La Jornada publica hoy que de acuerdo con el Estatuto de Roma, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, tiene un mes para analizar la veracidad de la información que le proporcionaron más de 20 mil ciudadanos que presentaron una denuncia ante ese tribunal internacional contra el presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, aseguraron expertos en derecho internacional.
En entrevista con ese diario, Marco Antonio del Toro, quien posee más de una década de experiencia litigiosa en asuntos internacionales, dijo que en un mes el fiscal Moreno Ocampo debe revisar si durante la llamada guerra contra el narcotráfico en México se cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
También debe analizar, añadió, al sistema jurídico mexicano, a fin de que se cerciore de que las instituciones de procuración de justicia son confiables.
A su vez, el penalista Rogelio Garza, también especialista en derecho internacional, sostuvo que sólo en caso de que Moreno Ocampo llegue a la conclusión de que las evidencias aportadas por los denunciantes son reales, y de que en México se cometió alguno de los tres delitos citados, habrá posibilidad de que se inicie una indagatoria, que probablemente concluya con la petición ante la CPI de una orden de detención internacional.
“En un mes, el fiscal deberá hacer las anteriores actuaciones, y sólo en caso de concluir que hay materia para un caso de la Corte Penal Internacional podrá presentar un informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares, donde un grupo de magistrados revisará la denuncia y las evidencias, que autorizarán o negarán el inicio de las pesquisas contra el presidente Calderón”, sentenció Garza.
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