Presenta PRD queja ante CNDH por amenazas a simpatizantes en Michoacán
A fin de garantizar la integridad de sus simpatizantes, presuntamente amenazados por habitantes de la Nueva Jerusalén, en el municipio de Turicato, Michoacán, el PRD presentó una acción urgente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó a través de un comunicado que decidió acudir ante la CNDH luego que los “fanáticos religiosos” le dieron a sus simpatizantes un ultimátum para abandonar la comunidad en un plazo de 15 días, pues de lo contrario podría desatarse la violencia.
Luciano Borreguín, secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, exigió al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, así como al secretario de Gobierno, Jesús Reyna, que restablezcan lo antes posible, el Estado de derecho en la comunidad.
Señaló que en ese poblado “fanáticos tradicionales” y simpatizantes de la izquierda, mantienen una confrontación que, de no ser atendida, puede convertirse en un foco rojo adicional al que ya existe en Cherán.
Borreguín González afirmó que la petición a la CNDH se hizo extensiva a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Michoacán y al propio gobierno del priista Vallejo, a fin de que se restablezca el orden en la citada comunidad.
Además de que se instruya a la Secretaria de Educación Pública para reconstruir las aulas escolares que fueron derrumbadas por los “fanáticos religiosos” que se oponen a que la educación debe ser laica; y se generen las condiciones de seguridad para todos los habitantes del lugar.
El perredista criticó a las autoridades de Michoacán por haber hecho caso omiso a las peticiones de ayuda inmediata, que los habitantes hicieron cuando un grupo de “fanáticos religiosos” que siguen al líder Martín de Tours, comenzaron a destruir las escuelas donde se impartía educación laica, bajo el argumento de ser “un mandato divino”.
Al respecto, afirmó que el gobierno no puede permitir y mucho menos solapar este tipo de intolerancia religiosa, puesto que ello representa también una violación a las garantías señaladas en la Constitución mexicana, que otorga a los ciudadanos la libertad de credo.
