Milenio destaca que el Senado aprobó reformas a las leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la de Servidores Públicos, que facultan a su presidente a presentar denuncias penales y administrativas contra funcionarios que no acepten las recomendaciones o que una vez aceptándolas no las cumplan.
También se aprobó que sea el ombudsman quien realice las averiguaciones a violaciones graves, investigaciones que podrá solicitar el Presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, los gobernadores o los congresos locales.
Entre las modificaciones se fijó un plazo de 15 días para que los acusados argumenten por qué rechazan la recomendación, lo que el panista Ricardo García Cervantes y el perredista Tomás Torres consideraron un tema central de este ajuste.
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