Recibe Corte Penal Internacional denuncia contra Calderón
El jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó hoy al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el Presidente Felipe Calderón.
“Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas conductas”, dijo Sandoval al diario Reforma.
“No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, con el expresidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”.
La denuncia
Un grupo de abogados, activistas y periodistas busca que la Corte Penal Internacional juzgue al Presidente Felipe Calderón por los efectos de la ‘guerra’ contra el narco; sin embargo, entre los expertos en Derecho Internacional no hay un consenso sobre si esa petición es viable en términos jurídicos.
Entre los promoventes del juicio se encuentran el investigador John Ackerman; el abogado redactor, Netzaí Sandoval; los ‘moneros’ del diario La Jornada, Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández; el productor Epigmenio Ibarra, entre otros simpatizantes con el grupo ‘No más sangre’.
Los firmantes piden un juicio penal internacional contra el presidente Felipe Calderón; Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entre otros.
El documento, que aún se puede firmar por internet, afirma que el Presidente declaró el inicio de una “guerra” contra el narco el 11 de diciembre de 2006, y para enfrentarla se ha valido del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales. El resultado es “la muerte de 40 mil seres humanos en los últimos cuatro años”.
Entre las razones expuestas en una petición, disponible en línea, se lee:
“Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40 mil seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del Ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120 mil personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). ”
Asimismo, los convocantes consideran que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia”, así como que el país vive una “ impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.”
La petición de juicio al presidente de México continúa abierta y hasta el momento ha sido firmada en línea por 12 mil 141 personas, aunque se estima que lleva más de 20 mil firmas recaudadas; entre los signatarios destacan Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor), John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos “Pro Juárez”), Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM), Edgardo Buscaglia (Abogado, investigador y consultor de la ONU) y Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación).
En octubre pasado el gobierno mexicano rechazó de manera categórica que la Estrategia Nacional de Seguridad pueda constituir un crimen internacional y que, por el contrario, ésta se apega al Estado de derecho y su fin es llevar a los delincuentes ante la justicia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio respuesta así en un comunicado emitido por la noche, al anuncio de la solicitud frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para interponer una denuncia contra el Presidente Felipe Calderón, sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes por “crímenes de guerra y de lesa humanidad.”
En la respuesta de seis puntos, la cancillería rechazó “categóricamente” que la política de seguridad en el país pueda constituir un crimen internacional.
La Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional (CPI) se estableció en 1998 para ayudar a terminar con la impunidad de quienes han perpetrado los crímenes más graves de la comunidad internacional. Así, pues, juzga la responsabilidad individual de personas y no de Estados, como hacen otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México ratificó la norma fundacional de la Corte –El Estatuto de Roma— el 28 de octubre de 2005. Con la firma, le reconoce junto a otros 118 países, competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra cometidos en territorio nacional o por mexicanos en cualquier parte del mundo.
Cabe señalar que la CPI conoce de los crímenes una vez que se haya demostrado que los tribunales del país involucrado no ha querido o no ha podido juzgar a los responsables. Eso implica que la CPI sólo actuará cuando las autoridades locales no procesen o castiguen a los criminales. A este principio se le conoce como Complementeriedad Positiva.
Desde su creación hasta el pasado mayo, el Fiscal de la CPI –el argentino Luis Moreno Ocampo—ha recibido 9 mil 214 documentos similares a los que el grupo mexicano presentará el 25 de noviembre.
