Milenio publica que la Contraloría General de Guerrero investiga a 24 servidores públicos involucrados en el desalojo de normalistas de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre, informó el titular del organismo, Julio Cesar Hernández Martínez.
“Estas responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, de no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente”, explicó.
Además, se les indaga por haber tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles, no haber utilizado los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, y no haber conformado, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas.
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