hay un logro que, según Morales, no puede soslayarse: el esfuerzo concreto de que una autoridad, que jamás había rendido cuentas, comience a hacerlo.
En camino a un protocolo de investigación
De aquellas primeras reuniones ríspidas y tensas, autoridades, víctimas y defensores de derechos humanos han logrado generar una metodología de trabajo. A partir de la cuarta reunión y hasta ahora, los abogados voluntarios sostienen reuniones previas con los coordinadores de los ministerios públicos para revisar avances. Después, hacen otra con las familias, de manera que cuando Ministerios Públicos y víctimas estén frente a frente, se ofrezca información que se puede cuestionar, aceptar o rechazar.
“En este proceso Cadhac no carga a las familias. Las acompaña en la búsqueda de solución a sus casos”, explica Consuelo.
La autoridad también ha tenido lecciones. En un encuentro, un Ministerio Público reconoció que gracias a la labor de los familiares y los defensores, aprendieron a investigar desapariciones. Animal Político buscó a portavoces de la Procuraduría de Nuevo León para que ofrecieran su evaluación de este año de reuniones, sin que nadie estuviera disponible.
Del intercambio de información, así como de acompañamiento a las familias y la sistematización del trabajo, actualmente se está afinando un protocolo de investigación para activarlo cada que la autoridad conozca de una desaparición.
“Es poco, pero como dijo Emilio Álvarez Icaza en una reunión: ‘es arrancarle un pedacito al mar de la impunidad”.
Otros de los frutos que reconoce Cadhac son que el departamento de Servicios Periciales haya pasado de seis a 39 empleados, un aumento de personal también en el Servicio Médico Forense y la designación especial de un grupo de Policías Ministeriales para el seguimiento a los casos presentados. “A todas las instituciones nos rebasó el problema. Hay una familia con cuatro desaparecidos y se tienen consignadas a 14 personas. El problema es que lo esencial –dónde están las personas– aún no se sabe”.
“Reconozco que estaría caminando solo”
La visión optimista de la defensora de derechos humanos contrasta con la desesperación de los familiares que, reunión con reunión, esperan un dato adicional que los lleve a encontrar al hijo, hija, esposa o esposo perdido.
El 15 de agosto de 2011, el hijo de Adolfo Juárez, comerciante regiomontano, desapareció tras una riña en un bar. Hay declaraciones y pruebas que apuntan a un responsable, sin embargo, a ojos de Adolfo, todo sigue igual.
“Avanzan muy despacio. Ha sido armarse de paciencia con las autoridades que hacen diferencia. Si desaparece el hijo de un empresario, hay justicia. Si desaparece el hijo de un judicial, hay justicia, pero no la hay para todas las clases sociales”, dice en una llamada telefónica con Animal Político. “Pero a pesar de todo reconozco que estas reuniones son buenas porque si no, uno anduviera caminando solo”.
Cuando Adolfo habla de soledad, no sólo se refiere a la que se vive al investigar el paradero de un familiar, sino también, al estigma que la sociedad pone sobre las familias donde hay un miembro desaparecido y las segrega bajo la lógica de ‘si se lo llevaron, andaba en malos pasos’.
“Yo vendía carros y cuando, después del golpe, quise retomar mis actividades, nadie me contestaba el teléfono. Todos se portaban cortantes”, dice Adolfo. Lo mismo vivió Maximina Hernández, cuyo hijo está desaparecido desde 2007 y su caso, fue uno de esos primeros nueve que revisó el procurador hace un año.
“Fui muy criticada por mis vecinos y los reté a que comprobaran que mi hijo andaba en malos pasos. Entre las familias que viven lo mismo nos comprendemos. Los demás, no entienden por lo que estamos pasando”.
Rumbo a la reunión de hoy, familiares y abogados esperan impulsar uno de los mayores pendientes para atacar el problema: el reconocimiento de la desaparición forzada como delito grave. Hasta ahora, cuando una persona es consignada decide acogerse al artículo 20 de la Constitución, que le permite guardar silencio, y las investigaciones dejan de avanzar. De reconocerse como delito grave, un presunto responsable que aporte elementos para resolver el caso puede disminuir su sentencia.
