La reforma penal de 2008, que introduce los juicios orales en el sistema judicial mexicano, para agilizarlo y transparentarlo, “se nos ha vendido como una panacea, y no lo es”, advirtió ayer Bernardo Bátiz, quien fue propuesto para el cargo de procurador General de la República por Andrés Manuel López Obrador, en caso de llegar a la Presidencia.
Tras acompañar al aspirante presidencial a la recepción de la “Agenda 12.18”, elaborada por organizaciones civiles como México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, Convivencia sin Violencia y Causa en Común, entre otras, y en la que se establecen puntos mínimos en materia de seguridad y justicia para promover durante el próximo sexenio, Bátiz aseguró que existen muchos puntos de coincidencia entre este documento y la propuesta de gobierno de López Obrador, tales como concretar la aplicación de juicios orales en todo el territorio nacional, aunque aclaró que esta medida no erradicará en automático las ineficiencias en el sistema judicial.
“Problemas como los errores en la integración de averiguaciones previas o la discrecionalidad en la aplicación de la justicia -explicó- no se resuelven simplemente con hacer orales los juicios, se requiere una profunda labor de capacitación de agentes ministeriales y de jueces, este asunto se nos ha vendido como una panacea, pero demandará una profunda labor de profesionalización, que va más allá de un cambio en el formato de los procedimientos judiciales.”
Bajo el mismo argumento, quien fuera procurador de justicia del DF durante la gestión de López Obrador al frente de la administración capitalina (2000-2005) señaló también su divergencia con un punto particular de la Agenda 12.18, el relativo a otorgar autonomía de la PGR y su establecimiento como un “órgano constitucional”, cuyo titular sea nombrado por el Congreso y no por el presidente, ya que éste, afirmó, es un paso para el que antes debe capacitarse a todas las estructuras de la PGR, de forma tal que esta institución pueda tomar en sus manos, de manera efectiva, la responsabilidad de ejercer como una abogacía del pueblo, sin incurrir en abusos o ineficiencias.
Al respecto, abundó luego Alejandro Martí, de la asociación México SOS, se pactó con López Obrador y su equipo continuar la discusión, ya que, afirmó el representante civil, “temen que este procedimiento de autonomía del Ministerio Público pueda partidizarse en el Congreso”.
Arraigo, con pinzas
Otro punto de la reforma penal que debrá ser tratado con mucha “mesura” abundó Bátiz, de obtener López Obrador el triunfo en la contienda por la presidencia, será la aplicación de arraigos, figura que, aseguró, actualmente se emplea “para todo”.
En cambio, garantizó Bátiz, al que Martí calificó como un “buen procurador del DF”, en un gobierno encabezado por la izquierda esta forma de privación temporal de la libertad sólo se aplicaría “excepcionalmente, de forma mesurada y siempre cuidando de respetar las garantías individuales, y siempre con la autorización debida de un juez”.
El arraigo, remató, no será más un pretexto para violar las garantías ciudadanas.