Los Precisos, “autogobierno” criminal solapado en penal chiapaneco
A un año y nueve meses del motín de julio de 2010 en la cárcel de El Amate, Chiapas, que inició con el secuestro de 190 familiares de internos, y que al cabo de 72 horas de enfrentamientos concluyó con un saldo de 26 policías heridos y uno más asesinado a golpes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al mandatario estatal, Juan Sabines, emprender una investigación penal no sólo contra los reos que dirigieron la revuelta, sino también contra las autoridades que permitieron la existencia de un “autogobierno” de delincuentes, denominados “Los Precisos”, en dicha institución penitenciaria.
A través de la recomendación 11/2012, emitida el pasado 30 de marzo, el ombudsman nacional concluyó que las autoridades del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14 El Amate, dirigido en 2010 por José Manuel Alcalá González, son responsables de haber propiciado las condiciones para que los reos se armaran con palos, machetes, tubos, navajas, e incluso con pistolas, para enfrentar a los agentes estatales y federales que ingresaron al penal el 24 de julio de 2010, tras ser informados de que se preparaba una fuga masiva.
Con auspicio de las autoridades de El Amate, señala la recomendación, el grupo conocido como Los Precisos mandaba sobre 500 reclusos, cobraba entre 20 y 50 mil pesos a cada reo de reciente ingreso, distribuía alcohol y drogas entre la población penitenciaria y controlaba los talleres del penal, lo que les permitió no sólo planear una fuga masiva, sino también fabricar armas.
“Llama la atención de este organismo nacional el grado de corrupción que imperaba en ese sitio y que tales conductas no hayan sido investigadas por las autoridades respectivas.”
Según el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los Precisos de El Amate son “un sistema de gobierno paralelo al régimen interior que legalmente debe prevalecer en un centro penitenciario, con estructura organizada a partir de una jerarquía de mando”, cuyos líderes actuaban en contubernio con las autoridades del penal, a las cuales entregaban parte del botín obtenido por la venta de protección y drogas a los reclusos.
Eran custodios del mismo penal los encargados de introducir el alcohol y los enervantes que, posteriormente, Los Precisos distribuían.
“Estas consideraciones conllevan a afirmar que el autogobierno implantado en el sitio en cuestión propició la violencia al interior del mismo”, sin embargo, abunda el documento, la responsabilidad de las autoridades del penal no se limitaron únicamente a facilitar las condiciones que dieron origen al motín de julio de 2010, sino que también entorpecieron el operativo con el cual la rebelión de reclusos fue, finalmente, controlada, ya que “la omisión de esa autoridad puso en riesgo la integridad de los distintos cuerpos policiales que realizaron el operativo de revisión, al no hacer de su conocimiento que en el interior del Centro Estatal existían armas formales y hechizas, ello con el objeto de que pudieran contar con mecanismos de sometimiento más efectivos”.
Como resultado, se añade, los agentes que ingresaron desarmados, sólo protegidos por escudos plásticos y cascos, fueron agredidos en bandada por los reos, dejando un saldo de 26 policías lesionados, así como otro asesinado a golpes en el cráneo.
Además, concluyó la Comisión, esta actitud de los directivos del penal puso en riesgo la vida de los 190 familiares de reos que fueron retenidos por la fuerzsa dentro del penal, durante 48 horas, por los amotinados.
Pese a ello, la CNDH constató que ninguna acción, ni administrativa ni penal, se ha emprendido contra el personal del penal involucrado en los hechos, ante “la corrupción que se adujo imperaba en ese lugar”, razón por la que demandó al gobernador Sabines “colabore con este organismo nacional en el inicio e integración de la Averiguación Previa derivada de la denuncia que, con motivo de los presentes hechos, formule esta Comisión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a fin de que en el ámbito de su competencia investigue los mismos, por tratarse de servidores públicos”, petición que la administración estatal deberá aceptar o rechazar en un plazo máximo de dos semanas.
Cabe destacar que, desde la toma del penal de julio de 2010, Los Precisos han protagonizado al menos un motín más en El Amate, justo un año después, en julio de 2011, con un saldo de dos reos asesinados.
