Exigen a Cofetel y CFC excluir a televisoras de nueva cadena
- El vicecoordinador de los senadores del PRD, Carlos Sotelo, exigió a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia (CFC) excluir la participación de Televisa y Televisión Azteca en la licitación de una tercera cadena nacional de televisión abierta.
En entrevista con Notimex, pidió a la CFC cumplir estrictamente con la ley y no avalar la fusión de Iusacell con Televisa para impedir la consolidación de un oligopolio en materia de telecomunicaciones. El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó el interés de TV Azteca en la licitación por una tercera cadena nacional, por lo que demandó a los órganos reguladores establecer en la convocatoria “la no participación” de esa empresa y de Televisa.
El también integrante de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado indicó que las dos televisoras forman un “duopolio”, y si bien “una tiene más y otra tiene menos, son las únicas en televisión privada con carácter nacional que concentran el mercado”. Advirtió que si la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la CFC no impiden la participación de Televisión Azteca, “estaremos frente a un procedimiento de simulación para al final fortalecer la concentración”.
Por ello, los dos organismos deben establecer en la licitación dicha prohibición, lo que es “necesario para avanzar a un modelo más diverso que permita que la producción de contenidos y el funcionamiento de la televisión en México se democratice”, añadió.
Sotelo García también convocó a la CFC a no avalar la fusión de Iusacell (propiedad de Ricardo Salinas Pliego) con Televisa, “atajar la concentración e impedir la consolidación de un oligopolio en materia de telecomunicaciones“.
Aseguró que “hay la percepción de que la CFC como órgano regulador, particularmente su presidente, Eduardo Pérez Motta, estaría favoreciendo a unas empresas ante otras, lo que no debe ser la función ni la de su presidente”.
“México es un país de monopolios y oligopolios, y lo que se debe evitar es fortalecer la concentración y empujar la diversificación; por eso justamente hay un Estado y hay órganos autónomos reguladores”, comentó.
El senador por Colima afirmó que “cumplir con la ley antimonopolio y promover la diversificación en el mercado debe ser el factor principal que defina la opinión que emita la CFC sobre esta fusión”.
Sostuvo que de avalar esa fusión, “se corre el riesgo de una mayor concentración que limite el poder del Estado e impida una diversificación en productos, precios y calidad en lo que se ofrece a los ciudadanos”.
De igual manera, Sotelo García se pronunció a favor de una posible licitación para establecer una o dos cadenas digitales de televisión abierta, siempre y cuando se incluya también el espectro analógico.
Así, propuso que a las empresas que participen en esta posible licitación de televisión digital, se les asigne también espectro analógico, pues “transcurrirán algunos años para que México cuente con televisoras digitales”.
En medio de esta discusión, se acusó que los contratos por 2.8 millones de pesos que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, entregó directamente por asesorías a dos amigos suyos, Pablo Héctor Ojeda (90 mil dólares) y Peter Bauer (120 mil dólares), forman parte de la serie de denuncias por presunta corrupción que se ha presentado en los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón.
A propuesta del PRI se acordó que la Cámara de Diputados cite al funcionario a comparecer ante la Comisión de la Función Pública para que aclare ésos y otros contratos que ha otorgado de manera directa para asesorías constitucionales, administrativas, laborales, de relaciones públicas y de cabildeo. También se exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a comenzar una investigación contra Mony de Swaan por el probable ejercicio indebido de funciones. El diputado priísta César Augusto Santiago llevó el tema a tribuna y entregó un listado de 48 contratos para asesorías que Mony de Swann otorgó por 53 millones 42 mil 703 pesos con 76 centavos. “Son contratos de ‘asesoría para el mejor desempeño de la Cofetel’, dicen textualmente los contratos.
Añadió que Mony de Swaan asignó cuando menos dos contratos a personas que él conoce, son sus amigos, y por eso he solicitado que intervenga la PGR y la Función Pública. Fueron contratos a Héctor Ojeda y Bauer, ambos socios en un despacho. La asignación de estos contratos no tiene explicación y se ha violado la ley, el Código Penal, por asignación indebida de contratos a gentes cercanas a su desempeño. Bauer, acusó el diputado priísta, es dueño de una casa en Valle de Bravo que usa Mony de Swaan para pasar sus fines de semana. Abundó: cuando periodistas le preguntaron a Mony de Swaan ¿por qué usa usted esa casa?, él respondió: invierto parte de mi dinero en rentarle la casa al señor Peter Bauer en Valle de Bravo. El Código Penal tipifica como delito la asignación indebida de contratos usando fondos públicos. Es claro el Código Penal Federal, que dice que este asunto debe ser sancionado penalmente.
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