PVEM vuelve a proponer cadena perpetua a secuestradores
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no quita el dedo del reglón y vuelve a presentar una iniciativa para castigar con cadena perpetua a los secuestradores.
Lo que buscan es aplicar prisión vitalicia y de quinientos a dos mil días de multa a quien prive de la libertad a otra persona con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio.
La bancada del PVEM en la Cámara de Diputados busca la misma pena para quienes realicen los llamados secuestros exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro.
Estas propuestas son impulsadas por Víctor Hugo Círigo, Liborio Vidal y Laura Piña quienes plantean cambios a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
El 18 de febrero se aprobó con los votos a favor del PRI, PVEM, Nueva Alianza, Convergencia y PAN, las reformas al Código Penal del Estado de México, donde se contempla imponer prisión vitalicia a quien cometa feminicidio, homicidio calificado y violación.
Con esta aprobación se reformaron los artículos 23, 57 en su fracción IV; 68, en su último párrafo; 242, en su fracción II Bis, en su último párrafo; 274 en su fracción IV. Se adicionan un segundo párrafo en el artículo 94; artículo 149 del Código Penal del Estado de México.
En su artículo 23, las reformas señalan que la “presión vitalicia consiste en la privación de la libertad, la que podrá ser de tres meses a vitalicia, entendiéndose por esta una duración igual a la vida del sentenciado y se cumplirá en los términos y modalidades previstas en las leyes en la materia”.
En los artículos 57, 94, señalan la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como la calidad de la víctima u ofendido y, en su caso de servidores públicos, para tal efecto se considerará la circunstancia de que se haya cometido.
En el caso del artículo 149, si el delito fuera cometido por servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o de administración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.
Con información de Notimex.
