La Procuraduría General de la República (PGR) y las 32 procuradurías generales de Justicia del país se quejaron de que las concesionarias de redes de telecomunicaciones no acatan en tiempo y forma los mandatos que libran jueces federales para intervenir comunicaciones privadas, lo que entorpece las investigaciones contra la delincuencia organizada.
Es por ello que una comisión, que forma parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se encargará de elaborar reformas en la materia para que sea obligatoria la entrega de datos y números telefónicos que se indagan.
Una vez que esté listo el proyecto será entregado al presidente Felipe Calderón para que lo envíe al Congreso de la Unión.
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