Reserva PJF criterios para fijar bonos de riesgos de ministros y magistrados
El Poder Judicial de la Federación dio a conocer que el criterio que se aplica para entregar el bono de riesgo de trabajo a ministros, consejeros y magistrados del Poder Judicial es “reservado”.
El miércoles, Animal Político informó que durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los diputados federales aprobaron el bono de riesgo a favor de los mandos altos del Poder Judicial de la Federación, cuyos montos superaban, en más de un 15%, a los que recibirán los secretarios de estado encargados de la lucha contra el narcotráfico en México.
En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya función consiste en conocer y resolver los medios de impugnación que se presentan en materia electoral y validar la elección presidencial de 2012, los diputados aprobaron un bono por 688 mil 284 pesos, mientras el monto que se le fijó –por la misma prestación- al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, fue de 580 mil 596 pesos.
En entrevista, el vicecoordinador del área económica del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, el legislador Luis Enrique Mercado, dijo desconocer los criterios que se utilizaron para fijar los montos del bono de riesgo de trabajo que se les concedió a los representantes del PJF, pues a diferencia de lo que había ocurrido con los secretarios de estado, cuyos lineamientos fueron públicos, en el caso de ministros de la SCJN y magistrados electorales no se les había informado de los parámetros.
La falta de transparencia que adujo el diputado, llevó a Animal Político a preguntar, de manera oficial, a los representantes de la SCJN y del TRIFE sobre los criterios utilizados para fijar los montos de estos bonos, sin embargo, la respuesta que se obtuvo fue que se trataba de información “reservada”, sin abundar sobre los tiempos y los lineamientos de la reserva.
De acuerdo con el capítulo III de la Ley de Transparencia aplicada en el Gobierno Federal, es información reservada aquella que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; la que menoscaba las relaciones internacionales; la que daña la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; la que pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o la que causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, la prevención o persecución de los delitos y la impartición de justicia.
Además, la propia ley establece que la información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años, supuestos que no fueron especificados por los representantes del PJF, que escuetamente informaron sobre la reserva de los criterios para establecer los montos de sus pagos por riesgo.
