Responde gobierno federal a la CIDH: Solalinde sí recibió seguridad
Desde las últimas semanas de abril, según detalla un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno Federal dispuso lo necesario para custodiar y proteger en todo momento, con elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), al sacerdote Alejandro Solalinde.
La dependencia detalló en un comunicado que el propio sacerdote “ha manifestado estar tranquilo y satisfecho por la forma en que se implementó el mecanismo para su seguridad”.
En respuesta a un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , según el cual “el Estado Mexicano no adoptó medidas de protección efectivas” en favor de Solalinde, la Segob detalló cómo se le ha protegido.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “las recientes amenazas de muerte que forzaron la salida temporal del Padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos de los migrantes en México, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 23 de abril de 2010, pero que no fue protegido en forma efectiva por el Estado“.
A lo que el Gobierno Federal respondió, a través de Segob: “En las últimas semanas de abril del presente año, el Gobierno Federal dispuso lo necesario para que el padre Solalinde aceptara la protección que se le ofrecía y permaneciera así debidamente custodiado y protegido en todo momento”. Por otra parte, “se le proporcionaron otros apoyos para facilitar sus traslados y estancias en diversos puntos del territorio nacional”.
De acuerdo con el comunicado, el Gobierno Federal, junto con el de Oaxaca, ha implementado medidas complementarias como la instalación de cámaras de seguridad, el otorgamiento de teléfonos celulares y el establecimiento de alumbrado público perimetral.
De la misma forma, se realizan “recorridos de vigilancia de las diversas corporaciones policiacas” y se han proporcionado vehículos para sus traslados.
La Segob detalló todo lo anterior luego de aclarar que para el Gobierno Federal la labor del sacerdote Solalinde en defensa de los derechos de los migrantes es “de la mayor relevancia”.
Reiteró su convicción de que ninguna persona en el país, sin importar su nacionalidad o condición migratoria, puede ser amenazada, intimidad, extorsionada o violentada en sus garantías.
Además se está trabajando para identificar y castigar a los responsables de las amenazas sufridas por el sacerdote.
Sin embargo, “es pertinente señalar que el padre Solalinde ha precisado que su decisión de ausentarse temporalmente del país, obedece a compromisos previamente adquiridos de acuerdo a su agenda de trabajo”.
Por último, el gobierno ratificó su voluntad de mantener el esquema de seguridad en favor del padre Solalinde, cuando él considere pertinente volver para continuar con sus tareas humanitarias.
En mayo, Solalinde denunció que políticos, a los que calificó como corruptos, le pusieron un precio de cinco millones de pesos a su cabeza, pero aseguró que regresará a ese país.
Luego de recibir seis amenazas de muerte en los últimos dos meses, el padre Alejandro Solalinde anunció que saldría del país el 16 de mayo “temporalmente”, siguiendo un protocolo para su seguridad diseñado en conjunto por la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Pastoral de la Movilidad Migrante de la Conferencia del Episcopado Mexicano y las agrupaciones Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz.
“No me voy por miedo –aclaró el defensor de derechos humanos, fundador del albergue para migrantes centroamerianos Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca–, sino por obediencia, pues de eso está hecha la Iglesia, pero acepté sólo con la condición de que volveré a México en los primeros días de julio.”
