El Consejo General del IFE declaró infundadas dos quejas del PRI contra el presidente Felipe Calderón, una por el programa The Royal Tour y otra sus declaraciones a The New York Times sobre presuntos vínculos del tricolor con el crimen organizado.
El colegiado consideró infundadas las acusaciones por violación a los principios de libertad de los procesos electorales, libertad del sufragio e imparcialidad de los servidores públicos, promoción personalizada de un servidor público y uso de recursos públicos para promoción.
En sesión extraordinaria que inició cerca de medianoche del miércoles y se prolongó hasta pasadas las tres de la mañana de este jueves, el Consejo General resolvió por unanimidad declarar infundadas las quejas del Revolucionario Institucional.
Sin embargo, al expresar un punto de vista genérico, el consejero electoral Marco Antonio Baños señaló que los servidores públicos están, al igual que todos, a observar el principio de imparcialidad en el desahogo de los procesos electorales.
Agregó que “me da la impresión de que en este caso no se podría actualizar el principio de imparcialidad en diversas expresiones hechas por el presidente de la República”.
Consideró que este asunto es preocupante, no desde la perspectiva del uso de los recursos públicos sino de la imparcialidad como principio rector del proceso electoral.
En su oportunidad, el consejero del Poder Legislativo del PAN ante el IFE, Agustín Castilla, dijo “estamos ante una estrategia político electoral para golpear al presidente de la República, y tenemos claro que todo lo que haga o diga será motivo de la presentación de una queja del PRI”.
Por ello, señaló que es evidente que se busca amordazar al titular del Ejecutivo Federal e inhibir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades.
En tanto, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada habló de la intromisión del titular del Ejecutivo Federal en los procesos electorales y aseguró que no se trata de un asunto declarativo ni siquiera de estrategia de debate.
Al respecto, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal declaró al presidente de la República, por primera vez en la historia de México, violador de la Constitución y “no lo decimos nosotros sino el órgano jurisdiccional que dirime las controversias de carácter electoral”.
Fue en noviembre de 2011 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja contra el presidente Felipe Calderón, por considerar que violó la normatividad electoral al hacer una promoción personalizada con el programa turístico The Royal Tour.
La querella priista señalaba que el mandatario habría realizado graves infracciones a la normatividad electoral, como violación a los principios de libertad de los procesos comiciales y libertad de sufragio e imparcialidad de los servidores públicos.
En septiembre de 2011 se dio a conocer que el Presidente había estelarizado un capítulo del programa estadounidense que se transmite por el canal Vme, de CBS. Aquí puedes ver fragmentos.
Pese a que fue muy criticada la aparición de Calderón en el programa, una encuesta publicada por Parametría en octubre reveló que su participación fue apoyada por el 60% de los mexicanos.
Por otra parte, la entrevista que el diario The New York Times le hizo al presidente Felipe Calderón dejó “daños colaterales”, luego que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigiera al Ejecutivo pruebas por declaraciones sobre que el tricolor pedía pactar con el narco, algo que Presidencia, a su vez, atribuyó a una interpretación que hizo el periódico neoyorquino.
La Presidencia de la República rechazó el 17 de octubre las declaraciones que se le atribuyeron al mandatario Felipe Calderón en la entrevista con el diario The New York Times, donde supuestamente dijo que el PRI lleva a acuerdos con el crimen organizado.
Ya en noviembre de 2011, el Consejo General del IFE había declarada infundada la queja del PRI contra el presidente Felipe Calderón, por sus declaraciones a The New York Times en el sentido de que diversos integrantes de ese partido político piensan resolver los problemas de seguridad mediante el acuerdo con grupos criminales.