Violencia, asesinatos y escándalos políticos en Michoacán

Cualquiera de los candidatos que gane la elección a gobernador en Michoacán  no tendrá una tarea fácil. ¿A qué clase de estado se enfrentará Fausto Vallejo (PRI), Luisa María “Cocoa” Calderón (PAN) o Silvano Aureoles (PRD, PT, Convergencia) en caso de resultar ganadores en los comicios del próximo domingo 13 de noviembre? Veamos.

Desde diciembre de 2010 las cosas en Michoacán se comenzaban a vislumbrar aún más difíciles. En ese mes, el actual gobernador, el perredista Leonel Godoy Rangel, aceptó que durante los últimos cuatro años la situación en materia de seguridad en la entidad “en vez de mejorar ha empeorado, no decimos que no se combata, pero la estrategia debe modificarse, es evidente que se requieren otras medidas y una de ellas es el uso de la investigación científica”.

Y para poner “en cintura” la seguridad en el estado, en junio de 2011 llegó a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito un militar de carrera, Armando Soto la Marina Carrillo, quien en ese entonces declaró que “a partir de este momento se intensificará el trabajo de los elementos preventivos, quienes realizarán patrullajes para tratar de disminuir la incidencia delictiva en el estado y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Michoacán es un estado donde los enfrentamientos entre el Ejército mexicano, la policía y miembros de grupos criminales están a la orden del día, donde las disputas internas entre los cárteles que operan en el territorio marcan la agenda de los medios locales y en el que los asesinatos de personajes políticos hace tiempo dejaron de ser esporádicos.

Los delitos violentos han aumentado en toda la zona donde habrá elecciones, además que se han dado alrededor de 20 enfrentamientos desde el primero de enero y hasta agosto de 2011 entre el Ejército mexicano y presuntos integrantes del crimen organizado, según dieron a conocer autoridades castrenses de la 12 Región Militar, que comprende los estados de Querétaro Guanajuato y Michoacán, donde en el 2006, inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico” con el “Operativo Conjunto Michoacán”.

Con este panorama, el secretario de Gobierno del estado, Rafael Melgoza Radillo, se atrevió a decir que los integrantes de las bandas del crimen organizado “tienen que conciliar, se oye muy mal esta frase, tienen que conciliar con el interés de los pueblos y las comunidades; no es fácil, pero en varios momentos ellos mismos han aceptado, cuando han tomado decisiones arbitrarias que afectan a la población que no tiene que ver, en todo caso, con la lucha que ellos están enfrentando con las autoridades federales”.

Y sí, las elecciones se llevarán a cabo. Para ello, autoridades federales y locales enviarán 527 elementos policiacos extra a 18 municipios del estado, los cuales están considerados como “focos rojos” por la violencia.

Los municipios que recibirán a más policías que vigilarán los comicios son: Cherán, Apatzingán, La Piedad, Tanhuato, Ziracuartiro, Aquila, Arteaga, Paracho, Tumbiscatío, Tiquicheo, Chilchota, Tzitzio, Aguililla, Churumuco, Huetamo, La Huacana, Susupuato y Tuzantla.

Violencia, enfrentamientos y secuestros

Bajo el mando de Genaro García Luna, uno de los tres pilares de la “guerra” contra el narcotráfico, 289 policías federales han muerto en “cumplimiento de su deber”, siendo Michoacán el que más bajas ha tenido (66) en poco más de cuatro años y medio, reveló una investigación hecha por Animal Político.

En marzo pasado, aparecieron en varios lugares de Michoacán mensajes escritos en mantas, en los que un grupo denominado Los Caballeros Templarios se daba a conocer como sustituto del cártel de La Familia y ofrecían combatir el robo a casas, autos y comercios, así como “proteger” a los michoacanos de los secuestradores, violadores y extorsionadores.

La violencia en el estado y los enfrentamientos armados entre los propios integrantes del crimen organizado obligaron a los vecinos de las comunidades de El Terrero, Catalinas, Vicente Guerrero, Purépero y Pinzándaro, en los municipios de Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, a refugiarse en albergues que el gobierno del estado habilitó tras el endurecimiento de los enfrentamientos.

En junio, Michoacán vivió una jornada de tres días seguidos de asesinatos, la cual sumó 26 personas muertas. Primero fueron encontrados nueve cuerpos sin vida, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Después se sumaron otros 14 hombres asesinados en distintas demarcaciones michoacanas ubicadas en las cercanías con Jalisco.

Las muertes se han sumado a la violencia que hay entre los cárteles mexicanos, pues todos los cuerpos que fueron encontrados tenían mensajes escritos en cartulinas, por lo que los homicidios fueron adjudicados a Los Caballeros Templarios.  Los autores de las muertes dejaron mensajes donde aseguraban que los fallecidos fueron asesinados por apoyar al exlíder de La Familia Michoacana, Jesús Vargas Méndez “El Chango”, a los Zetas y sus aliados.

En el municipio de Tiquicheo, el pasado primero de agosto un comando armado irrumpió en las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública municipal y se apoderaron de las armas existentes, además de llevarse consigo varias patrullas, esto ante la mirada atónita de los elementos de seguridad local.

