Calderón propone transparentar gasto en sindicatos
El Presidente Felipe Calderón planteó otorgar a los trabajadores el derecho a conocer, en todo momento, la manera en cómo se maneja el patrimonio sindical, con la iniciativa de Reforma a la Ley General del Trabajo, según explicó él mismo ayer en la IX Semana de la Transparencia del Instituto de Acceso a la Información (IFAI).
En ese mismo sentido, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero mencionó que los sindicatos no pueden estar ajenos a la transparencia y a la rendición de cuentas, y pidió a las fuerzas políticas demostrar su respaldo a la transparencia.
Mientras que en México comienza la discusión para transparentar la vida de las agrupaciones de trabajadores, en países que han compartido experiencias en materia de rendición de cuentas con instancias como el IFAI, la rendición de cuentas de los sindicatos se encuentra en distintos momentos. En algunos países, incluso, ni siquiera es un asunto prioritario en el combate a la opacidad, pese a la fuerza política que las agrupaciones puedan tener.
En el Reino Unido, país invitado especial en la Semana Nacional de la Transparencia, ni sindicatos ni partidos políticos están sujetos a reglas de rendición de cuentas como desearían expertos y ciudadanos.
“No somos un modelo a seguir”, reconoce la periodista y académica Heather Brooke en entrevista con Animal Político. “Para rendir cuentas como una entidad pública tiene que estar específico en la legislación y los sindicatos, aun cuando reciben dinero público, no están ahí”.
Hasta ahora, los esfuerzos más notorios por la transparencia sindical han estado a cargo de los ciudadanos. La organización Tax Payers Alliance, explica Brooke, ha hecho numerosas solicitudes de información a departamentos gubernamentales pues, algunos de empleados públicos que los conforman, son también representantes sindicales y tienen derecho a dedicar jornadas de trabajo a esas labores; de manera que la Tax Payers Alliance, bajo la lógica de que esos representantes sindicales están siendo pagados con dinero de los ciudadanos, ha solicitado información para saber cuántas personas laboran en este esquema y cuánto tiempo dedican a la actividad sindical.
A pesar que sindicatos como Unite, el más grande de Gran Bretaña, o el Sindicato de Trabajadores de Trenes, uno de los más influyentes, ejercen poder en la política y se han mostrado reacios a salir de la opacidad, aún no se planean reformas legislativas para incluirlos como sujetos obligados en la rendición de cuentas.
América Latina, fuera de la agenda
Chile y Perú son dos de los países de América Latina con los que México ha compartido experiencias en materia de acceso a la información, sin embargo, el momento que vive la transparencia en esas dos naciones, aún no toca los intereses sindicales.
Chile tiene apenas tres años con su ley de transparencia. En un año recibe la misma cantidad de solicitudes de información que México recibe en sólo un mes (9 mil en el sexenio de Calderón, según cifras del ex comisionado presidente y hoy senador, Alonso Lujambio).
“En Chile hoy día los desafíos apuntan a la profundización del derecho. Que sea conocido por la ciudadanía y masivamente ejercido, para lo cual estamos generando un portal de transparencia parecido al Infomex y nuestro foco está centrado en la construcción de indicadores”, afirma el Director General del Consejo para la Transparencia de Chile, Raúl Ferrada.
Pese a que los grupos de trabajadores chilenos inciden en política, en especial la Central Unitaria de Trabajadores, hay una diferencia entre el proceso sindical. Para Ferrada, el poder de los sindicatos mexicanos no tiene comparación con el que ejercen los grupos en su país.
Una experiencia similar se vive en Perú, según explica el Comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda.
“El foco está en dotar de mayor efectividad a las normas. Esa es la preocupación general ahora. La idea es fortalecer las capacidades de los sujetos obligados; es decir, que exista una unidad especializada en transparencia, capacitar a los funcionarios, que en los planes estratégicos se prevea la transparencia”.
En Perú, de momento, el órgano garante de la transparencia es el Poder Judicial y según explica Castañeda, hay una falta de organización y una sobrecarga que le impide cumplir a cabalidad con la lucha contra la opacidad. Hasta ahora tampoco hay definición si los sindicatos son o no sujetos obligados y, además, no es una discusión que se esté dando actualmente.
