Ante la investigaciones por el presunto espionaje telefónico, la Cámara de Diputados no ha contratado en las últimas tres legislaturas a ninguna empresa externa para darle mantenimiento a las redes telefónicas y de internet del edificio legislativo, según pudo establecer Animal Político a través de una solicitud de transparencia.
“La Dirección de Tecnologías de Información le comunica que no se erogó pago alguno a empresas por el concepto de mantenimiento o reparación de las redes telefónicas fijas y de internet”, respondió la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados a la solicitud de información hecha por este tema.
Lo anterior significa que los únicos que le han dado mantenimiento a estas redes, al menos en los últimos ocho años, son los empleados de la Dirección de Tecnologías de la institución, área encargada del tema, quienes junto a otros funcionarios del Congreso de la Unión ya fueron llamados a declarar, en calidad de “testigos”, ante la Procuraduría General de la República (PGR), según lo confirmó el propio presidente de la Cámara, Guadalupe Acosta Naranjo.
Entrevistado el 30 de enero, el diputado presidente no descartó que entre los posibles involucrados del supuesto espionaje se encuentren “mandos medios” de la Cámara, pues desde su lógica era “imposible” intervenir teléfonos y computadoras desde las oficinas centrales sin que las autoridades encargadas del tema no estuvieran enteradas.
“No diría que es una red interna solamente, no soy quién para determinarlo, pero que todo lo que se ha hecho aquí tuvo colaboración de gente de adentro, sí”, respondió Naranjo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que un grupo de servidores públicos de la Cámara de Diputados estuvieran vinculados con la colocación de “aparatos” para intervenir llamadas telefónicas y correos electrónicos.
De acuerdo con un detallado informe publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión sobre el supuesto espionaje telefónico, tras la revisión que ordenó la Presidencia de la Cámara a una empresa particular -cuyo peritaje forma parte de las pruebas entregadas a la PGR-, se encontraron “dispositivos de audios” para escuchar conversiones en varias líneas telefónicas y un ducto de refrigeración, así como dos tester telefónicos, los cuales permiten conectarse a diferentes líneas sin interrumpir el tráfico existente.
Además, señalan que hubo funcionarios, como Sergio Olvera Vera, director de Infraestructura de la Dirección General de Tecnologías de la Información, que violaron varios sellos de seguridad colocados por la empresa contratada en las centrales de líneas telefónicas, con el fin de proteger esas instalaciones y profundizar en las investigaciones, sin embargo, el personal de la Dirección de Seguridad instruido para asegurarlas “no evitó el hecho”.
Para conocer si además de los funcionarios encargados de las redes telefónicas y de internet existen otros servidores públicos con acceso a ellas, así como el profundizar sobre la posibilidad de que el edificio legislativo pudiera haber sido penetrado sin autorización, Animal Político buscó entrevistarse, sin éxito, con los encargados de la Dirección de Seguridad y la Dirección de General de Tecnologías. A decir de Octavio Mayén, coordinador de Comunicación Social de la Cámara, existe una averiguación previa abierta por estos hechos ante la PGR, de ahí que no se pueda hablar sobre esos temas.