Diputados aprueban creación del Centro Federal de Protección a Testigos
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad una ley que protege a testigos que colaboren con las autoridades para dar información sobre delincuentes y sus actividades ilícitas y, además, establece la creación del Centro Federal de Protección a Personas.
“El objetivo de la presente ley es garantizar la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, que se encuentren en una situación de riesgo o peligro por su participación en dicho procedimiento, con lo que incluye no sólo a las víctimas en su carácter de testigos, y a los colaboradores, sino inclusive a servidores públicos que actúen dentro de la investigación y persecución del delito así como en el enjuiciamiento de los inculpados”, dice el dictamen.
Según esta ley ¿quiénes pueden ser personas protegidas? “Todo individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. En ese grupo se consideran a víctimas, ofendidos, testigos, testigos colaboradores, peritos, policías, agentes del Ministerio Público, jueces y miembros del Poder Judicial”.
Además, “el testigo colaborador será la persona que, habiendo sido miembro de la delincuencia organizada, accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización delictiva”.
Por su parte, el Centro Federal de Protección a Personas será un órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) y se encargará de ejecutar el Programa Federal de Protección a Personas.
Los diputados también reformaron el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ahora garantizará que la información sobre testigos protegidos sea secreta.
El dictamen fue turnado al Senado para su revisión y aprobación.
Una ley histórica
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el priista Humberto Benítez Treviño, dijo que ésta es “una ley histórica, moderna y novedosa que acabará con la discrecionalidad en la adopción de medidas de protección a víctimas o a integrantes de la delincuencia organizada que deciden aportar información, a cambio de resguardo”.
Por su parte, la diputada perredista Dolores Mazares dijo que esta ley terminará con el uso político de protección a testigos: “No olvidamos el agravio a militantes y servidores públicos surgidos del PRD, a quienes se les acusó falsamente de pertenecer al crimen organizado, se les encarceló y finalmente se les liberó”.
Benítez explicó que en el sistema de justicia internacional el primer caso de protección a un testigo ocurrió en 1963, cuando Joseph Valacci rompió el código de silencio de la mafia italoamericana y cooperó con las autoridades estadounidenses para declarar contra el capo Vito Genovese.
Con información de Reforma y La Jornada.