El 5 de agosto, cinco trabajadores de la Sección Amarilla que distribuían los directorios telefónicos en la región de Tepalcatepec  fueron reportados como desaparecidos. De acuerdo con información publicada por El Sol de Morelia, los cinco empleados llegaron el martes a la ciudad de Apatzingán. Ese mismo día salieron de Apatzingán con rumbo a Tepalcatepec para hacer la entrega de directorios telefónicos a los hogares, pero en el trayecto desaparecieron. Tres días después, los empleados fueron liberados sanos y salvos, luego de permanecer retenidos por un supuesto grupo del crimen organizado.

Ahí no pararon las desapariciones. El 1 de agosto  seis encuestadores de la empresa Consulta Mitofsky, de Roy Campos, desaparecieron luego que fueron enviados a Michoacán para realizar algunos sondeos. Los empleados de la encuestadora llegaron un viernes a Apatzingán, donde formaron dos equipos para realizar una encuesta sobre las preferencias electorales del PRD con respecto a la alcaldía de la entidad, y desaparecieron. Un par de días después, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, confirmó que los seis encuestadores desaparecidos desde el fin de semana pasado ya habían sido liberados.

Sin embargo, éste no fue el único caso de su tipo. Casi al mismo tiempo, Parametría, empresa también dedicada a las encuestas de opinión, denunció la desaparición de tres de sus trabajadores en el mismo municipio. Días después, Francisco Abundis, director de Parametría, dio a conocer que habían sido liberados los tres encuestadores desaparecidos en La Cofradía.

En otro tema, el 27 de agosto presuntos grupos criminales secuestraron vehículos y bloquearon uno de los principales accesos a la capital michoacana.  A partir de este día, los bloqueos a las distintas vías de comunicación en distintos municipios de Michoacán se replicaron.

El 10 de noviembre, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció el secuestro de su candidato a la alcaldía de Taretan, Javier Ayala Ramírez, y señaló que el abanderado fue secuestrado por un grupo de hombres dos días antes y  después lo liberaron.

Respecto al secuestro del candidato de Taretan, Zambrano refirió que hay evidencias de que fueron elementos policiales municipales los autores del mismo. Además, dijo que en el municipio de Apatzingán, dirigentes, militantes y candidatos perredistas han sido amenazados por integrantes del crimen organizado, quienes les han exigido se retiren de las elecciones.

Mención aparte merece el caso de Cherán, municipio que desde 2008 se convirtió en un foco rojo en materia de tala clandestina y donde se han suscitado un sinnúmero de enfrentamientos entre los habitantes de las comunidades de la zona y los talamontes, presuntamente vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Además de amedrentar, hostigar, secuestrar y extorsionar, el crimen organizado está devastando bosques en Michoacán, denunciaron los comuneros del municipio de Cherán.

Uno de los comuneros, Pedro Romero Sebastián, dijo a La Jornada que de las 24 mil hectáreas de bosque con que cuenta la comunidad, unas 12 mil –la mitad- han sido devastadas por los grupos criminales, quienes talan el bosque y lo queman.

¿Y qué han hecho los habitantes de Cherán ante esta situación? Tomar “al toro por los cuernos” y encargarse de su propia seguridad, como resultado de la desconfianza en las autoridades municipales y estatales. Los hombres de Cherán han conformado una peculiar e improvisada policía de autoprotección. Desde las alturas del campanario de la iglesia de San Francisco se vigila la operación de todos quienes integran la ronda comunitaria que recorre todo el tiempo las calles para salvaguardar la seguridad y el orden del pueblo.

En un hecho histórico, Cherán decidió no tener elecciones el próximo 13 de noviembre. ¿La razón? La violencia e inseguridad en el municipio.

Asesinatos de personajes públicos

El 1 de junio de 2008 comenzó la ola de asesinatos de ediles en Michoacán, cuando mataron al edil de Villa Madero, Michoacán, Juan Marcelo Ibarra Villa, quien fue ultimado por un grupo armado que interceptó el vehículo en el que viajaba con su esposa.

Luego, el 2 de septiembre de 2009 el subsecretario de Seguridad Pública estatal, José Manuel Revueltas, fue muerto a sólo dos cuadras de la sede oficial de la SSP estatal, mientras que el coordinador de la Policía Estatal Preventiva, el capitán Alfredo Yáñez Piñón, fue asesinado el 23 de octubre de 2010 en la autopista Morelia-Aeropuerto desde unas camionetas en movimiento.

El pasado 21 de mayo, Jesús Mora Esquivel, subdirector de seguridad pública de Apatzingán, fue atacado por un convoy de hombres armados con armas de alto poder, y resultó gravemente herido; el 23 de marzo asesinaron al director de Seguridad Pública de La Piedad, José Luis Guerrero Morales; el 18 de marzo de 2011, en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, el jefe de custodios, Silvano Quirino García, fue ultimado de un tiro en la cabeza.

