La economía informal en México tomó relevancia como fenómeno económico y social durante la década de los 80. A partir de entonces esta problemática no ha hecho más que aumentar. Aunque este es un fenómeno normal entre los países en desarrollo, la generación de oportunidades laborales de calidad debe ser considerada una de las principales prioridades para un gobierno que prioriza la lucha contra la inseguridad, el desarrollo de estrategias para paliar las crisis económicas y la desigualdad social.
En un mercado laboral donde el incentivo de recibir servicios médicos o prestaciones laborales a cambio de pertenecer a la economía formal no existe; donde los horarios son poco flexibles y donde pagar impuestos es tan complicado que necesitamos (pagarle) a alguien que lo haga por nosotros, es comprensible que cumplir con las reglas sea lo último que importa para la mayoría de la población.
Cuando pensamos en la economía informal, pensamos en los puestos ambulantes, en los viene-vienes con los que tenemos una relación amor-odio; en las mujeres que limpian nuestras casas o en el sin número de hombres y mujeres que venden cosas surreales en el metro. Lo que pocas veces nos detenemos a pensar es: que esta gente tiene empleos inestables que podrían desaparecer en cualquier momento, lo que les impide hacer planes a futuro y ahorrar para romper con esa forma de vida, que incluye en muchos casos, el círculo de la pobreza; que no pagan impuestos, lo que impide que el gobierno cuente con más recursos disponibles o que la carga se distribuya de manera inequitativa entre los contribuyentes cautivos; que muchas de las mercancías que venden no tiene una procedencia clara o siquiera lícita y tampoco nos ponemos a pensar en que es un problema que nos afecta a todos, aunque tengamos una oficina, trajes, corbatas y recibos de nómina.
Según cifras del INEGI, para el último trimestre de 2011, el número de personas que viven de la economía informal superó los 14 millones de mexicanos. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha omitido acciones que facilitarían la entrada de muchos mexicanos a la economía formal, lo que traería beneficios no sólo individuales sino también sociales (sobre todo, por los impuestos que se pagarían y las prestaciones sociales que los trabajadores y trabajadoras recibirían).
Horarios laborales flexibles y redefinición de “empleo”
Mientras la Ley Federal del Trabajo no ha tenido una reforma sustantiva desde su creación en la administración de Gustavo Díaz Ordaz, nos conformamos con creer que los trabajadores informales lo son porque la economía no genera empleos, porque les conviene no pagar impuestos o porque no quieren un empleo formal. Lo cierto es que muchas de estas personas sí quieren un empleo formal, pero no pueden trabajar las horas reglamentarias de la ley o tienen un empleo—bastante formal si pensamos en las trabajadoras domésticas, los taxistas o personas que atienden puestos todos los días—no reconocido como tal.
Incentivos
Los impuestos han existido casi desde el origen de la civilización y la única razón por la que han logrado sobrevivir a tantas generaciones, gobiernos y regímenes políticos es el hecho de que las haciendas de los casos exitosos se han posicionado como una buena alternativa: pagas impuestos y tienes acceso a servicios públicos; pero en México, no necesariamente es el caso.
Más de 27 millones de mexicanos trabajan en el sector formal—agricultura, servicios, construcción, manufactura o comercio—sin tener acceso a prestaciones de ningún tipo.
Además de los deficientes servicios de seguridad y educación, a alguien se le ocurrió que era buena idea universalizar, al menos en papel, el acceso a un seguro médico sin importar que vendas películas pirata o mercancía robada, y que quien financia dicho seguro, sean únicamente los que pagamos impuestos. Por supuesto, los mexicanos merecemos servicios universales de calidad pero también merecemos que las finanzas de esos servicios sean manejadas de manera responsable y que exista cierta congruencia entre lo que podemos aportar, lo que aportamos y lo que recibimos.
Contribuciones simples
El argumento de que es menos costoso permitir la informalidad que cobrar contribuciones tan pequeñas perdió validez hace varios años: la economía informal paga impuestos, pero no al Estado.
México tiene una tasa de recaudación muy baja, 18.7% del PIB según la OCDE—el porcentaje más bajo de entre los países analizados por la organización. Sin embargo, los negocios informales pagan un especie de impuesto informal o “uso de suelo” a los y las líderes de cada zona o cada tipo de puesto; en 2007 se calculaba que el “impuesto” que el Estado no recibe era aproximadamente del 4% del PIB de ese año, cifra recaudada por alguien distinto a éste.
Además, constituir un negocio y llevar una buena contabilidad es casi imposible para muchas personas, ya que los trámites fiscales continúan siendo sumamente complejos. Hoy por hoy, es urgente que las autoridades hacendarias, tanto federal como locales, hagan que los trámites para el pago de impuestos sean accesibles a toda la población y establezcan incentivos claros para que los profesionistas y comercios informales se regularicen. Recordemos que para que eso suceda, también tienen que existir incentivos, como buenos servicios y un sistema fiscal que permita deducciones realistas y acordes con cada actividad laboral.
Temas como el empleo y, en este caso, el empleo formal, nos interesan a todos. Los y las candidatas de las próximas elecciones tienen posturas definidas en estos temas; como siempre, hay que fijarnos en cómo proponen cambiar esta situación.