
Al finalizar la sesión del Consejo General, el IFE llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se dio un informe de la Unidad de Fiscalización respecto del estado que guardan los procedimientos de queja en materia de financiamiento y gasto.
“Este informe se presenta para responder a las inquietudes que durante las últimas semanas se han suscitado en torno al desahogo y resolución de las quejas sobre el origen, destino y monto de los recursos utilizados durante las campañas” afirmó Leonardo Valdés.
Advirtió también que en lo que va del año, el órgano electoral ha recibido más de 220 quejas relacionadas con el financiamiento y gasto de los partidos políticos, de las cuales, 32 han sido de mayor interés por parte de la sociedad y la opinión pública y se han agrupado en las siguientes siete investigaciones principales:
El Consejero Presidente indicó que el informe da cuenta de los avances y de los requerimientos de información que ha realizado la Unidad de Fiscalización para resolver las denuncias de los partidos políticos y en él, se señalan datos cuantitativos recopilados hasta el momento, para acreditar o no, las pretensiones de los quejosos.
En la sesión del Consejo General, se comentó que en el expediente presentado, también se dan a conocer las vistas que se han turnado a instancias, como la Secretaría de Gobernación, la FEPADE y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras.
“2 mil 624 diligencias que se han efectuado a distintas autoridades federales y locales, así como a diversas personas físicas y morales,” reveló Valdés.
El consejero presidente subrayó que el IFE se ha comprometido, dentro del margen de la ley, a adelantar 5 meses los resultados de la fiscalización a los gastos de las campañas presidenciales.
“Nos hemos comprometido a dar celeridad a las siete investigaciones motivo del presente informe, pues entendemos la importancia de concluirlas oportunamente.”
Sin embargo Valdés insistió que más allá de la celeridad, la principal motivación del Instituto Federal Electoral es que cada una de las resoluciones se emitan en cumplimiento de los principios de certeza y legalidad.