El 10 de marzo de este 2011, fecha en la que también Los Caballeros Templarios anunciaron su conformación, el director de Seguridad Pública de Santiago Tangamandapio, Jorge Hernández Espinoza, fue asesinado a bordo de su patrulla cuando transitaba por una brecha; anteriormente, el 1 de marzo sobre la carretera Tanhuato-Yurécuaro fue acribillado el director de Seguridad Pública Municipal de Tanhuato, José Gómez Basurto; mientras que el titular del área de Seguridad Pública del municipio de Taretan, Francisco Aparicio Méndez, fue interceptado el 6 de enero de este año, cuando circulaba con su familia, sobre la carretera Ziracuaretiro-Taretan y tras bajarlo de la unidad, fue muerto a balazos.

El segundo comandante de la policía municipal de Ziracuaretiro fue asesinado el 15 de octubre de 2010; el 8 de septiembre de ese mismo año, la oficial de policía Erika Vázquez Soto, secretaria del titular de Seguridad Pública de Lázaro Cárdenas, fue acribillada; en los límites del municipio de Tuzantla, el 30 de julio de ese mismo año, fue muerto el director de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, César Negrón García.

El 16 de abril de 2010 fueron encontrados los cuerpos del director de Seguridad Pública de Hidalgo, Rafael Muñoz Rojas, y el de su escolta. El mando policial que fue comisionado por la Policía Federal llegó a la plaza del municipio de Hidalgo, el 27 de noviembre de 2009, para reemplazar a otro mando que nunca llegó a su destino.

En el municipio lacustre de Quiroga, el 28 de enero de 2010, se identificaron a bordo de una patrulla los cuerpos sin vida del director de Seguridad Pública municipal, Antonio Bravo Ramírez, y los de sus dos escoltas; en Pátzcuaro, un grupo de sicarios acribilló acertándole más de 30 balazos al director de Seguridad Pública Municipal, Miguel Antonio González Zamudio, y durante el ataque murió también un policía local y otro resultó herido; el 8 de febrero de 2008, el sargento de infantería con licencia, Cristóbal Juárez Malbáez, director de seguridad pública del municipio de Hidalgo, también perdió la vida.

El caso más reciente es el asesinato del edil de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, quien fue ultimado el 2 de noviembre, después de haber participado en un evento de apoyo a la candidatura de “Cocoa” Calderón. Días después de su fallecimiento, el coordinador de campaña de la candidata panista a la gubernatura de Michoacán, dijo que el edil ya había recibido amenazas, y que pese a ello había tomado la decisión de permanecer al frente del municipio.

Aunque todos estos personajes públicos tuvieron el mismo destino, la muerte, hay uno que fue la excepción a la regla. Ella es Minerva Bautista Gómez, exsecretaria de Seguridad Pública de Michoacán, quien en un atentado recibió 2 mil 700 balazos ¡y está viva! Hoy, y tras poco más de ese atentado que por poco le cuesta la vida, Minerva regresó a la administración del gobierno estatal para ocupar el puesto de secretaria de Política Social (Sepsol).

Escándalos políticos relacionados con el crimen organizado

Michoacán y escándalos políticos en la misma frase nos llevan a pensar, de inmediato, en el ya famoso “Michoacanazo”. El 26 de mayo de 2009 fueron detenidos 34 funcionarios locales y uno federal de Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, quienes hoy se encuentran libres. La mayoría de estos servidores públicos fueron reinstalados en sus funciones y operan, desde instancias administrativas hasta puestos clave en las áreas de seguridad y de justicia, de manera normal en aquella entidad. Los que quedan pendientes buscan, a través de procedimientos administrativos, regresar a trabajar.

El operativo de detenciones masivas fue apoyado por elementos de la Policía Federal y el Ejército mexicano. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, lo que motivaron las acciones contra los funcionarios de Michoacán fueron una serie de testimoniales tras la captura de un presunto integrante de “La Familia Michoacana”, a quien como testigo protegido se le identificó solamente como “Emilio”.

Las declaraciones indicaban, entre otras cosas, que presidentes municipales, jefes policiacos y personas que trabajaban en la procuraduría local, principalmente, recibían cifras de entre 50 mil y 200 mil pesos mensuales por proteger a la citada organización delictiva.

Aquí, la historia completa de “El Michoacanazo”:

Después, algunos de los personajes políticos acusados grabaron un spot al puro estilo de Presunto Culpable, miren:

En junio, el Ejército mexicano detuvo a J. Apolinar Méndez Espino, director de Seguridad Pública de Turicato, Michoacán, al ser señalado de presuntos nexos con el crimen organizado y del delito de extorsión.

El 27 de septiembre, siete candidatos a alcaldes en Michoacán abandonaron sus aspiraciones electorales por presiones del crimen organizado o presuntamente tener vínculos con el narcotráfico.

Y el 8 de octubre, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 19 presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos el dirigente municipal del PRD en Chinicuila, Higinio Fernández. El dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, manifestó su preocupación por la detención, al señalar que su instituto político es respetuoso de la ley y de su aplicación, pero rechazó que sea usada con fines políticos.