El Procurador General de Justicia, Erick Holder, criticó el hecho de que los republicanos hayan aprobado leyes que han afectado la habilidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) para atacar el tráfico ilegal de armas hacia México.
Habrá juicios y despidos por Rápido y Furioso
El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría enjuiciar en los próximos meses a responsables del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, reveló hoy el procurador General de Justicia, Erick Holder.
También adelantó que su oficina iniciará acciones contra funcionarios del mismo Departamento y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) que hayan tenido responsabilidad en la operación “Rápido y Furioso”.
“Puedo asegurarles que a menos que exista una circunstancia que lo impida, esas personas serán retiradas del servicio federal”, dijo Holder a miembros del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.
Agregó que su oficina continúa con la investigación por el asesinato de Terry “y la gente responsable va a rendir cuentas y espero que ustedes escuchen algo muy pronto”.
Cuando el legislador republicano Patrick McHenry lo cuestionó si tales anuncios se producirán este año o en los próximos seis meses, Holder dijo que “creo que es posible en los próximos seis meses”.
Asimismo hizo notar que desde la revelación del operativo su oficina no sólo ha implementado cambios internos para evitar la repetición de instancias como “Rápido y Furioso”, sino que ha fortalecido las instancias legales para atacar el tráfico ilegal.
Entre estas mencionó la creación de una fiscalía especializada para atacar carteles mexicanos que pueden utilizar evidencia reunida en México para ser utilizadas en juicios en corte estadounidense.
Además notificó hoy a legisladores republicanos su intención de no facilitar más información interna sobre las deliberaciones en torno al programa “Rápido y Furioso”.
Al comparecer por sexta ocasión ante un panel legislativo en torno al controversial programa, Holder defendió además la respuesta que su agencia ha dado a la investigación legislativa en curso.
Holder citó precedentes ejecutivos para proteger documentos internos, cuya revelación pública insistió, tendría un negativo efecto en estas deliberaciones conducidas entre agencias del gobierno.
“Administraciones anteriores han reconocido que una comunicación interna robusta y la habilidad del poder ejecutivo para responder a requerimientos legislativos se vería afectado si se revelaran nuestras comunicaciones internas”, dijo.
Al hablar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Holder indicó que por esa razón “el Departamento no tiene la intención de producir material deliberativo adicional” sobre este operativo.
Consideró que la respuesta y la apertura que su oficina ha tenido frente a la investigación han sido amplias y sin precedentes, y como prueba de ello puso de relieve que la de este día era su sexta aparición ante un panel legislativo.
CitÓ igualmente más de seis mil 400 documentos que el Departamento de Justicia ha facilitado al Congreso y si bien reconoció que la comunicación en algunas instancias ha sido imprecisa, tales instancias fueron involuntarias y han sido corregidas.
Con información de Notimex.